En una demostración de fuerza y de control territorial en la zona norte del país, el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ha asestado un nuevo golpe a la afligida comunidad menonita allí asentada, secuestrando al joven Bernhard Blatz Friessen, de 22 años, residente en la colonia Río Verde, en el departamento de San Pedro. El suceso se produjo el pasado viernes 1 de setiembre, poco después del mediodía, a solo cinco kilómetros de una estancia y a apenas once días de haberse registrado el plagio de Franz Hiebert Wieler, de la misma comunidad, en el distrito de Tacuatí. Con esto, los rehenes en poder del EPP suman cinco, sin que hasta ahora el comando de la FTC haya podido localizar sus paraderos; mucho menos intentar su liberación.
Como de costumbre, sus efectivos llegaron al sitio del suceso más de dos horas después, solo para llevar a cabo su acostumbrado simulacro de infructuosa búsqueda y persecución de los forajidos que se internaron en el bosque adyacente al camino vecinal donde interceptaron la camioneta en que viajaba el joven menonita. Esta inoperante actitud de la fuerza de seguridad destacada en la región ya a nadie sorprende, menos aun a los pobladores de la zona, quienes virtualmente han perdido toda confianza en las mismas, hasta el punto de que eluden brindarles elementos esenciales de información acerca de las andanzas de los facinerosos.
Esto no podía ser de otra manera. Más enfrascada en la obtención de recursos económicos y vituallas a cambio de brindar seguridad a estancias antes que a las comunidades, y en la preservación de sus efectivos, la FTC ha adoptado la estrategia de evitar enfrentarse rutinaria y proactivamente con los elementos del EPP. Como es de público conocimiento, por tal razón no entran a los bosques en busca del enemigo que allí tienen sus vivaques, por lo general a solo centenares de metros de los caminos y rutas. Con esta timorata táctica del avestruz, gradualmente se ha ido desgastando en cuanto a apresto operacional y moral combativa, dos condiciones básicas en cualquier misión militar.
La situación expuesta ayuda a comprender la dicotomía existente en la percepción ciudadana con relación al desempeño de la FTC. Mientras la Asociación Rural del Paraguay defiende la permanencia de la misma en la zona porque supuestamente proporciona seguridad a los establecimientos ganaderos, los menonitas asentados en las tres colonias del departamento de San Pedro (Río Verde, Santa Clara y Manitoba) se quejan de que la FTC no les proporciona seguridad porque ellos se niegan a proporcionarles vituallas y otras clases de colaboración que solicitan a cambio. Esta confesión de estos colonos es de público conocimiento y el Gobierno nunca lo desmintió.
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Por su parte, los políticos del pobre y conflictivo departamento también buscan sacar tajadas de la manifiesta inoperancia de la FTC. El diputado Pastor Vera Bejarano ha declarado que va a presentar un proyecto de ley proponiendo que se reduzca el presupuesto asignado a la FTC, que acumulativamente en cuatro años suma unos 100 millones de dólares, para destinar lo ahorrado a asistencia social en el departamento. Otros personajes de la República han hecho suyo el concepto del general prusiano y teórico militar Karl von Clausewitz en el sentido de continuar la guerra contra el EPP, pero por otros medios. Así, mientras el ministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco sugiere negociar con el grupo criminal a la manera del Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos con las FARC, algunos prelados de la Iglesia Católica proponen desmilitarizar la zona y volcar el presupuesto militar a gastos sociales como medio para mejorar la gestión gubernamental en el lugar, con lo que se lograría reducir el caldo de cultivo de la inseguridad, que es la pobreza.
Irónicamente, el único que hasta ahora no ha dado la cara ante el pueblo con relación a la inseguridad, no solo en el campo sino también en las ciudades y pueblos, es quien por mandato constitucional debiera ser el primero en liderar la lucha: el presidente de la República, Horacio Cartes. Él es el principal responsable ante la ciudadanía de la situación de zozobra e inseguridad que vive la gente de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Y lo es por compromiso de partida doble, pues en su discurso de posesión de cargo, a más de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución, prometió que no iba a permitir que ningún grupo criminal le marcara la hoja de ruta a su Gobierno, promesa que se le va a continuar recordando una y otra vez por incumplir su palabra en una de las cuestiones más graves que preocupan a la población, que él no ha podido o no ha querido solucionar.
En efecto, en más de cuatro años de Gobierno, el presidente Cartes nunca asumió su directa responsabilidad en la conducción de la guerra contra el EPP, en particular como comandante en jefe de las FF.AA. En todo ese tiempo se limitó a relevar del cargo a los cada vez más incompetentes y efímeros comandantes de la FTC. La única excepción fue cuando el EPP masacró a un subteniente y a siete suboficiales en una emboscada en Arroyito, distrito de Horqueta, cuando a través de su cuenta en Twitter prometió que de ahí en más iba a asumir personalmente la conducción de la lucha contra el EPP hasta acabar con su accionar. Del dicho al hecho; tuvo suficiente tiempo para cambiar su estrategia de lucha contra el minúsculo grupo criminal, pero no lo hizo.
En retrospectiva, lo que queda claro es que por deficiencia de gestión del Estado y la inoperancia profesional de las fuerzas militares y policiales que integran la FTC, la población de la zona norte del país se encuentra actualmente atrapada entre dos grupos criminales: el EPP y los narcotraficantes.
Ciertamente, los pobladores rechazan el maleficio del EPP porque lo considera responsable de la creciente inseguridad que les aflige. Por otra parte, confían cada vez menos en la FTC porque, supuestamente, algunas veces sus integrantes atropellan sus ranchos por las noches ante sospechas de albergar a algunos de los forajidos. Aducen que no se niegan a colaborar con las fuerzas del Gobierno, pero que cuando alguien lo ha hecho ha sufrido represalias sangrientas.
A pesar de que la FTC solo ha causado problemas de inseguridad antes que resolverlos, tiene que ser mantenida a toda costa, pero debe cambiar su estrategia de lucha, debe entrar a los montes a reducir o eliminar a los bandidos. Si el presidente Cartes no está dispuesto a dar la orden de hacerlo y persiste en lo mismo, continuará apareciendo como un embustero, y el EPP le seguirá marcando la hoja de ruta a su Gobierno, como hasta ahora.