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El flamante presidente de la ANDE, ingeniero Pedro Ferreira, ha denunciado públicamente un conato de quiebra institucional por parte de líderes sindicales de la empresa estatal, quienes han intentado desconocer a los nuevos titulares de las gerencias y departamentos por él nominados, al punto de impedirles el acceso a las sedes de sus funciones, en la repartición ubicada sobre la avenida Boggiani, en Asunción. La insolente medida de fuerza obedeció a la ilegal pretensión de dichos líderes de imponer al titular del ente público el nombramiento de funcionarios por ellos escogidos para ocupar los cargos superiores de la institución que el presidente ha decidido renovar, pretensión a la que, con muy buen tino, se opuso el ingeniero Ferreira.
Los varios sindicatos existentes en la ANDE que aglutinan a profesionales ingenieros, economistas y otros con formación académica superior, hasta el nivel de simples operarios, han venido caracterizándose por su prepotencia para trabar políticas públicas destinadas a mejorar el deficiente servicio que presta la institución a sus usuarios, no solo en la Capital, sino en todo el país. En tal sentido, lo llamativo es que la atención de los dirigentes sindicales no se concentra necesariamente en la lucha a favor de los trabajadores a quienes dicen representar con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, o a denunciar los casos de corrupción –que abundan en los entes públicos–, sino en mantener contactos con sectores políticos y grupos de interés acostumbrados a medrar a costa del Estado.
La plantilla de funcionarios de la ANDE aglutina a unas siete mil personas que desde hace décadas son beneficiadas con la mitad de la tarifa eléctrica que paga el resto de los consumidores del país. Un privilegio populista y constitucionalmente inaceptable por discriminatorio, otorgado en su tiempo por la dictadura stronista y que hasta ahora ninguno de los Gobiernos de la era democrática se ha animado a anular, pese a que el art. 46 de la Carta Magna establece que “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios” (las negritas son nuestras). Más claro, agua.
Esta inconstitucional discriminación económica a favor de los empleados de la ANDE ha tenido el perverso efecto sicosocial de que sus miles de empleados se crean dueños –y actúen como tales– de una empresa que, siendo pública, en realidad pertenece a los siete millones de habitantes de nuestro país. Una urticante ironía del concepto de identidad nacional que encubre el mal servicio que presta la ANDE y que desde hace una generación viene frenando el desarrollo económico del Paraguay. Analistas entendidos en la materia estiman que, si el Paraguay consumiera toda la electricidad de que dispone en las usinas binacionales, podría generar dos millones de empleos, desarrollando industrias locales y atrayendo capital extranjero para potenciarlas.
Consecuentemente, mientras se mantenga el monopolio del servicio eléctrico en poder de la misma, con las deficiencias inherentes a su gestión institucional, el Paraguay no va a tener condiciones apropiadas para atraer inversión extranjera directa para la instalación de industrias a gran escala que requieren suministro eléctrico suficiente y seguro.
Nuestro diario viene sosteniendo la generalizada opinión de que la única vía para librar a la ANDE de la crónica “crisis financiera” de la que se lamentan sus líderes sindicalistas exigiendo más inversión pública a favor de la empresa, es que el Gobierno nacional impulse contra viento y marea la creación de un ente regulador de la electricidad de propiedad estatal y reestructure la actual administración, abriendo el sector al capital privado para diversificar la distribución y comercialización del vital insumo a nivel país mediante la repotenciación del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Tarea que requerirá fuerte inversión de capital que el Tesoro nacional no tiene capacidad de aportar con el peso de su abultada deuda externa a cuestas. Paraguay simplemente no dispone ni podrá disponer en el futuro previsible de los US$ 5.000 millones requeridos por la ANDE para mejorar la calidad y economía del servicio eléctrico que presta.
Así las cosas, reiteramos que, más temprano que tarde, por necesidad existencial de crecimiento económico, el Gobierno nacional se verá obligado a golpear los dos talones de Aquiles del conglomerado sindical de la ANDE: el ilegal beneficio de la reducción del 50 por ciento de la tarifa de la electricidad que consumen, y el fin del ineficaz monopolio de producción, transmisión, distribución y comercialización del mayor recurso económico de que, por suerte, dispone nuestro país.
El ominoso poder fáctico de los sindicatos de la ANDE es el peso muerto que lastra el desarrollo económico del país al defender el inconstitucional monopolio del suministro eléctrico a nivel nacional, convirtiendo al Paraguay en un mendigo sentado sobre un baúl lleno de oro. Es hora de que la ciudadanía se alce contra ese enclave de usurpadores de su voluntad soberana y de su más fungible patrimonio: la abundante electricidad de que dispone en las usinas hidroeléctricas binacionales.
Es de esperar que el ingeniero Pedro Ferreira no sea un alcahuete más como sus antecesores en el cargo y tenga el coraje de propiciar medidas institucionales tendientes a acabar con la ominosa dictadura sindical que bajo amenaza de extorsión mantiene en la pobreza al país y en vilo a sus habitantes con la pésima gestión de la ANDE.