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Tras largas dilaciones, que mantuvieron en zozobra a la ciudadanía por muchos días, el titular del Congreso, Fernando Lugo, tomó la acertada decisión de no convocar a Nicanor Duarte Frutos para prestar juramento como senador activo, sino a la senadora Mirta Gusinky, por ocupar el lugar siguiente en la lista de senadores electos por la ANR. Como debía ser, tampoco convocó al presidente de la República, Horacio Cartes, sino a Rodolfo Friedmann, quien le sucede en la misma lista. Desde luego, era improcedente que juraran los dos primeros suplentes, como pretendieron los complotados y sus seguidores, pues el art. 10 del Reglamento Interno del Senado, concordante con el 161 del Código Electoral, establece: “Los senadores electos excluidos antes de su incorporación serán substituidos por otros en el orden de precedencia de la lista de titulares electos y no proclamados”.
Lo resuelto cierra así la posibilidad de que Horacio Cartes se siente alguna vez en el escaño de quien lo sustituyó, aunque después del 15 de agosto logre el apoyo mayoritario de la Cámara con el argumento crematístico de siempre. La cuestión no ofrecía dudas para quien crea que la Constitución vale más que un capricho compartido, de modo que solo se necesitaba el coraje de cumplirla y hacerla cumplir, gustara o no a quienes solo buscaban satisfacer una insana ambición. El titular del Congreso lo tuvo, y merece el aplauso ciudadano.
Pese a que la cuestión de la que se ocupa el tantas veces citado art. 189 de la Ley Suprema es bien clara, se generaron incertidumbres no solo sobre la situación de Duarte Frutos, sino también sobre la del actual jefe del Poder Ejecutivo, una vez que concluya su mandato. En efecto, hubo quienes, como el chupamedias senador colorado Silvio Ovelar, alegaron que si el expresidente Duarte Frutos prestara juramento como senador “activo”, ya no habría impedimento alguno para que Horacio Cartes haga lo propio una vez concluido su mandato. Y bien, es obvio que si la norma constitucional referida dice que los expresidentes de la República “SERÁN” senadores vitalicios, obviamente ella también rige para quien más tarde tendrá esa condición.
Es rotundamente falso que si Nicanor Duarte Frutos jurara como senador “activo”, Horacio Cartes podría hacer lo propio más adelante. De todos modos, la cuestión resultaba ociosa porque, siendo senador vitalicio, el exmandatario no podía, desde luego, ser convocado para incorporarse a la Cámara como miembro con voz y voto. El senador colorado Óscar Salomón cree que su situación es distinta porque el Senado habría aceptado su pedido de permiso para ser designado embajador ante el Gobierno argentino, cargo que ejerció desde el 28 de octubre de 2013 hasta el 4 de enero de 2016. La Constitución no se ocupa de los permisos solicitados por los senadores vitalicios; en todo caso, ya abandonó el cargo diplomático y pudo haberse reincorporado a la Cámara hace más de dos años, aplicando por analogía el art. 199. En otras palabras, ese permiso, de haber existido, no implicó que perdiera la investidura que hoy tiene y con la que le honra la Constitución.
En suma, Nicanor Duarte Frutos es senador vitalicio, como debe serlo, y no puede integrar la Cámara Alta en otro carácter. Estaba tan impedido para ello como lo estará Horacio Cartes cuando abandone el Palacio de López, y no existe subterfugio o trampa alguna que pueda cambiar esta situación, como se está intentando.
Si bien la ciudadanía puede estar satisfecha con la salida correcta que ha tenido este caso, debe mantenerse alerta porque estos dos contumaces violadores de la Constitución no cejarán en su empeño de que el inexorable art. 189 no rija para ellos. Están cegados por una ambición insana, de modo que posiblemente vayan a recurrir a la Justicia para tratar de salirse con la suya. En ese sentido, cabe recordar que cuando Nicanor Duarte Frutos pretendió en una ocasión anterior incorporarse como senador activo, la Corte Suprema de Justicia no ordenó a la Cámara Alta que le tomara el juramento, dejando la disposición final “exclusivamente” en sus manos, según aclaró el entonces ministro Víctor Núñez. No obstante, el uno y el otro moverán cielo y tierra para tratar de encontrar algún atajo para concretar su repudiable propósito. Por de pronto, Duarte Frutos ya anunció acciones legales “contra esta decisión inconstitucional y golpista”. Caradura.
La Constitución debe ser defendida a rajatabla, y a ese efecto la ciudadanía está autorizada a utilizar todos los medios a su alcance, al tiempo de desobedecer a sus violadores. Por tanto, puede afirmarse que, si bien la República está de parabienes, cabe alertar que seguirá siendo acosada por la avidez de poder de estos dos inescrupulosos que no se resignarán fácilmente a que sus planes sean frustrados. Los ciudadanos y las ciudadanas, pues, no deben bajar la guardia, y sin titubear, salir a las calles a defender la Constitución nacional.