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Es innegable que, en los últimos tiempos, ha habido algún cambio en cuanto a la tradicional impunidad de nuestros políticos y, en particular, de los legisladores. Hay indicios de que ya no podrán seguir burlándose de la ley y de la ciudadanía con la certeza de que las denuncias que pesen sobre ellos no tendrán consecuencia alguna. Creían tener “demasiado poder”, como lo confesó el exsenador Víctor Bogado (ANR), en vísperas de perder su profanada investidura. En efecto, podían traficar influencias, vender sus votos o pagar a sus empleados domésticos con dinero público, sin temor a ser procesados y condenados o tan siquiera a sentir el repudio de sus víctimas –los paraguayos y las paraguayas de bien– frente a sus domicilios o en algún lugar público. A la inédita expulsión del exsenador Óscar González Daher, hoy en prisión preventiva, siguieron las renuncias del exsenador Jorge Oviedo Matto, del exdiputado José María Ibáñez y del mismo González Daher en el actual periodo parlamentario, tras su increíble reelección, a lo que debe sumarse la reclusión del diputado Ulises Quintana (ANR), un mimado hasta del vicepresidente Hugo Velázquez y del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por presuntos delitos ajenos a su condición de legislador.
Estos hechos saludables para el saneamiento institucional de la República son atribuibles al hartazgo de la población ante tanta desvergüenza con fueros. Si los ciudadanos y las ciudadanas no expresaran su indignación, ni los agentes fiscales ni los jueces hubieran movido un dedo para imputar y, eventualmente, sancionar a los facinerosos. El Ministerio Público y el Poder Judicial están actuando, mal que bien, en respuesta a una opinión pública que se está haciendo oír cada vez más. Y si los propios legisladores aprueban el desafuero de sus colegas indiciados es porque saben que, de lo contrario, sentirían una repulsa masiva, en diversos ámbitos.
Teniendo en cuenta que los protagonistas de las corruptelas reveladas ya no las tienen todas consigo, adoptan el papel de víctimas de una vil campaña supuestamente desatada o secundada por la prensa. Fue el manido recurso al que apeló Bogado –cómplice en un cobro indebido de honorarios– en la ocasión antes referida. Llegó al colmo de afirmar que nuestro diario controla el Ministerio Público, el Poder Judicial y ¡hasta la Presidencia de la República!
También el actual titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas (ANR), investigado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y lavado de dinero, que habría perpetrado como gobernador de Paraguarí, se presenta hoy como mártir de una “persecución”, esta vez política, del movimiento Honor Colorado. Según sostiene este desfachatado que ocupa tan alto e inmerecido cargo, la investigación fiscal se fundaría en una campaña de desprestigio, a la que se sumaron medios de comunicación, como era de esperar. Pero, aunque Cuevas y la opinión pública lo saben, vale la pena señalar que su problema no es con la prensa, sino con el Código Penal. En la última sesión ordinaria acusó de haber delinquido a las diputadas Rocío Vallejo (PQ) y Kattya González (PEN), que habían pedido su dimisión, como si ello lo exculpara. Su defensa es como la de Bogado: quienes lo denuncian querrían vengarse o tendrían trapos sucios, cuando de lo que se trata es de si perpetró o no las ilicitudes que se le atribuyen.
Otro que se siente un pobre “perseguido” es el diputado Tomás Rivas (ANR), que chicaneó durante un año para impedir su desafuero. Sostiene que la “opinión pública” –léase la prensa– intentó instalar que su caso es similar al de Ibáñez, es decir, que habría pagado a sus caseros con dinero público. De nuevo, la cuestión no es con quienes informan y opinan, sino con la legislación penal, que debe ser aplicada por agentes fiscales y jueces independientes.
Como si no lo supieran, los legisladores deben actuar de acuerdo a la ley y a su conciencia, atendiendo siempre el interés general. No están sometidos a mandatos imperativos de ningún tipo, de modo que resulta curioso o hasta denigrante para sus colegas que el presidente del Senado, Silvio Ovelar (ANR), el mismo que poco antes de unos comicios fue sorprendido tomando en “alquiler” cédulas de identidad, haya afirmado hace unos días en este contexto que los legisladores toman posiciones “de acuerdo a los editoriales de los medios de comunicación”. O sea que son unos peleles, que no tienen criterio propio. Más precisamente, expresó su desacuerdo con la pérdida de investidura del repudiable chicanero Víctor Bogado, agregando que “hoy los medios tienen mucha fuerza” y que “los muchachos cambian de opinión de acuerdo a los titulares de los medios”. ¡Increíble que los paraguayos y las paraguayas tengan que sufrir a semejante clase de legislador!
Por lo visto, el senador Ovelar cree que la ciudadanía es totalmente manipulable, hasta el extremo de dejarse engañar por noticias notoriamente falsas o convencer por pareceres de lo más absurdos. Debe saber que la prensa refleja las inquietudes de la gente, de modo que si alza la voz contra la corrupción es porque se hace eco de quienes han sufrido sus consecuencias, sin que los representantes del pueblo se hayan ocupado del asunto. La culpa no la tiene el mensajero, sino quien delinque en la función pública.
Antes que buscar imaginarios culpables del desprestigio cada vez mayor que están sufriendo, los legisladores deben entender que ya no podrán cometer sus fechorías con la impunidad acostumbrada. Los paraguayos y las paraguayas han despertado y los tienen bajo un estricto escrutinio. De modo que solo les queda cumplir cabalmente con la función para la que fueron electos y por la que se les paga, o prepararse para ser barridos en las próximas elecciones.