Como en las peores épocas de la dictadura stronista, el actual régimen gobernante que preside Horacio Cartes se lanza a una aventura totalitaria más: pretende controlar directamente a las radios del interior y a sus periodistas. A las radioemisoras, que suman alrededor de 250, las tientan con la oferta de pagarles ahora pautas publicitarias a cambio de realizar propaganda del gobierno de Cartes. Después vendrá el chantaje, mediante las amenazas de cancelación de dicho aporte de dinero en caso de que las emisoras no se plieguen a los dictámenes de la propaganda oficial.
Con este objetivo, el vicepresidente Juan Afara convocó a una reunión a los propietarios de radios del interior en la sede de la propia Vicepresidencia. Asistieron muchos de ellos y también el presidente de la ANR, Pedro Alliana; el titular de la Sicom, Fabrizio Caligaris; la presidenta de Conatel, Teresita Palacios; la senadora Lilian Samaniego y el diputado Tomás Rivas. Es decir, la plana mayor del partido gobernante y de los organismos gubernamentales responsables de las comunicaciones, con abundante dinero aportado por los contribuyentes. Este equipo se encargó de respaldar moralmente, con su presencia, el desfachatado intento que el vicepresidente Afara hizo con su auditorio.
Se sabe de las premuras económicas de los medios de prensa del interior por sus dificultades en colocar espacios publicitarios, porque la demanda de ellos es mucho más baja que en las ciudades grandes. De modo que la mayoría se maneja con bajo presupuesto y un nivel de ganancia mínimo; desdichadas circunstancias que los ofertantes chantajistas buscan aprovechar para tentarles con lo que buena falta les hace: un buen tarascón de la torta gubernamental. En efecto, especulando inicuamente con esta necesidad, Afara les propone que se conviertan en voceros propagandísticos del régimen de Horacio Cartes a cambio de pagarles por pautas publicitarias de organismos públicos.
Estas fueron sus expresiones más significativas: “Vamos a trabajar en conjunto. Queremos que ustedes designen a las personas que cada quince días, o cada mes, vamos a encontrarnos para ver cuáles son las tareas pendientes, qué no estamos haciendo, qué nos falta, en dónde tenemos que apretar más para que la información llegue a la gente; la información clara, la información veraz, lo cierto; (...) El Estado va a tener un vínculo comercial con las radioestaciones legales… Vamos a tener un vínculo comercial con los propietarios de las radios. Ese vínculo vamos a atar a través de nuestro nexo directo, que va a ser Sicom, Conatel (…) porque queremos fortalecer el trabajo del Gobierno, queremos que tenga la fortaleza y que la verdad llegue; y queremos que sean los corresponsales en toda la República” (las negritas son nuestras).
Como se ve, el vicepresidente Afara no se cuidó en nada para involucrar a dos instituciones del Estado, Sicom y Conatel, en esta extorsión presentada en forma de una “vinculación comercial”.
Pero el vicepresidente Afara ni siquiera se tomó la molestia de leer previamente las disposiciones de la Ley 1297/98, “Que prohíbe las propagandas en espacios pagados por las instituciones públicas”, aunque es probable que la conozca pero no le importe un bledo. El art. 1º de la citada ley dice: “Prohíbese a todas las instituciones del Estado, así como a las entidades autárquicas, descentralizadas, gobernaciones y municipalidades, la realización de ningún tipo de propaganda pagada en los distintos medios de comunicación social del país o del extranjero”. Y advierte en el Art. 3°: “Las transgresiones a las disposiciones de esta ley serán sancionadas con la reposición, a cargo del responsable, del importe correspondiente al costo de la propaganda efectuada”.
Esta ley establece claramente los casos en que el Estado puede recurrir a la publicidad, que nada tienen que ver con autopropaganda como la que se está haciendo el gobierno de Cartes.
Bien va a estar, pues, que el dinero de los contribuyentes que este régimen se dispone a derrochar, alguna vez les sea reclamado por la Justicia su devolución, cuando algún gobierno democrático y patriótico rija en nuestro país. Es de desear que la ciudadanía decente pueda ver a los señores Afara, Alliana, Caligaris, Palacios y Rivas sentados ante un juez, escuchando la condena que les obligue a retornar a las arcas públicas los recursos que le sustrajeron ilícitamente para financiar su propia promoción político-electoral.
Esas dos desafortunadas frases pronunciadas por el vicepresidente Afara, la de “queremos fortalecer el trabajo del Gobierno” y “vamos a tener un vínculo comercial con los propietarios de las radios”, no dejan ni un milímetro de duda acerca de la intención tal como fue manifestada.
Porque “fortalecer el trabajo del Gobierno mediante la propalación de buenas noticias” no figura, ni podría figurar, entre las pocas excepciones previstas en el Art. 2º de la ley citada, que permite que la publicidad en los medios de prensa sea empleada por organismos públicos en casos excepcionales y exclusivamente para: “a) la publicación de convocatorias a licitaciones, edictos en general, la promoción de campañas de información y educación rural y sanitaria, o de avisos de interés público que tiendan a educar a la población o a orientarla en temas de interés general, sobre prestación de servicios públicos y defensa del consumidor; b) el auspicio de programas que difundan el folklore y la cultura nacional, hasta la suma equivalente a tres salarios mínimos mensuales por institución o entidad auspiciadora, por mes y por medio de comunicación; y, c) la propaganda de empresas del Estado o mixtas que no sean monopólicas de hecho o de derecho, y que compitan en el mercado”.
Para cualquiera que sepa leer y escribir, la ilegalidad de esta vergonzosa propuesta efectuada por el vicepresidente Afara, respaldada por los políticos y funcionarios presentes en el acto citado, es clara y manifiesta. Como en los oscuros tiempos de la dictadura, estos tipos se consideran omnipotentes, impunes, con derecho a violar la ley, a instrumentar o amedrentar a medios de prensa o sobornar periodistas, comprar o cooptar medios de comunicación, para encubrir sus trapisondas o justificar sus oscuros proyectos.
Pero aventuras políticas de este tipo nunca dan el resultado que sus ideólogos esperan, como puede verse en otros regímenes autoritarios de la región, algunos ya desplazados del poder y otros, como el de Venezuela, manteniéndose a duras penas por medio de la fuerza militar.
Este avance sobre la prensa es otra muestra de que la gavilla en el gobierno de Horacio Cartes está dispuesta a todo para mantenerse en el poder. Los ciudadanos y las ciudadanas deben manifestarse públicamente en contra de esta repudiable regresión dictatorial.