El Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala, declaró que el contralor general de la República, Enrique García, goza de inmunidad de proceso y que, en consecuencia, debe ser depuesto mediante un juicio político antes de que pueda ser sometido a la Justicia por el delito de producción de documentos no auténticos, que el Ministerio Público le imputa haber cometido junto a dos funcionarios comunales de Asunción. De acuerdo al expediente judicial, el exdirector jurídico de la Municipalidad no apeló en tiempo oportuno, en sede judicial, un laudo arbitral que condenó a dicho órgano a pagar 3,6 millones de dólares a la empresa Ivesur SA, dedicada a la inspección técnica vehicular. Para intentar encubrir la grave negligencia, se adulteraron firmas de funcionarios judiciales que habrían recibido el escrito de apelación, según el peritaje invocado por el fiscal Leonardi Guerrero.
El escándalo estalló en noviembre de 2016, pero la imputación fue formulada recién el 2 de marzo de este año, luego de que el caso fuera largamente “cajoneado” por la fiscala Nadine Portillo. El último 14 de marzo, la Cámara de Diputados acusó a García ante la de Senadores para que se le inicie un juicio político por mal desempeño de sus funciones (asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría y concesión indebida de privilegios) y por la comisión del delito antes referido, así como el de tráfico de influencias en el ejercicio de su actual cargo. La resolución fue remitida a la Cámara Alta recién el 5 de julio, lo que implica que fue “cajoneada” durante casi cuatro meses por su presidente, el diputado Pedro Alliana (ANR), pese a que él mismo había apoyado la acusación. Desde entonces, acumula polvo en la Cámara presidida por el senador Silvio Ovelar.
Las demoras en el Ministerio Público primero y en el Congreso después no son atribuibles a la desidia, sino al manifiesto interés político en que García siga ocupando un alto puesto que no merece. Los famosos audios filtrados revelaron, entre otras cosas, que el exsenador Adolfo Ferreiro estuvo tan interesado en el vergonzoso caso de su amigo el contralor que habló de él con el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento Raúl Fernández Lippmann. Dejando atrás la dilación provocada tanto en el Ministerio Público como en la Cámara de Diputados, y considerando lo resuelto por los camaristas del fuero penal, lo que ahora corresponde es que el senador Ovelar impulse de una vez por todas el procedimiento del juicio político, como es su obligación.
Dado que la acusación por mal desempeño de sus funciones, formulada en diciembre de 2014 contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay, duerme desde entonces el sueño de los justos en la Cámara Alta, es de temer que se repita la irritante historia y por el mismo repudiable motivo: no tocar a quienes pueden retribuir favores cuando las papas queman. A este paso, hasta es probable que García concluya su mandato constitucional en 2021, sin que el Senado decida si es culpable o inocente de los hechos que se le atribuyen. A los senadores de la anterior legislatura no les importó averiguar la verdad para resolver en consecuencia.
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En un país donde los legisladores velan por la dignidad de la máxima instancia judicial y la correcta administración de Justicia, lo que ellos harían es realizar el juicio político para determinar cuanto antes si los inculpados deben seguir o no en el ejercicio del cargo. Pero en el Paraguay de hoy prevalecen otros intereses, como el del aberrante “cuoteo”, que no se limita a la Corte, pues se extiende de hecho a todos los niveles del Poder Judicial. Para los senadores “distraídos”, el impasse tiene también la gran ventaja de que les permite chantajear a los acusados: mientras se porten bien, podrán mantenerse allí donde están. No sería nada raro, pues, que el actual contralor siga ejerciendo sus funciones mientras los senadores discrepen sobre la filiación partidaria del sustituto y él se preste a favorecer a los “recomendados” que administran dinero público. Por de pronto, García ya ha perdido toda autoridad moral para desempeñar las relevantes funciones que le encarga la Constitución.
Si los senadores actuales respetaran las instituciones, no deberían ignorar lo declarado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala. Si no creen que los hechos referidos en la acusación formulada por los diputados sean ciertos, que entonces declaren la inocencia de García y le den la calma que requiere para cumplir con sus deberes y hacer uso de sus atribuciones. En caso contrario, que lo destituyan para impedir que la Contraloría continúe encabezada por un presunto delincuente que no se desempeña como corresponde y, en consecuencia, pueda ser sometido a un proceso penal. La certeza de que los órganos superiores del Estado están conducidos por personas honorables, libres de toda sospecha, es condición indispensable para que las instituciones republicanas merezcan la confianza ciudadana.
Es intolerable que se pueda tan siquiera presumir que el contralor haya incurrido en los hechos punibles que se le atribuyen y que, sin embargo, siga encargándose del control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, entre otras cosas.
Entretanto, urge que la cuestión se clarifique al menos en el Poder Legislativo y que la presidencia del Senado deje de cajonear el expediente y dé trámite inmediato a la acusación planteada.