Pocas veces se ha revelado con tanta nitidez que un Poder estatal se halla al servicio de un interés particular como en la última bochornosa sesión del Senado. En contra de la salud pública, de la decencia y de la imagen internacional del país, veintidós de sus miembros –“cartistas”, “abdistas”, “llanistas” y del Partido Hagamos– resolvieron primero rechazar un proyecto de ley sobre la trazabilidad o “transparencia en la cadena de suministro del tabaco”, y luego postergar hasta marzo del próximo año el tratamiento de otro que dispone un aumento del impuesto al cigarrillo. Es obvio que el expresidente Horacio Cartes, dueño de la firma Tabacalera del Este SA (Tabesa), estará muy satisfecho con ambas decisiones y, en especial, con el papel jugado por su vocero Sergio Godoy, hoy senador colorado y antes asesor jurídico de la Presidencia de la República.
Con respecto a la primera resolución, el servicial legislador alegó que ya existe una ley referida a la trazabalidad, de modo que la iniciativa presentada por diez de sus colegas, de diversos partidos, sería del todo innecesaria. En efecto, el 5 de julio de este año fue promulgada la Ley N° 6107, “de transparencia de la cadena de suministro de tabaco y sus productos”, la que debía entrar en vigencia “a los ciento ochenta días de haberse publicado su reglamentación, conforme los plazos establecidos en ella para el efecto”. El decreto respectivo brilla por su ausencia por razones desconocidas pero predecibles –probablemente cuantificables–, de modo que la trazabalidad sigue sin estar regulada. Aunque, en verdad, la reglamentación que se estableciera sería inútil, pues la propia ley ya resulta suficientemente inocua, debido a que el proyecto aprobado por el Senado fue modificado por la Cámara Baja probablemente para dar el gusto al entonces jefe del Poder Ejecutivo.
Si fue rechazada la propuesta de derogarla y de sancionar en su reemplazo una ley que incluya medidas para asegurar la cadena de suministro de tabaco y combatir su comercialización ilícita es porque, de hecho, una mayoría de senadores y sus patrocinadores desean que el 90% de los 60.000 millones de cigarrillos producidos en el país siga siendo mercadería para el contrabando, especialmente al Brasil: el 67% de las incautaciones de la Receita Federal de Foz de Yguazú consta de cigarrillos provenientes del Paraguay. Pero la producción nacional –concretamente, la de Tabesa– llega mucho más allá, hasta el punto de alcanzar el 73% de los cigarrillos comercializados ilícitamente en América Latina, según informó el año pasado el diario ABC de Madrid. Para más datos, el 22 de marzo de 2014, el colombiano El Tiempo publicó que “Mafia y FARC lavan fortunas con cigarrillos del presidente de Paraguay. Cajetillas salen de tabacalera de Horacio Cartes. Blanqueo suma 209 millones de dólares al año”.
¿No debería importarnos a los paraguayos y al Gobierno a quiénes vende el exgobernante sus cigarrillos ni para qué los usan sus compradores? Es razonable suponer que los brasileños estén ligados al Primer Comando da Capital o al Comando Vermelho, de modo que, al fin y al cabo, el contrabando no sería solo un delito de “guante blanco”. El expresidente suele alegar que Tabesa comercializa legalmente el producto y que no puede controlar qué se hace con la mercadería vendida. Quiere decir que no le importan ni la imagen del país, ni la de su empresa.
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Hay muchísimo dinero en juego en este negocio que, de hecho, estaría resultando tan sucio como el narcotráfico.
Lo resuelto por los senadores bien puede ser interpretado por la opinión pública internacional como el reflejo de una política pública que apunta a fomentar no solo el contrabando puro y duro, sino también el lavado de dinero. No se quiere transparentar la cadena de suministro del tabaco y de sus productos, ni aumentar el impuesto al cigarrillo, que es solo del 16% mientras en el Brasil llega hasta el 90%, en Chile al 80% y en la Argentina al 70%. Para desalentar el consumo, la Organización Mundial de la Salud aconseja que el gravamen sea del 75%, pero aquí se mantiene una exigua tasa impositiva, no tanto para alentar el tabaquismo, sino más bien el comercio ilícito transfronterizo.
Ambas cuestiones están vinculadas entre sí, ya que el crimen organizado obtiene enormes ganancias gracias a la gran diferencia de precios entre los cigarrillos nacionales y extranjeros, generada por el generoso tratamiento tributario que recibe en nuestro país. En otros términos, es coherente que si no se desea regular debidamente la trazabilidad, tampoco se quiera aumentar el impuesto al tabaco. José Ortiz, gerente de Tabesa y ex asesor presidencial de Horacio Cartes, afirmó el año pasado, cuando se propuso elevar el gravamen, que “el Paraguay, como política de Estado, tiene impuestos bajos y es una política económica que le va muy bien”. O sea que tuvo el descaro de invocar una atinada política tributaria, en términos generales, para defender la “competitividad” de su empresa en un gigantesco mercado ilícito, que el Senado acaba de precautelar.
Hubo un cambio de Gobierno, pero, por lo que se ve, el propietario de Tabesa sigue siendo muy influyente en el Congreso, aunque se hayan incorporado nuevas figuras, como los senadores Patrick Kemper y Antonio “Tony” Apuril, quienes al parecer saben captar hacia dónde soplan los vientos venturosos. Dado que ambos pertenecen a un partido joven, se esperaba que no estuvieran tan envilecidos como los politicastros que desde siempre están al servicio del poder económico, pero terminaron dando sus decisivos votos para el rechazo de un proyecto de ley que precisa los requisitos para elaborar cigarrillos, obliga a registrar las transacciones de los fabricantes y vendedores de tabacos, establece un identificador tecnológico único, obliga a registrar el movimiento de la ruta de envío y exige incorporar un auditor externo, así como medidas de seguridad. Demostraron así ser de la misma ralea de quienes aspiran a que el Paraguay siga siendo mundialmente conocido como un gran centro de operaciones delictivas relacionadas con el cigarrillo.
En fin, aquello de que “poderoso caballero es don dinero” tiene en el Senado vigencia efectiva. Por algo, su extitular y hoy presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comparó ese cuerpo legislativo con “un prostíbulo (…) donde la gente vendía su voto”. ¡Una verdadera vergüenza!