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El Senado dará hoy entrada al segundo pedido de desafuero que afecta a su indigno miembro Javier Zacarías Irún (ANR). Esa Cámara ya lo había suspendido en sus fueros en la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito en la función pública y otros hechos punibles, estando imputado por haber presentado una falsa declaración jurada de bienes y rentas. El nuevo pedido judicial se funda en la imputación que pesa sobre el jefe del nefasto clan esteño por haber instigado a su cónyuge Sandra McLeod, entre otros, a cometer el hecho punible de lesión de confianza, en perjuicio de la Municipalidad de Ciudad del Este. Esta vez, los agentes fiscales actuantes, René Fernández y Josefina Aghemo, solicitaron al Juzgado Penal de Garantías que dicte la prisión preventiva, porque el encausado estaba obstruyendo la marcha de las pesquisas, según alegaron.
De hecho, quien había sido el “intendente de facto” indujo al exjefe de prensa municipal, Juan Sanabria, a borrar sus huellas, según declaró este último. Si a ello se suma que atacó de entrada el acta de imputación, tal como lo había hecho –sin éxito alguno– en la causa anterior, y a que ayer recusó al agente fiscal Fernández, ya se advierte que recurrirá a artimañas de todo tipo para no someterse a un juicio oral y público.
El último 14 de marzo, 29 de los 30 senadores presentes en la sesión, es decir, una mayoría absoluta de casi dos tercios, le instaron a renunciar a su investidura, porque habría cometido los delitos antes mencionados. Como ahora corre el serio riesgo de dar con sus huesos en la cárcel, habrá que ver si él mismo va a pedir su desafuero, tal como lo hizo el 8 de febrero último, en el caso de la presunta falsedad de su declaración jurada de bienes y rentas. En aquella ocasión, sus colegas le privaron de sus fueros por unanimidad, siendo de esperar que ahora hagan lo mismo, más aún atendiendo que ya le habían exhortado a dimitir porque también había sido imputado por instigar a la comisión del hecho punible de lesión de confianza.
Los antecedentes sugieren, pues, que Zacarías Irún sería puesto a disposición de la Justicia para responder por sus presuntas fechorías. Lo novedoso, en este caso, es que este impresentable podría tener el mismo destino que el diputado Ulises Quintana (ANR), actualmente preso. Si la Cámara Baja hizo bien en desaforar a este legislador, a sabiendas de la consecuencia inmediata de la medida, el Senado debe hacer lo mismo con su indecoroso integrante. Mal puede apañar a quien no sintió compasión alguna por los pobladores de Ciudad del Este, víctimas de un sistemático desvío de fondos municipales por él alentado, según el Ministerio Público. Debe someterse a la ley como cualquier otro ciudadano.
Para que el Senado no se parezca de nuevo a un aguantadero, como ocurrió en varios casos en que blindó a sus miembros seriamente indiciados en hechos ilícitos –recientemente al senador Enrique Bacchetta (ANR)–, es imperioso que Zacarías Irún vuelva a perder sus fueros. Sería absurdo que sea protegido por sus pares, más aún habiendo sido incriminado por uno de los coimputados, con quien intercambió elocuentes mensajes que han sido difundidos. Expuso en toda su horrible desnudez su influencia, como el verdadero dueño de la administración municipal.
Hay evidencias de que allí se robó a mansalva el dinero de los contribuyentes para financiar, entre otras cosas, campañas electorales propias y ajenas, así como un programa televisivo dirigido por un hijo del matrimonio que tuvo en sus manos Ciudad del Este durante dieciocho años. La fechoría que se le atribuye, con sólidos indicios, no es menos grave que la que motivó la ignominiosa expulsión de Óscar González Daher, hoy recluido a la espera del juicio oral. Ocurrió en el anterior periodo legislativo, siendo de esperar que en el actual no se rechace un pedido fundado en una pesquisa exhaustiva.
Zacarías Irún hacía en su feudo lo que se le antojaba. Destinaba el dinero público como quería porque se creía omnipotente. Es hora de que sepa que también él debe responder de sus actos ante la Justicia, como cualquier hijo de vecino. Ni su riqueza ni sus lazos políticos, como el que a todas luces tiene con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, deben conferirle impunidad.
Volver a desaforarlo es una necesidad imperiosa a la que los senadores deberían responder favorablemente en la sesión de hoy, sin dilaciones. Su indeseable colega ya ha causado mucho daño, en especial a los pobladores de Ciudad del Este. Es hora de que los habitantes de este país perciban que realmente algo ha cambiado en los últimos tiempos en lo que a la impunidad de ciertos peces gordos respecta, y que no piensen que solo se sacrifica a quienes molestan los planes de los nuevos amos del poder y no quieren amoldarse a la nueva situación.
Zacarías Irún no debe seguir gozando de unos fueros que impidan que sea juzgado porque instigó, según los agentes fiscales, a que el dinero público se “invierta” en asuntos que nada tenían que ver con el bienestar de los habitantes de la capital del Alto Paraná. Es decir, porque habría incitado al robo, liso y llano. Los senadores no deben convertirse en sus cómplices.