En los últimos días se plantearon discusiones y hasta acciones públicas de protesta por la intención del Gobierno de incluir la importación de vehículos usados dentro del impuesto selectivo al consumo, en el nuevo proyecto de ley impositivo presentado la semana pasada al Congreso para su estudio.
En el pasado, en varias ocasiones, el Ejecutivo intentó regular este movimiento comercial imponiéndole algunas restricciones o buscando hacer más rigurosa su carga tributaria, pero siempre se enfrentó a la enérgica resistencia de los importadores y propietarios de locales dedicados a la venta de automotores provenientes de Iquique, que se agremian bajo el nombre de “Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU)”.
El comercio de automotores usados, importados principalmente de Asia, creció en las últimas décadas de una manera exorbitante, como cualquier observador puede apreciar con solo recorrer algunas avenidas importantes de Asunción y su área metropolitana, en las que se suceden las playas de venta de usados. Como se trata de vehículos de segunda mano, su costo es más bajo que los “cero kilómetro”.
Pero nuestra intención no es adoptar una posición sobre el aspecto legal o ilegal de la cuestión, o poner en tela de juicio el derecho de los habitantes del país de adquirir un vehículo que facilite su movilidad ante el deficiente sistema de transporte público. El inconveniente de fondo es el gravísimo problema que se está presentando por la sobreabundancia de automotores que circulan en las vías públicas, sin que, en contrapartida, se vislumbren obras de envergadura o de simple adecuación de las arterias existentes y sus intersecciones para facilitar el desplazamiento de los mismos. Así, un viaje que antes demandaba media hora para llegar a un barrio de Asunción, hoy fácilmente puede insumir una hora o una hora y media. Por supuesto, ello significa pérdida de tiempo, mayor costo en combustibles y una degradación en la calidad de vida de los habitantes. Sin olvidar que los automotores obsoletos o de plazo de funcionamiento vencido son los principales causantes del altísimo nivel de contaminación ambiental en los centros urbanos del país, con el agravante de que no se someten a controles técnicos ni existe la autoridad pública con la fuerza indispensable para sacarlos de circulación, si fuese necesario.
Las cifras de ingreso de vehículos son realmente significativas. Por ejemplo, el año pasado, la Dirección Nacional de Aduanas informó que el 60% de las operaciones de importación de automotores estaba representado por vehículos usados. De 94.157 unidades ingresadas al país, 58.882 eran usados y 35.275 nuevos. Además, se reveló que entre 2013 y 2015, en solo tres años, se importaron ¡308.698 vehículos!, de los cuales 190.497 eran usados.
¿Cuál es la política del Gobierno nacional para resolver el cada vez más grave problema del exceso de vehículos particulares y su correlativo: la obsolescencia crítica de las vías de comunicación? Salvo algunos pocos emprendimientos, no se conoce que se estén proyectando para el futuro obras indispensables en los numerosos lugares críticos de la ciudad, o de adecuaciones para el ingreso y salida de algunas calles que podrían aliviar la cuestión. Si a ello le agregamos el pésimo estado de nuestras calles, el negro panorama para los conductores está completo.
Valga como ejemplo que en Buenos Aires, para referirnos a una ciudad relativamente cercana y conocida, capital de un país con graves problemas económicos de larga data, el Gobierno ha construido un túnel para colectar aguas servidas, a una profundidad de 45 metros, que cruzará por debajo del Riachuelo. También se están construyendo túneles a diez metros bajo tierra, para conectar las líneas del subterráneo de Buenos Aires, con el fin de facilitar la intercomunicación de pasajeros y, como consecuencia esperada, de eliminar la necesidad de emplear vehículos particulares para transitar por las extensas zonas cubiertas por ese medio público de transporte.
En nuestro país, un proyecto de gran envergadura para el transporte, como lo es el metrobús, se paralizó a poco de comenzar, en medio de un escandaloso fracaso. Conste que se trató de un final preanunciado y advertido con anticipación por técnicos y medios de prensa, por las deficiencias groseras que ya se observaban en el proyecto.
Es triste y de lamentar que en el Paraguay su Gobierno, así como las municipalidades que integran el área metropolitana de Asunción, vean pasar el tiempo con la mayor indiferencia, agravarse las condiciones de existencia de las personas, volverse cada vez más crítica la situación del exceso de automotores y la carencia de soluciones en materia de vías públicas. Las municipalidades se limitan, como actos de gran “política urbanística”, a restringir, prohibir, clausurar o destruir, aunque sin proporcionar ni una sola solución compensatoria. Incluso, como lo ilustra insuperablemente el ridículo caso de la “bicisenda” de la calle Iturbe, se inventan mayores obstáculos que los ya existentes y se los promocionan como obras de “servicio público”, cuando, en realidad, constituyen graves perjuicios para gran cantidad de habitantes, que pagan sus impuestos y tasas para disfrutar de una ciudad acogedora y, en cambio, reciben las maldiciones de la ineptitud, la improvisación y hasta la de los más altos costos de la corrupción.
Si ya ahora el estado de la circulación por nuestras calles es crítico, lo será aún más con el correr de los años, por lo que nuestras autoridades tienen la obligación impostergable de encarar ahora la cuestión como se merece, mirando las necesidades de la gente y no las suyas propias.