Como correspondía, dado el último prevaricato cometido por los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, diputados de diversos partidos anunciaron que presentarán hoy un proyecto de libelo acusatorio para promover, mediante juicio político, la necesaria destitución de esos indignos magistrados. Cabe esperar que ambas Cámaras se ocupen del mismo cuanto antes, porque quienes usurparon una facultad exclusiva de la Junta Municipal de Ciudad del Este, como es la de aceptar o rechazar la renuncia de la intendenta Sandra McLeod, no pueden seguir en el cargo que tan mal han venido ejerciendo, mostrando una indigna y aviesa obsecuencia hacia sus patrones políticos.
En esta ocasión, puede pensarse que la orden recibida desde arriba por estos impresentables magistrados era trabar la intervención de la Municipalidad esteña, dictando un auto interlocutorio, en verdad un mamotreto inconstitucional, el mismo 26 de noviembre, día en que su protegida, Sandra McLeod, les comunicó su renuncia. Tomaron nota de ella y resolvieron de inmediato “convocar a elección de Intendente Municipal del distrito de Ciudad del Este (...) el domingo 03 de marzo de 2019”, citando el art. 53 de la Ley Orgánica Municipal, pero en forma incompleta. En efecto, tuvieron el descaro de omitir la parte final de dicha norma, según la cual “la renuncia del Intendente será presentada ante la Junta Municipal correspondiente para su aceptación o rechazo”.
Aquí no hubo ningún “error”, como pretendió hacer creer a la opinión pública el presidente del Senado, Silvio Ovelar, otro indigno personaje, comprador de votos en elecciones aprovechándose de la necesidad de la gente. Lo que hizo el TSJE fue un estúpido intento de ocultar que se estaba prevaricando. Como estos desvergonzados no podían invocar una resolución ya caduca de la Corte Suprema de Justicia, que había suspendido los efectos de dicha norma en beneficio de la integrante del célebre clan esteño de los Zacarías Irún, no tuvieron mejor idea que mutilarla, suponiendo que nadie advertiría su canallada. Tan burda fue la maniobra que, ante la avalancha de críticas, los propios integrantes del TSJE se vieron obligados a suspender los efectos del prevaricato cometido, alegando que, supuestamente, “el cumplimiento del cronograma electoral se ve seriamente afectado” porque la Junta Municipal no tiene un plazo cierto para la aceptación o el rechazo de la renuncia. O sea que usurparon una atribución de los concejales para que no resulte perjudicado un cronograma que solo debería elaborarse en función de lo resuelto por la Junta Municipal: si se rechazara la renuncia, ningún cronograma podría ser afectado, pues sería inexistente.
Esta combinación de mala fe e idiotez resulta sumamente nociva para el bien común, razón más que suficiente para fulminar a los “ministros” del TSJE con una remoción que no debe hacerse esperar.
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Los susodichos ya habían hecho méritos más que suficientes para ser destituidos. No es la primera vez que atropellan la ley, la moral y el sentido común. Al grotesco plagio de la tesis doctoral encargada por Ramírez Zambonini –sobreviviente de ocho intentos de juicio político– y a los desmanejos en materia de alquileres, podría sumarse el “sobresueldo” en forma de viáticos que cobraban los tres pícaros por viajes no realizados: la pillería salió a la luz con la “bilocación” de la magistrada Wapenka, que estuvo al mismo tiempo en Guatemala, observando unos comicios, y en el departamento de Itapúa, hablando con jueces y funcionarios de la Justicia Electoral. La revelación de la corruptela les obligó a devolver el dinero mal habido, para no ser imputados por el Ministerio Público.
A mediados de este año, otro escándalo salpicó al TSJE, tras difundirse un audio en el que se escucha al entonces jefe de Control de Calidad de Informática, Miguel Ángel Iturburo, jactándose de haber manipulado actas para regalar votos en las últimas elecciones generales, a cambio de dinero. Si bien el funcionario fue destituido, nunca se exhibieron las actas presuntamente modificadas.
La falta de espacio obliga a omitir lo mucho que se sabe sobre nombramientos y ascensos de los “recursos humanos” del organismo que encabezan: el nepotismo, el amiguismo y el “cuoteo” clientelar han sido la norma. No se puede dejar de recordar, en cambio, otro flagrante prevaricato perpetrado este año por Bestard y Ramírez Zambonini al admitir la candidatura inconstitucional de Horacio Cartes como senador.
Así, pues, hay motivos de sobra para que estos pésimos magistrados sean destituidos. Es preocupante, sin embargo, que ya se hable de un “pacto político” para la designación de los eventuales reemplazantes. El senador Hugo Richer (Frente Guasu) coincidió con el titular de la Cámara Alta en que “un cambio a este nivel presupone un acuerdo de los distintos partidos políticos”, siendo necesario fijar un plazo para el mismo. Vulgo: el cuoteo de siempre, que es precisamente la causa de las atrocidades políticas y jurídicas a que asistimos con frecuencia.
El grave problema consiste en que los indignos políticos que integran la cúpula de los partidos colocan al país entre la espada y la pared, lo meten en un círculo vicioso, ya que si no se acordara la repartija, el trío de prevaricadores seguiría en sus cargos de lo más campantes.
Para mayor gravedad, la cuestión va más allá de la manifiesta inmoralidad de someter la destitución de Bestard, Ramírez Zambonini y Wapenka a un contubernio, porque ese “pacto político” implicaría condicionar al Consejo de la Magistratura, es decir, politizarla nuevamente a la hora de conformar las ternas de candidatos. Así, deberá armarlas de tal modo que el nuevo TSJE esté integrado por un colorado, un liberal y uno del Frente Guasu, con independencia de la idoneidad y de la honorabilidad de los postulantes. Quienes no pertenezcan a estas organizaciones políticas no tendrán la menor chance.
La ciudadanía debe prestar mucha atención a la infamia en ciernes, y exigir con todas sus fuerzas que Bestard, Ramírez Zambonini y Wapenka sean apartados desde ya del cargo que deshonran, previo juicio político. Pero, al mismo tiempo, debe prepararse para rechazar con toda firmeza que los dueños del poder ubiquen de nuevo a sus lacayos en el TSJE, la importantísima institución que debe velar por el cumplimiento de la voluntad popular en las elecciones.