Entre los muchos males de las llamadas “listas sábana”, hay uno que bien podría figurar entre los peores: la compraventa de lugares en dichas listas y de candidaturas en general. Todos sabemos cómo funciona esto, pero de vez en cuando ocurre algún episodio que nos recuerda el triste y vergonzoso nivel al que bajó nuestra política con el régimen imperante.
Tal, por ejemplo, el caso tan comentado del recientemente electo parlamentario del Mercosur, Neri Olmedo (Alianza Ganar, PLRA), que en una entrevista que le hizo una periodista extranjera no consiguió hilar correctamente dos frases en español ni demostrar que tiene alguna idea, siquiera mínima, de lo que es el organismo al que acaba de incorporarse. Un producto típico de las “listas sábana”. De hecho, el senador liberal José “Pakova” Ledesma, dirigente del movimiento interno “Alianza Radical” que postuló al citado Olmedo, reveló sin pudor alguno que los cargos en los primeros lugares de la lista se cotizaron entre 100.000 y 200.000 dólares. Es decir, las bancas están a disposición del mejor postor, aunque el agraciado sea un analfabeto funcional.
Todo el mundo sabe que, cuando llega el tiempo de conformarse las nóminas electorales, especialmente en los partidos mayores, cada uno de estos habilita una especie de oficina financiera destinada a recaudar fondos, de los cuales sale, entre otros destinos, la remuneración que se autoadjudican los principales dirigentes, los propietarios de esas listas, para resarcirse económicamente durante el lapso que van a dedicarse a las tareas proselitistas.
Y conste que cada partido con representación en el Congreso recibe del Estado, no solamente el aporte estatal anual establecido por una ley impulsada y aprobada por los propios beneficiarios de ese privilegio –los legisladores representantes de esas organizaciones políticas–, sino que también dichos legisladores se privilegiaron con más dinero público: un subsidio especial para gastos electorales.
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Los fondos públicos que reciben las organizaciones políticas que compiten electoralmente suman cifras siderales. Por los últimos comicios municipales (2015), a más de 54 partidos, movimientos y alianzas que compitieron en todo el país se les repartieron más de 19.000 millones de guaraníes (3,4 millones de dólares) en concepto de subsidio. Por las recientes elecciones, a 49 de esas organizaciones, más de 80.000 millones (14 millones de dólares).
En 2017, por aporte estatal, a 8 partidos se les obsequiaron casi 43.000 millones de guaraníes (7,6 millones de dólares), los cuales recibirán, este año, aproximadamente 51.000 millones de guaraníes (9 millones de dólares) que el erario tendrá que desembolsar. En conjunto, una enorme suma desperdiciada en beneficio de las cúpulas partidarias.
Aun así, contando esas organizaciones políticas con esos cuantiosos fondos públicos que se adjudicaron a sí mismos por medio de sus legisladores, sus dirigentes partidarios afirman que dichos recursos “no les alcanzan” para cubrir sus gastos, de tal manera que las personas que desean figurar con un cargo electivo tienen que ofrecer dinero u otros recursos al partido o movimiento (o a sus principales dirigentes) que las quiera acoger, caudales que se dicen destinarse a financiar los gastos de campaña. De este modo, dichas personas adquieren un puesto en una “lista sábana”, un lugar que, por supuesto, esté en relación con el monto del aporte.
Muchos de estos candidatos a ingresar a dichas listas recurren, para financiar su ingreso, a su dinero particular, si lo tienen, y, si son funcionarios públicos, meten la mano en algún fondo estatal (Fonacide, royalties, licitaciones, contratos directos, aduanas, etc.), malversan otros recursos administrativos, coimean, entre otras fechorías. Y no se contabiliza todavía el aporte de los narcotraficantes, del crimen organizado, de los contratistas del Estado, de los contrabandistas y otros, porque sus cifras, aunque cuantiosas, son desconocidas.
Nuestro régimen electoral funciona así. La corrupción llama a la corrupción, y quien no acepte o no se ajuste a esta forma de actuar queda fuera de concurso. En este esquema, partidos y movimientos se convierten en financieras, recibiendo dinero y pagarés, promesas verbales y cualquier otra forma de compromiso, cuentas de las que tienen que resarcirse después de que el aportante-deudor haya logrado el cargo por el que pagó. De este modo, senadores, diputados, gobernadores, intendentes y concejales que entraron con este régimen siguen endeudándose con su financiera partidaria durante bastante tiempo.
Pero la idea es que, ya estando en ejercicio de su cargo público, los que resultaron elegidos se las arreglen para recaudar mucho más que los montos de sus remuneraciones oficialmente consignadas, es decir, que “hagan su extra”, de tal suerte que cancele, lo antes posible, sus deudas partidarias y seguir, a partir de ahí, recaudando “para su jubilación”, eufemismo que pretende ser gracioso, con el que se alude a sus actos de corrupción en general. Esto explica con claridad muchas de las conductas aparentemente erráticas que tienen nuestros legisladores, nacionales y municipales, cuando hay que votar por un proyecto legislativo que llega a sus manos con la bendición o la maldición de sus mentores poderosos.
La sustitución de las “listas sábana” por un régimen electoral más abierto, que deje poco espacio para la compraventa de candidaturas electorales, que reduzca el poder omnímodo de los “grandes electores” de las cúpulas partidarias, que incremente el poder real del voto individual, del criterio personal, haciendo realidad la libertad plena de elegir que la Constitución otorga a cada ciudadano, debe ser la meta a impulsar por los ciudadanos y las ciudadanas mediante manifestaciones públicas firmes y perseverantes. Tal vez no elimine todos los vicios de nuestro régimen democrático, pero, de seguro, los reducirá bastante. Y, sobre todo, devolverá al electorado la fe en que no todo está perdido en nuestro país por culpa de los corruptos traficantes de la política.