Embaucarán a inversionistas de Hard Rock

El 24 de febrero de 2015, la Junta Municipal de Ciudad del Este dictó una ordenanza “mau” que declaró un inmueble del dominio público, perteneciente a la ANNP, valuado en 185 millones de dólares, como “área para el desarrollo de un polo turístico con hotel y casino de una reconocida cadena internacional, centro de exposiciones, así como áreas gastronómicas y áreas verdes (sic)”. La cadena a que se refiere es Hard Rock. La mencionada “resolución” municipal, promulgada por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, dio formal inicio a una serie de actuaciones nulas en las que intervinieron la entidad portuaria, el Poder Ejecutivo y la Conajzar. Ellas culminaron con un decreto del 3 de marzo de 2017, que aprobó el proyecto mencionado. La “ordenanza” sirvió de burdo pretexto para violar la Ley Orgánica de la ANNP, que impide a su directorio comprometer los intereses de dicha entidad en operaciones comerciales, industriales o financieras ajenas a su objeto. Por consiguiente, el llamado a licitación pública que se realice para concretar el proyecto será ilegal. Los que saldrán bien jodidos de esta aventura son los inversionistas reales de Hard Rock, a quienes los mafiosos locales saldrán a engatusar para obtener fondos.

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El 24 de febrero de 2015, la Junta Municipal de Ciudad del Este dictó una ordenanza “mau” por la que un inmueble del dominio público del Estado fue declarado “como área para el desarrollo de un polo turístico con hotel y casino de una reconocida cadena internacional, centro de exposiciones, así como áreas gastronómicas y áreas verdes (sic)”. El predio de casi doce hectáreas de extensión, valuado en unos 185 millones de dólares, se halla justo en la cabecera del Puente de la Amistad y pertenece a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

La mencionada “resolución” municipal, promulgada por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, dio formal inicio a una serie de actuaciones nulas en las que intervinieron la entidad portuaria estatal, el Poder Ejecutivo y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Ellas culminaron con el Decreto N° 6865 del 3 de marzo de 2017, que aprobó un “proyecto turístico y de inversiones” a ser realizado en el mencionado terreno, así como el pliego de bases y condiciones y la convocatoria a una licitación pública para otorgar una concesión por el término de treinta años.

La “ordenanza” municipal sirvió de burdo pretexto para violar el art. 19 de la Ley Orgánica de la ANNP, que impide al Directorio de la ANNP comprometer los intereses de dicha entidad en operaciones comerciales, industriales o financieras ajenas a su objeto. Desde luego que, como bien señala el procurador general de la República, Roberto Moreno, “la Municipalidad no puede ordenar a la ANNP lo que tiene que hacer con sus inmuebles”. Si tuviera esa facultad, la de Asunción bien podría destinar el área donde se encuentra el Palacio de López al “desarrollo de un polo turístico, con hotel y casino...” y disponer, en consecuencia, que la Presidencia de la República se traslade a otro sitio. 

Tamaño absurdo no puede estar amparado por la Ley Orgánica Municipal (LOM), como de hecho no lo está la aberrante disposición de los ediles de Ciudad del Este, apoyada por la jefa comunal, para tratar inútilmente de convalidar un inmundo negociado que empezó a fraguarse dos años antes, cuando el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y el gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, cuñado de la intendenta, se entrevistaron en Israel con el empresario venezolano-israelí Simón Falic. Por consiguiente, el llamado a licitación pública que se realice será tan ilegal como si el Presidente de la República lo hubiera autorizado sin ninguna ordenanza de por medio, porque mientras no sea desafectado en virtud de una ley, de ninguna manera el inmueble en cuestión puede ser otorgado en concesión para que allí se realicen actividades ajenas a los fines de la ANNP. El procurador general de la República lo sabe, y por eso mismo sugirió la rescisión de un contrato firmado en 2013 entre la ANNP y la firma Suisse Investment, con relación al mismo inmueble. Es obvio que la Municipalidad de Ciudad del Este no puede obligar al Congreso a sancionar una ley en tal sentido, por más que los concejales y la jefa comunal hayan querido preparar el terreno para que el clan Zacarías Irún concrete una operación ilícita, con la evidente complicidad del Poder Ejecutivo. La maniobra concebida por quienes tramaron este apestoso asunto no puede engañar a nadie, por lo que los concejales colorados del periodo 2010-2015 Nery Jara, Gustavo Ruiz Díaz, Celso Morel, Isaías Álvarez, Aída Molinas, Alberto Núñez y Juan Ángel Núñez, que aprobaron la disparatada ordenanza, así como la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, tienen muchas explicaciones que dar sobre su participación en el proyectado despojo. Por de pronto, deberán darlas ante la Justicia, dado que en noviembre de 2016 fueron denunciados por funcionarios de la ANNP debido a la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones públicas, asociación criminal, lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Conociendo las chicanas a que apelan los políticos cercanos al poder de turno cuando se ven involucrados en cuestiones judiciales, no es sorprendente que la anterior concejala Aída Molinas, hoy funcionaria de la Municipalidad, haya recusado primero a un fiscal y luego impugnado su confirmación ante la Corte Suprema de Justicia. Tampoco es raro que el caso esté cajoneado en la máxima instancia judicial.

Cualquiera sea el desenlace del proceso abierto, es indudable que los denunciados intervinieron, sin haber sido autorizados por la ley, en una trama urdida en secreto para que un bien del dominio público del Estado sea explotado por un socio comercial del esposo de la intendenta. Hicieron lo que se esperaba de ellos, aunque la ordenanza no sirva, al fin y al cabo, para convertir en lícita la manganeta en curso. 

Por imbéciles o por sinvergüenzas, los denunciados se extralimitaron irresponsablemente en el ejercicio de un cargo electivo y el presidente Cartes se comprometió igualmente con ellos, como si no tuviera un asesor jurídico que le advirtiera que la medida es ilegal por donde se la mire. También puede suponerse que, en verdad, desde un principio fue el propio Poder Ejecutivo el que estuvo impulsando la operación a toda costa, en beneficio del empresario amigo a quien recibió antes de que se dictara la ordenanza, en cuyo caso los ediles y la intendenta solo habrían obedecido sus órdenes, lo que la Justicia deberá dilucidar ahora o más tarde.

Como sea, lo cierto es que el nauseabundo negociado se inició “institucionalmente” con una resolución municipal nula, que condujo a la emisión de otras disposiciones de igual carácter, como la del Directorio de la ANNP en la que se “fundó” el Presidente de la República para autorizar primero a los órganos estatales a elaborar un “proyecto turístico y de inversiones” dentro del terreno de dicha entidad, y para aprobarlo después. Esa “ordenanza” no tiene más valor que un papel mojado y, por ende, mal puede hacer que se concrete una fechoría de enormes proporciones, de la que los “inversores” están bien al tanto porque son sus protagonistas. Los que saldrán bien jodidos son los inversionistas reales de Hard Rock, a quienes los mafiosos locales saldrán a engatusar para obtener fondos.

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