Un informe producido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominado “Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2017”, que fue publicado a principios del presente año, sitúa al Paraguay y a Honduras como los dos países con la gestión de rendimiento del funcionariado público más pobre de la región.
El estudio abarcó dos áreas de cuatro ítems cada una: “Planificación de recursos humanos en el sector público” y “Méritos en servicio civil”. De los ocho ítems estudiados por dichas organizaciones, con puntuaciones o notas de 1 a 5, solo en uno nuestra Administración Pública consiguió un 2, mientras en los demás la nota fue 1, y en un ítem, la nota 0; este último, precisamente, en lo referente al monitoreo del desempeño del personal. Dicho esto en términos más sencillos, nos aplazamos en prácticamente todas las materias, porque en una obtuvimos un “regular” nomás.
El estudio mencionado trata de la calidad general de nuestra masa burocrática, de cuán calificados técnicamente están nuestros funcionarios públicos, si el reclutamiento es abierto o está dirigido por criterios no profesionales, si los despidos son mayoritariamente por causas no atinentes al rendimiento, etc.
En definitiva, lo que se “descubre” mediante un método sistemático es la prueba irrefutable que dan expertos en la materia de una verdad que para nosotros ya era evidente desde hace tiempo.
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Hay que suponer que nadie debe sentirse orgulloso de tener al Paraguay entre los peores de una extensa área que incluye a más de veinte países; pero ¿qué hacen para cambiar esta situación los que pueden cambiarla? Nada. Por el contrario, tratan de empeorarla, pues el manoseo partidario y sectario de los funcionarios públicos –que a sus líderes sindicales les importa un bledo– goza de renovada salud con cada administración que surge de las últimas elecciones, y en la actual, la del presidente Horacio Cartes, está alcanzando ribetes solo comparables con la época de la dictadura de Stroessner. Estos políticos inescrupulosos mantienen adrede a estas personas en constante estado de dependencia, con el temor de la pérdida de sus puestos, porque esta es la técnica para conservar intacto su sometimiento a la voluntad y el capricho de los caciques.
Mirando desde el otro lado, se observa que, en este perverso sistema, la mayoría de los funcionarios del Estado, de las gobernaciones y municipalidades le deben su cargo y su permanencia, y a menudo también el nivel de sus remuneraciones, a un padrino, a quien deben permanecer leales y agradecerle permanentemente. Si el padrino tropieza políticamente, sus apadrinados van a la cuneta, motivo por el cual deben trabajar intensamente por su estabilidad, lo que implica participar en forma activa en el proselitismo, las campañas y, obviamente, la concurrencia puntual a las votaciones.
Así se degrada la dignidad personal del funcionario, que sabe íntimamente que no se lo contrata ni se le paga por sus virtudes personales ni por sus merecimientos laborales, sino por otros motivos. Se siente un indefenso peón en un tablero donde siempre será el primer sacrificado si la partida va mal. No es raro que personas que se tienen en tan baja estima, además de tener que volverse aduladores y serviles, cedan fácilmente a la tentación de corromperse, de rendir lo mínimo en su trabajo y de sustraer beneficios indebidos en cuanta ocasión se les presente.
Los políticos que manejan la administración pública, por otra parte, valoran los votos de “sus” funcionarios y el apoyo que de estos puedan recibir en sus campañas electorales, premiándolos con prebendas especiales que no forman parte, técnicamente hablando, de sus remuneraciones reales. Así surgen las gratificaciones, horas extras, viáticos, adicionales por títulos universitarios, bonificación familiar, antigüedad, doble o triple aguinaldo, y algo francamente ridículo como el “presentismo”, o sea, se les paga más ¡por asistir a su lugar de trabajo! Con estos instrumentos se privó al Estado de más de 1,6 billones de guaraníes (US$ 280 millones) durante el año 2014. Existen otros beneficios, como, por ejemplo, para los funcionarios de la ANDE pagar solamente la mitad por la energía eléctrica que utilizan en sus residencias y negocios. Obviamente, la otra mitad del costo se carga en las facturas de los demás usuarios, esa inmensa mayoría que no está bendecida con un puesto en esa institución.
Este es el paradisiaco mundo de nuestro funcionariado. Esos aumentos y beneficios se dispensan en general, con total desprecio por la formación profesional y técnica o por la cualificación ética de cada uno. En estas condiciones, ¿cómo pretendemos los paraguayos obtener notas siquiera aceptables en los exámenes a que nos someten organismos internacionales?
Mientras tanto, para nuestras autoridades, sean del partido que fueren, cada cargo equivale a un voto. Eso explica que con cada Gobierno que pasa la burocracia engorde más y más. No nos extrañemos, pues, si después de esta borrachera política pro rekutu encontramos una administración pública aun más obesa.
Así como los organismos internacionales aplazaron a nuestra administración pública, los ciudadanos y las ciudadanas que cada día sufren la ineficiencia de los burócratas también deben aplazar a los funcionarios deficientes, y oponerse públicamente en las calles cada vez que los capitostes políticos propongan más beneficios para su clientela partidaria.