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Itaipú Binacional, lado paraguayo, suscribió recientemente dos convenios de cooperación, con la Unión Industrial Paraguaya (UIP), por una parte, y con la Universidad Paraguayo-Alemana (UPA), por la otra. El acto tuvo lugar en el Palacio de López y contó con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, así como del presidente de la UIP, Gustavo Volpe, y del presidente del Consejo Superior de la UPA, Eduardo Felippo.
Por el primero de ellos, Itaipú y la UIP desarrollarán acciones conjuntas para la formación y consolidación de microempresarios, a quienes la binacional proporcionará todos los medios necesarios –incluyendo respaldo financiero– para salir adelante en sus futuros emprendimientos comerciales. En tal sentido, el director general paraguayo de la binacional, José Alberto Alderete, aseguró que la ayuda será integral, pues incluirá capacitación, mejora de infraestructura, compra de materia prima y comercialización de productos en el mercado nacional e internacional. La previsión inicial es beneficiar a 40 microemprendedores, quienes serán seleccionados a través de un concurso público de planes de negocios sustentables que deberán generar empleo y renta.
En cuanto al acuerdo firmado con la UPA, el mismo tiene una finalidad altamente llamativa: la formación de una élite de supuestos negociadores y mediadores de alto nivel académico, a cuyo efecto la UPA contará con la colaboración de la conocida universidad española de Salamanca (Usal). El propósito sería capacitar a los profesionales para cooperar con las autoridades paraguayas en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado marcada para el 2023. Al respecto, el rector de la Usal, Ricardo Rivero Ortega, manifestó que se tiene pensado capacitar a unos 60 profesionales en las áreas de economía, administración de empresas, sicología, análisis crítico, entre otras disciplinas académicas.
Independientemente del cuestionado uso discrecional del dinero de Itaipú, a primera vista, y atenido a las aseveraciones de sus impulsores, el convenio de cooperación suscrito por la administración paraguaya de la entidad binacional con la UIP es altamente plausible desde el punto de vista económico y social, por tener como objeto apuntalar las iniciativas empresariales de la gente emprendedora, en particular de los y las jóvenes con ansias de superación personal. La transformación de una sociedad largamente agraria y rural, como la nuestra, en una industrial y urbana siempre envuelve grandes cambios en la estructura social, y aunque la economía no la crea el Estado, este tiene un rol fundamental: asegurar el ambiente conducente a los negocios, no solo grandes, sino sobre todo los medianos, pequeños y micros.
Para el efecto, es necesario tener un Estado de derecho que proteja la inversión privada, sea ella grande o pequeña. Por encima de todo, en la intersección de los recursos públicos con el interés privado debe haber honestidad y transparencia de gestión de parte de los funcionarios que administran los recursos destinados a programas de asistencia social, y para eso se debe combatir la corrupción, el cáncer que hace metástasis en los tejidos de la sociedad malogrando los esfuerzos del Gobierno destinados a estrechar la brecha de desigualdad económica y social que aflige a más de la mitad de los paraguayos y paraguayas, mayoritariamente jóvenes.
Como viene sucediendo con los programas de asistencia económica y técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para pequeños agricultores, en que llega a destino apenas el 40 por ciento del dinero desembolsado por el Estado, quedando el 60 por ciento restante por el camino, repartido entre concusionarios y políticos locales corruptos, de forma parecida eso también sucede con el dinero de las binacionales, nominalmente destinado para gastos sociales, pero con matufias burocráticas para desviarlo hacia dudosos destinos fuera del alcance de los organismos de control.
Así las cosas, si hay honestidad y transparencia de gestión en la administración del programa de asistencia socioeconómica convenido por la administración paraguaya de Itaipú con la UIP, el mismo será de provecho. Si no, será una flagrante estafa inspirada en el populismo político y la cultura de la corrupción que campea impunemente en la administración paraguaya de las binacionales.
En cuanto al convenio con la UPA, no puede descartarse el valor de una universidad toda vez que ella sea seria y competente, y en este caso con la intención de formar a jóvenes que puedan prestar servicios en las cruciales negociaciones con Brasil sobre el Anexo C de Itaipú. Aunque esto suene más bien como una propaganda, teniendo en cuenta que dichas negociaciones ya están a la vuelta de la esquina y el Gobierno debe destinar para ese sensible menester a los más experimentados juristas, diplomáticos y técnicos con que cuenta el Paraguay, ya que se estará “negociando con tiburones”, como dice el nombre de un conocido programa de televisión.
Más allá del altruismo que pudiera conllevar estas iniciativas sociales de las autoridades paraguayas de Itaipú, lo ideal sería que el dinero de las binacionales sea canalizado por el conducto correspondiente, que es el Presupuesto General de la Nación, y no con base en el criterio de los cuestionados personajes que lo manejan.
Por otra parte, dada la aguda necesidad del fluido eléctrico de la población y la industria nacional, es de preguntar si el dineral de los “gastos sociales” no estaría mejor destinado si con él se financiaran más líneas de 500 kV, absolutamente indispensables con miras a la próxima renegociación del Anexo C del Tratado. Es plausible, por tanto, el anuncio realizado por el presidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, de que se construirán dos nuevas líneas de 500 kV, que es la única forma de garantizar la plena disponibilidad de la energía paraguaya en Itaipú.
Es hora de que las entidades binacionales aporten para el Paraguay lo que le corresponde, y que la energía que le pertenece a nuestro país no sea escamoteada a precio vil por nuestros socios en esos emprendimientos.