La nueva administración comunal de Encarnación heredó una deuda de 4.500 millones de guaraníes, pero también una lista de 35 grandes contribuyentes, que deben a la Municipalidad nada menos que 6.300 millones. El intendente Luis Yd se ha puesto en campaña para, como es su obligación, reclamar el pago de los tributos municipales, emplazando a los morosos a que se pongan al día para evitar el cobro por la vía judicial y la difusión de sus nombres. Así como el exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego divulgó a inicios de julio de 2015 una lista de más de 50 empresas que adeudaban a la Municipalidad casi 90.000 millones de guaraníes, Luis Yd debe identificar a quienes se benefician de las obras y de los servicios municipales sin haber contribuido a financiarlos. Como esta última información es “de carácter público”, según el propio jefe comunal, ella debe llegar a la ciudadanía cuanto antes, tal como lo exigió formalmente un grupo de vecinos. El art. 68 de la Ley Orgánica Municipal (LOM) obliga a la Municipalidad a brindar toda información pública que haya creado u obtenido, dentro del plazo de quince días. Los encarnacenos tienen derecho a saber quiénes se aprovecharon de la ineptitud o de la deshonestidad de la anterior administración municipal para eludir sus obligaciones y, eventualmente, competir en el mercado en forma desleal. Quienes cumplen con las leyes y las ordenanzas hacen bien en reclamar que los nombres de los morosos salgan a la luz pública y se les exija a pagar su deuda, en tiempo y forma, como a todos los demás, pues la transparencia es un buen antídoto contra la ineficiencia y la corrupción. Los morosos no deben seguir escudados en el anonimato y, desde ya, merecen la sanción moral de los vecinos que cumplen con las leyes y las ordenanzas.
Muchas municipalidades no solo están endeudadas, sino que también tienen impuestos, tasas y contribuciones que no han recaudado en los últimos años. Deben apresurarse a cobrarlos, ya que el art. 173 de la LOM dice que la acción para el cobro de los tributos prescribe a los cinco años. Para eso hace falta que, imitando a los vecinos de la capital de Itapúa, los de las mayores localidades, sobre todo, se movilicen para exigir que se ponga fin a la morosidad de los avivados y, al mismo tiempo, reclamar que la Intendencia, con el acuerdo de la Junta Municipal, cree las Juntas Comunales de Vecinos, previstas en el art. 57 de la LOM. Entre las funciones de estos organismos auxiliares figuran las de “coadyuvar con la Intendencia Municipal en la tarea de percepción de tributos” y cooperar con ella en el cumplimiento de las normativas municipales, difundiéndolas entre los vecinos.
Es preciso que aumente en gran medida la participación ciudadana en la gestión municipal, pues resulta claro que no se puede confiar a ciegas en el desempeño de los intendentes ni en el de los concejales. Que los vecinos insten a que la Municipalidad llame a audiencias públicas para informarles, pedirles su opinión o evaluar la calidad de los servicios, que asistan a las sesiones plenarias de las Juntas Municipales y que sus organizaciones pidan un espacio para exponer asuntos de interés público ante las comisiones permanentes de ese órgano.
Los pobladores de Encarnación están actuando en defensa de sus legítimos intereses. Lo mismo deben hacer los de otros puntos del país para que ninguna administración comunal siga siendo una cueva de ladrones y de inútiles.
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