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El vicepresidente de la República no tiene más deberes ni atribuciones que los incluidos en el art. 239 de la Constitución, esto es, sustituir de inmediato al presidente de la República en caso de impedimento, ausencia temporal o vacancia definitiva del cargo; representarlo, nacional e internacionalmente, por designación del mismo, con todas sus prerrogativas; participar de las deliberaciones del Consejo de Ministros y coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Nada más. Por eso, la gente ya ha comparado al vicepresidente con un “florero”.
Sin embargo, pese a la poca relevancia de sus funciones, el presupuesto de este año de la Vicepresidencia de la República asciende a 13.340.408.927 guaraníes, suma que incluye 800 millones de guaraníes en concepto de gastos reservados. El 70% corresponde a los llamados servicios personales, que abarcan las remuneraciones básicas y temporales de los funcionarios, así como las asignaciones complementarias, entre otras. El vicepresidente actual, Hugo Velázquez, tiene un ingreso mensual de 36.780.000 guaraníes, incluidos los gastos de representación, lo que no le debe parecer muy alto a quien ya parece haber labrado una fortuna en la función pública. Para los contribuyentes, en cambio, no es poco dinero el que se previó para mantener un cargo solo relevante a la hora de reemplazar al jefe del Poder Ejecutivo, “con todas sus prerrogativas”.
Quien encabeza la anodina institución tiene, por así decirlo, un derecho en expectativa. No obstante, en enero último, la Vicepresidencia contaba con 67 funcionarios (veinte comisionados a otros órganos), nueve contratados y cinco comisionados de otros órganos, lo que significa que allí “trabajan” de hecho 61 personas, como asesores, directores generales, directores, coordinadores, jefes de departamento, “profesionales”, asistentes técnicos, auxiliares técnicos y auxiliares de servicios. Todo un ejército de zánganos para una institución que prácticamente no tiene nada que hacer, aunque, como se ve, sirve para que los políticos ubiquen allí a su clientela, muchos de los cuales son “comisionados” a otras instituciones donde tampoco tienen nada que hacer.
Es de preguntarse qué hacen los funcionarios contratados y comisionados durante la jornada laboral, aparte de intercambiar chismes o chistes, si es que aparecen en la sede de Juan E. O’Leary 222, Asunción. Ahora resulta que desde el último 13 de marzo, la Vicepresidencia de la República tiene una directora general de la Unidad de Derechos Humanos, la exdiputada Olga Ferreira de López, que cobraría en tal concepto 14.948.900 guaraníes mensuales, incluidos gastos de representación. ¿Necesita ese organismo a alguien que se ocupe allí de los derechos humanos o solo se trata de que la agraciada necesitaba un cargo, tal como cuando instaló a sus hijos Laura y Martín en las Cámaras del Congreso? La obvia respuesta es que la flamante directora tenía ganas de volver al Presupuesto nacional tras haber fracasado en su intento de ser reelecta, pese a que ya podría gozar de una jubilación por haber sido legisladora durante tres periodos. Encontró la mano generosa, con el dinero ajeno, que le tendió un excolega, el vicepresidente Velázquez, quizá para disgusto de los colorados añetete, por no ostentar ella la condición de correligionaria. Por su parte, los contribuyentes pueden estar irritados por el malgasto que implica la sinecura en cuestión.
Es como para poner en duda la pertinencia y aun la legalidad de este nombramiento, porque si el vicepresidente reemplazara al presidente “con todas las prerrogativas” tendría a su disposición a todo el aparato estatal, en el que ya abundan organismos que se ocupan de los derechos humanos. Una vez más, así, se incurre en el absoluto despilfarro para atender a la gente que quiere seguir ordeñando la vaca lechera del Estado.
Además de la Defensoría del Pueblo, cuya primera función es defender los derechos humanos, y de la Dirección General de Derechos Humanos del Poder Judicial, ambas Cámaras del Congreso tienen una Comisión de Derechos Humanos y hay una Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, creada por la Ley N° 4288/11. También existe una Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene toda una Red de Derechos Humanos, reglamentada por el Decreto N° 584/16 e integrada por los ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores, Salud Pública y Bienestar Social, Defensa Nacional, Interior, Industria y Comercio, Educación y Cultura y de la Mujer, así como por las Secretarías de la Juventud, de Información y Comunicación, Nacional Antidrogas, Nacional de la Niñez y la Adolescencia, de la Función Pública, de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, de Acción Social, Nacional de Deportes, y de Emergencia Nacional, a las que se suman la Procuraduría General de la República y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público (en virtud de un convenio de 2012). Se observará que la Dirección General de la Unidad de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República no integra la impresionante red, porque en la práctica esta institución no tiene asignada ninguna función más allá de las poquísimas expresamente dedicadas al vicepresidente. Estamos, así, frente a un clientelismo puro y duro. El salario de la afortunada Olga Ferreira de López no saldrá de los bolsillos del vicepresidente Hugo Velázquez sino, como siempre, de Juan Pueblo.
No hay el menor sentido de la austeridad, ni en lo que respecta a la creación de órganos y cargos ni en lo tocante al empleo de los fondos dentro de cada institución. Esto no se condice en absoluto con las agudas necesidades sociales que se denuncian todos los días. Los ciudadanos y las ciudadanas deben manifestarse públicamente y oponerse a continuar financiando el carnaval de los políticos y autoridades.