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El “Doing Business 2018” del Banco Mundial, que clasifica a 190 países según el clima de negocios en cada uno de ellos, ubica al Paraguay en el puesto 108, de acuerdo a diez indicadores sobre la materia. Su peor hándicap se registra en lo que se refiere a apertura de un negocio, donde aparece en el puesto 146.
Cualquiera pensaría que en un país donde lo que sobran son funcionarios públicos, los trámites correrían como sobre rieles, pero, por el contrario, la cantidad de parásitos que abarrotan las instituciones públicas más bien constituyen un palo en la rueda a cualquier gestión, porque muchas veces los papeles a propósito no se mueven sin el correspondiente “aceite” para alimentar a los zánganos que pululan en sus oficinas.
Resulta penoso que los excesivos trámites burocráticos dificulten el inicio de una actividad lucrativa formal, en un país donde su población, especialmente la generación joven que accede al mundo del trabajo, necesita con urgencia ganarse la vida.
Esta cuestión tiene mucho que ver, a más de la voluminosa burocracia mencionada, con la economía subterránea y con la corrupción, dos lacras que en nuestro país tienen proporciones alarmantes.
Para tener una idea del infernal papeleo que supone abrir un negocio, basta con referir solo los documentos que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) exige a una empresa unipersonal: 1) Formulario de apertura de empresa. 2) Dos copias de cédula de identidad autenticada del titular y, en su caso, del apoderado. 3) Si habrá empleados, se debe adjuntar su listado, el formulario de declaración jurada y el de inscripción, así como la copia autenticada de la cédula de identidad de cada uno de ellos, y –créase o no– una copia impresa de la ubicación georreferenciada del local (“google maps”). 4) Documentos a cargo del abogado patrocinante: dos escritos dirigidos al Juzgado en lo Civil y Comercial de Turno, solicitando matrícula de comerciante; un certificado de interdicción judicial / informe de registros; dos “copias originales” de la minuta de inscripción de matrícula de comerciante - formulario N° 17 de la Dirección General de Registro Públicos; liquidación y pago de tasas judiciales: “informes de interdicto, tasa de juicio, matrícula de comerciante, para la inscripción en los Registro Públicos y obtener la matrícula de comerciante” (sic).
A estos requisitos del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas del MIC, cuyo costo en tiempo y dinero puede disuadir al más animoso emprendedor, se agregan otros de acuerdo a la actividad a realizarse, como el de contar con un extinguidor de incendios para poder desarrollar aplicaciones tecnológicas.
Por supuesto, el inversor extranjero que desee radicarse en el país debe obtener antes un carnet de la Dirección Nacional de Migraciones, para lo cual deberá esperar 90 días, siempre que “los documentos ingresados sean aprobados en todas las etapas de verificación”. Esos documentos son doce, la misma cantidad que la Municipalidad de Asunción requiere para otorgar una “licencia para la habilitación del negocio como Casa Matriz”. Según el director ejecutivo de la ONG Pro Desarrollo Paraguay, Sebastián Acha, esas barreras burocráticas son en nuestro país una de las causas de la vasta economía informal, que mueve más de 11.000 millones de dólares anuales. Obviamente, la Administración Tributaria no alcanza a quienes allí actúan, lo que explica en gran parte que el Paraguay se halle en el 127º lugar en cuanto al pago de impuestos, según el citado ranking del Banco Mundial. Más aún, esa informalidad de nuestra economía conlleva la del mercado laboral, donde se desempeña el 70% de los trabajadores que, por ende, están al margen de la seguridad social.
Resulta claro, entonces, que la formalización es tan dificultosa que arroja al mercado negro o mantiene en él a quienes no tienen ni la paciencia ni los recursos financieros necesarios para avanzar dentro de la jungla burocrática. La cuestión se agrava cuando a las trabas administrativas se suma la indolencia de los funcionarios, que muchas veces es deliberada para inducir al soborno oportuno que de pronto acelere un trámite, incluso eludiendo algún paso. En efecto, “cajonear” un expediente hasta que junte polvo es un recurso habitual para arrancar dinero al pobre particular que desee ajustarse a las leyes y a las ordenanzas.
La simplificación de los trámites beneficiará al fisco, a los trabajadores y, desde luego, a quienes deseen formalizar o instalar una pequeña o mediana empresa, pero también servirá para erradicar un caldo de cultivo de la corrupción. No basta con que las leyes fomenten la inversión: también es necesario que la administración pública se abstenga de entorpecerla con exigencias reglamentarias absurdas, que castigan sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, es decir, a la enorme mayoría de las existentes en el país, de hecho o de Derecho.
Siempre de acuerdo al mencionado informe del Banco Mundial, el Paraguay ocupa el lugar 138 en lo que hace a la protección de los pequeños inversionistas minoritarios, siendo esta su peor calificación, luego de la correspondiente a la apertura de un negocio. Se agrava esa desprotección con el enfadoso papeleo, que pone al productor o al comerciante en manos de un funcionariado nada comprometido con el desarrollo.
Es imperioso allanar los obstáculos que haya para la creación de puestos de trabajo en regla. Para eso, entre otras cosas, hay que exigir la aplicación de una norma que hasta ahora es letra muerta, porque ni los funcionarios ni los ciudadanos han tomado nota de ella. Se trata de la Ley N° 4679/12 de Trámites Administrativos, que obligó a todas las entidades públicas a dictar un reglamento al respecto, especificando el plazo máximo para que el funcionario responsable de cada etapa dicte la resolución asignada, so pena de ser sancionado, incluso con la destitución, en caso de demora. Pero la misma pasa desapercibida, sin que la Defensoría del Pueblo ni la Secretaría de la Función Pública tomen nota de que fue promulgada en beneficio del particular que presenta una solicitud.
Es necesario, pues, mejorar el “clima de negocios”. El burocratismo es una lacra que solo favorece al funcionario corrupto, que traba las iniciativas para crear empleos y, en consecuencia, aumentar la formalidad y la recaudación fiscal.