Salió a la luz pública una información según la cual el actual defensor del Pueblo, Miguel Godoy, acaba de revocar una resolución del anterior titular de ese cargo, Manuel María Páez Monges, por la cual se adjudicaron unos 100 millones de guaraníes de indemnización a una supuesta “víctima de la dictadura”, Hugo Ortiz, que, en realidad, fue una persona aprehendida por tráfico de drogas, según el informe oficial recogido del Archivo del Terror y remitido a Páez Monges, en 2010, por la delegada del 5º Turno de la Defensoría, Nancy Frachi. En dicho informe se dejaba bien claro que, según esos archivos, el candidato a ser indemnizado nunca fue un perseguido político, sino un sospechoso de tráfico de drogas, que fue lo que motivó su apresamiento.
Pese a estos antecedentes, Páez Monges ni siquiera detuvo el expediente por tratarse de un caso dudoso que merecía mayor investigación, sino que le dio trámite a la solicitud, consiguiendo el aval del entonces procurador general de la República, José Enrique García, indispensable para convalidar el otorgamiento de la indemnización a la falsa víctima, en una maniobra que, por supuesto, huele a lo que tiene que oler algo así en nuestro país: podredumbre.
Páez Monges fue sustituido después de muchos años de detentar irregularmente la titularidad del cargo, y, si bien ahora no ocupa otro cargo público, tampoco está procesado por las numerosas denuncias de irregularidades que van saliendo en las auditorías a su gestión.
Sin embargo, José Enrique García, con la llegada de Mario Ferreiro a la intendencia, pasó a ser asesor legal de la Municipalidad de Asunción y, después, agraciado nada menos que con el cargo de contralor general de la República, uno de los puestos más importantes para los intereses del país en las altas estructuras del aparato del Estado.
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Este nombramiento se realizó contra todo el sentido común, porque pesaba sobre este individuo la grave sospecha de haber entrado en colusión dolosa con una empresa concesionaria de la Municipalidad, Ivesur, consistente, resumidamente, en omitir presentar en tiempo y forma la apelación judicial de una sentencia que favorecía a su contraparte, la citada concesionaria, y obligaba a pagar a esta más de 3 millones de dólares. Por ende, perjudicó a su cliente, acto que, de ser constatado, implicaría para García haber incurrido en una omisión injustificable, incursa en el Código Penal.
Lo cierto es que, en el caso recientemente denunciado de la Defensoría del Pueblo, el entonces procurador general, José Enrique García, habría convalidado una “matufia” orquestada por Páez Monges, destinada a despojar al Estado del equivalente a unos mil jornales mínimos de entonces, con el fin supuesto de beneficiar a una persona que se presentaba como víctima de la dictadura sin serlo. Lo que hicieron en realidad ambos, entonces, según esta información, fue inventar una falsa víctima, convirtiendo al Estado –al contribuyente– en la verdadera víctima.
En un país medianamente serio, el caso que involucra al actual contralor general en su paso por la Municipalidad es lo suficientemente grave como para desplazar de su cargo de inmediato a cualquier funcionario.
Este nuevo episodio viene a empuercar aún más la historia personal del contralor. ¿Cómo es posible que se haya elegido a una persona con tales antecedentes para ocupar tan importante cargo? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que, una vez que se hayan ventilado sus trapisondas, las autoridades superiores de la Nación lo mantengan en su lugar como si nada?
Es fácil explicar esta y otras situaciones similares: es la impunidad que carcome toda la estructura de nuestras instituciones la que permite que inescrupulosos, ladrones y desfachatados ocupen altos cargos públicos, basureando con sus atracos la Constitución y las leyes.
Mientras el Paraguay continúe siendo desgobernado por gente de esta calaña, y las evidencias de tal desgracia sigan sin tener consecuencia alguna, no podemos quejarnos de que falten medicamentos en los hospitales, sigan cayendo techos de escuelas y puentes, y que las esquinas de nuestras ciudades sigan siendo el lugar de “trabajo” de nuestra juventud.
La culpa la tenemos los ciudadanos y las ciudadanas que soportamos con indiferencia estas situaciones, en vez de salir a las calles para protestar con indignación en cada ocasión en que políticos sinvergüenzas nos meten tan descaradamente las manos en nuestros bolsillos. Esta del contralor Enrique García ya es el colmo.