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A través de los años, las declaraciones juradas del senador colorado Víctor Bogado, a las que nuestro diario se vino refiriendo en los últimos días, demuestran cuán inocuas son las normativas referentes a tales rendiciones para detectar el enriquecimiento ilícito de las personas en el ejercicio de la función pública, debido a la negligencia, cobardía o complicidad de contralores, fiscales y jueces.
La Ley Nº 2513/04 dice que comete ese hecho punible el funcionario que “haya obtenido la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios, cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo sobrepase sus legítimas posibilidades económicas, y los de su cónyuge o conviviente”. Sirve para constatarlo el cotejo entre las declaraciones juradas de bienes y rentas que debe presentar todo funcionario, incluso el de elección popular, al ocupar un cargo y al abandonarlo, dentro de los quince días en cada caso. Esta norma constitucional ha sido reglamentada por la Ley Nº 5033/13, que le otorga a la Contraloría General de la República amplias facultades para investigar, dentro y fuera del país, la veracidad de lo expuesto, pese a lo cual ese pomposo organismo constitucional ha tenido escaso éxito, mientras pululan los funcionarios que se han convertido en verdaderos magnates, haciendo “milagros” con sus modestos salarios en la Administración Pública.
Es de recordar que el Código Penal castiga con hasta cinco años de prisión a quien presente una declaración jurada falsa ante una oficina facultada para recibirla, como lo es la Contraloría. Hasta ahora, solo en dos juicios por enriquecimiento ilícito se dictaron condenas, sin que hayan surtido ningún efecto porque las causas se extinguieron al vencer el plazo máximo de duración de los procesos, debido a las constantes chicanas de los defensores. Uno de los fallos recayó en 2006 sobre el expresidente de la República Luis González Macchi, quien durante su desgobierno remesó más de un millón de dólares a una cuenta secreta abierta en Suiza, no mencionada en su última declaración jurada, estando entonces vigente el Decreto-Ley Nº 448/40, “por el que se previene y reprime el enriquecimiento ilegítimo”. El otro fallo recayó en 2005 sobre el funcionario aduanero Leandro Leguizamón, cuyo patrimonio tuvo un aumento injustificado de 2.500 millones de guaraníes, según constató el Ministerio Público por sus propios medios, cuando el mismo aún ocupaba su cargo, tal como lo viene haciendo hasta hoy. Esto implica que no es imprescindible un previo dictamen de la Contraloría ni el abandono de la función pública para que sea posible procesar a los corruptos. Por lo tanto, la Fiscalía de Delitos Económicos hará bien en investigar de oficio, por ejemplo, el origen del enorme incremento de los bienes del mencionado senador Víctor Bogado.
Por de pronto, le servirá de mucha ayuda que la Contraloría le remita el lapidario informe que elaboró sobre las seis declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por el legislador entre 1994 y 2010 y que ese organismo guardó bajo siete llaves, pese a que la Ley Nº 276/94 le obligaba a denunciar a la Justicia Ordinaria y al Poder Ejecutivo todo delito del que tenga noticias por sus funciones específicas. Los indicios en tal sentido eran muy serios, pues se constató que no existen correspondencias entre las declaraciones juradas, es decir, que el aumento patrimonial consignado por el hoy legislador colorado fue incongruente con los salarios percibidos en la función pública. Para ilustrar que mucho de cuanto el mismo toca se convierte en oro, basta referir que, según su primera declaración jurada, cuando entró en la función pública en 1978, como un empleado de la Antelco que ganaba algo más de un millón de guaraníes mensuales, tenía una cuenta bancaria de 2.450.000 y una deuda de 12 millones, mientras que en 1999, al dejar la presidencia de la Antelco, reportó que tenía 25.136 dólares, cuatro inmuebles y cinco vehículos, cuyos respectivos valores no consignó, omisión en la que también incurrió en las declaraciones juradas posteriores con respecto a esos dos tipos de bienes. En suma, de acuerdo a la última declaración jurada examinada en el informe de la Contraloría, presentada en 2010 al asumir la presidencia de la Cámara Baja, el patrimonio del afortunado senador ascendía a 455.812.099 guaraníes, 58.404 dólares, siete inmuebles y dos vehículos, y una deuda de 130.000 dólares.
La Contraloría ya advirtió una falta de correspondencia solo con base en las manifestaciones de Víctor Bogado, es decir, sin poder considerar el valor de los inmuebles y vehículos mencionados ni el de los inmuebles que aparentemente ocultó, entre los que figuran tres departamentos en un lujoso edificio capitalino y una casaquinta en Atyrá. Por supuesto, tampoco refirió aquellos que presuntamente están a nombre de testaferros, como una vivienda en Lambaré y otra en Asunción, cuyos supuestos dueños serían su exesposa Guadalupe Aveiro y su madre Teódula González.
Acaba de revelarse que posiblemente utilizó los servicios del mecánico Miguel Ángel Carballo para confiarle hacer préstamos de dinero y poner a su nombre una empresa con un capital de 5.000 millones de guaraníes, un centro de compras –subvalorado– en 1.900 millones y un departamento que cuesta 450 millones, ubicados todos en Asunción. O sea, el patrimonio continuó creciendo notablemente luego de 2010, sin que, desde luego, nada se hiciera constar. Siempre que disponga del coraje y sentido de responsabilidad en el cumplimiento de su deber, el Ministerio Público ya tiene bastantes elementos de juicio para hurgar en la fortuna del senador, sin necesidad de esperar un informe de la Contraloría.
Como aparte de ocultar inmuebles y de tener prestanombres puede tener también en el extranjero bienes no declarados, la Contraloría debe ejercer la facultad que le otorga la Ley Nº 5033/13 y, en consecuencia, sustanciar investigaciones, tanto dentro como fuera del país –sobre todo en Panamá–, para determinar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas y de las informaciones o de la documentación presentada, así como requerir al declarante toda información adicional sobre sus manifestaciones dentro del plazo de treinta días.
Teniendo en cuenta el pobre resultado de su gestión en un paraíso de la corrupción como es nuestro país, tanto la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Federico Espinoza, como la Contraloría, a cargo de Enrique García, están en deuda con la población esquilmada por los delincuentes de guante blanco.
La lucha contra el enriquecimiento ilícito debe ser una causa nacional para todos los ciudadanos y las ciudadanas, y, en consecuencia, deben reclamar públicamente a los contralores, fiscales y jueces que cumplan con su deber. No faltan leyes, sino honestidad y coraje en quienes deben aplicarlas.