Desde hace muchos años se viene denunciando sistemáticamente la perversidad del sistema electoral paraguayo, consistente en sostener un monopolio de poder en manos de las cúpulas de los partidos políticos, especialmente de los tradicionales.
El régimen de “listas sábana”, cuya descripción nos ahorramos por ser suficientemente conocida, se originó en el Art. 258 del Código Electoral, que dice, en su primera parte: “Los convencionales constituyentes, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur, miembros de las Juntas departamentales y municipales, serán elegidos en comicios directos por medio de listas cerradas y de representación proporcional”.
Listas cerradas son aquellas que, una vez aprobadas por la autoridad electoral partidaria, inscriptas e impresas en los boletines de voto, no pueden ser alteradas por los electores en el acto del sufragio. Vale decir, quedan constreñidos a votar por la lista íntegra, sin permitírseles tachar los nombres de los candidatos a los que no desean elegir. Aquí radica el nudo de la cuestión.
Aunque al principio quizás no haya sido pensado por los legisladores originarios como pérfida herramienta de dominación, lo cierto es que el sistema terminó siendo esto mismo. Es un instrumento que funciona otorgando a las cúpulas partidarias –integradas por seis o siete caudillos dirigentes y “financistas” especiales– la atribución exclusiva de nombrar a quienes ellos prefieran para ocupar los cargos más altos de las listas electorales, aquellos que tienen mayores posibilidades de reunir los números para ingresar en las listas finales.
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Cuando se comenzó a debatir acerca de la infame prerrogativa que este régimen electoral concede a los capitostes y cabezas de movimientos, grupos de presión y empresarios del electoralismo –los adinerados “contribuyentes” a las campañas comiciales–, se escucharon toda clase de objeciones a las propuestas de cambio. Una de ellas, de índole técnica, sostenía que con listas abiertas el escrutinio sería imposible, que duraría meses y requeriría ingente cantidad de recursos y personal.
Como consecuencia natural de un sistema así, fue inevitable la formación de aristocracias partidarias, conformadas por políticos que no solamente creen que el cargo les pertenece por derecho natural, sino que hasta tienen una opción prioritaria para legar sus bancas en herencia a sus favoritos. Actualmente, hay legisladores que van por su quinto período y algunos ya lograron hacer elegir a hijos y parientes.
En el año 2012, apremiados por las críticas de los medios periodísticos y la queja general, imaginaron que podrían poner paños fríos a la cuestión introduciendo una pequeña alteración del sistema. Ella buscaba dar la impresión de que se mejoraría el sistema de representación permitiendo que el elector escoja el nombre de un solo candidato de la “lista sábana”, para concederle su voto especial, de tal suerte –se decía– que los candidatos que reciban mayor cantidad de votos preferenciales tendrían mayores posibilidades de ser elegidos.
El engaño o la inanidad del mecanismo incorporado se hizo evidente de inmediato en ensayos realizados para probar su funcionamiento, cuando se comprobó que el nuevo voto preferencial favorecía a un candidato pero también a la lista completa. La supuesta ventaja terminaba siendo así palmariamente ilusoria, pues, según el sistema D’Hondt, para que un nominado de las partes bajas de las “listas sábana” alcance a otro de las altas, debía lograr triplicar sus votos. En resumen, un cambio que dejaba los engranajes funcionando casi igual.
Por tanto, al año siguiente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dictaminó que el sistema de listas “semidesbloqueadas”, antes descripto, era inútil, complicado y costoso. En consecuencia, sugirió al Congreso que se lo desechara y se retornara al régimen de listas cerradas (“sábana”) o se asumiera, de una vez por todas, el régimen de listas abiertas. En otras palabras, “cualquier cosa menos esta”.
Ante la posibilidad sugerida de adoptar listas abiertas, surgieron nuevamente las objeciones reiteradas y conocidas, como que el sistema era técnicamente desaconsejable porque complicaría el escrutinio, relegaría a los partidos políticos a ejercer un rol insignificante, se disgregaría el sistema de representación popular sin orientación ni referencias, etc. Aunque el más poderoso argumento –que se esgrimía en voz baja– era el de que los caudillos inescrupulosos, los políticos bandidos y los candidatos con respaldo financiero suficiente, de todos modos continuarían ocupando los primeros lugares en las listas, fueran estas bloqueadas, semicerradas o del todo abiertas, relegando a los demás, como ocurre ahora, a los puestos subalternos.
En definitiva, las cosas quedaron tal cual estaban y el país continúa “disfrutando” de una democracia corrompida por dos o tres cúpulas partidarias que, afianzadas con viejas y probadas artimañas, conservan, contra viento y marea, sus privilegios para determinar quiénes serán “representantes del pueblo” y quiénes no. El Art. 124 de la Constitución dice que los partidos políticos “Deben expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”. El bastardeamiento de este principio de representatividad popular y de las altas funciones asignadas a los partidos es la causa de que los órganos legislativos paraguayos actuales sean probablemente los más mediocres e ineptos de América Latina.
Con el régimen de “listas sábana” las dirigencias partidarias se convirtieron en turbias oligarquías conformadas por sinvergüenzas aplicados a extraer el mayor beneficio posible de su posición de poder e influencia. Para peor, ahora se agregan alarmantes signos de injerencia de narcotraficantes en algunas de esas organizaciones, fenómeno que, previsiblemente, ha de aumentar y no disminuir.
Los paraguayos y paraguayas tenemos el deber histórico y patriótico de emplear todo el esfuerzo posible para erradicar el ignominioso régimen de “listas sábana”. Debemos ponernos en campaña ahora, durante este 2019, precisamente porque no es un año electoral. Si se reaccionara recién cuando se acerquen las elecciones, los políticos y legisladores utilizarán el consabido argumento de que “ya no hay tiempo para implementar”, a fin de que las cosas sigan como están. El Paraguay ya no debe soportar la dictadura de los ignorantes ni de los sinvergüenzas.