En Paraguay, la carrera en la función pública, en vez de ser de mérito, generalmente es de favor, independientemente de toda idoneidad. Para acceder a un empleo en la administración pública basta ganarse la simpatía de alguien con algún poder político o burocrático, por el medio que sea. Contadas son las excepciones a esta regla. Hay que acogerse al favor político para acceder a un cargo público, y una vez afianzado en el mismo buscar la manera de meter la mano en la lata del dinero de los contribuyentes. Con suficiente plata mal habida en el bolsillo, el corrupto funcionario público se aproxima a las cúpulas de los partidos o movimientos políticos, y plantea su interés en ocupar una banca en el Congreso Nacional mediante su inclusión como candidato en la correspondiente “lista sábana”. Es vox populi que una banca en la Cámara de Diputados cuesta entre 1.000 y 2.000 millones de guaraníes; una de senador, entre 2.000 y 4.000 millones. Una vez que logra ocupar un curul, el “electo” de que se trate se blinda jurídicamente, obtiene “fueros”.
El exsenador Víctor Bernal (ANR), en la INC y en Itaipú; el exdiputado Fernando Nicora (PLRA) y el actual Aldo Vera (Avanza País), en la SEN; el senador Víctor Bogado (ANR), en Conatel; el diputado José María Ibáñez (ANR), en el MIC (Rediex); Efraín Alegre (PLRA), en el MOPC, por citar solo algunos de los que integran la larga lista de políticos devenidos “honorables senadores y diputados de la Nación” luego de pasar por la función pública en donde se hicieron de suficiente dinero para pagar sus campañas.
El común denominador de estos personajes que tirando la camiseta ensuciada como servidores públicos se han puesto una limpia y reluciente como legisladores, es que han perdido el pelo pero no la maña. Para comprobarlo, basta fijarse en el deplorable espectáculo del clientelismo político y la corrupción que promocionan entre bambalinas en ese antro de descontrol administrativo que es actualmente el Congreso Nacional, con su plantilla de clientes políticos prendidos del saco de cada uno de los legisladores, sean esposas, novias, amantes, hijos e hijas, parientes cercanos y lejanos.
Dentro de este círculo vicioso que envilece la función pública en nuestro país, están girando y girando sucesivas camadas de personas que entran a la arena política para ocupar una función pública, volverse millonarias en ella y salir a disfrutar de su riqueza impunemente. Amasan envidiables fortunas cuyo origen les es imposible demostrar, amparadas por una Justicia complaciente que deja impunes a los ladrones.
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Desde la caída de la dictadura hasta ahora, año tras año, Gobierno tras Gobierno, banda tras banda, han salido catervas de millonarios a disfrutar tranquilamente del dinero mal habido. Mientras tanto, en el país se derrumban techos de escuelas, los hospitales no tienen medicamentos, los productos se pudren en el campo por falta de caminos de todo tiempo; los campesinos migran a las ciudades porque no tienen tierra, y si la tienen, nadie les enseñó ni les enseña a trabajarlas, etc., etc., con el resultado de que la ignorancia y su consecuencia, la pobreza, continúan aprisionando al país en unos garfios de hierro.
Proyectando la escandalosa corrupción que actualmente campea en nuestro país sobre el telón de fondo de la que prevalecía bajo el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, nos encontramos con la absurda realidad de que es igual o peor que aquella. Esto se explica porque en aquellos tiempos la corrupción estaba confinada a los círculos áulicos del poder y sus beneficiarios se cuidaban de no caer en excesos que sobrepasaran públicamente los estrictos límites impuestos por el dictador a sus adláteres.
La gran ironía es que actualmente la gente tiene la percepción de que la corrupción bajo la dictadura fue más moderada que la prevaleciente actualmente al amparo de la libertad y bajo un régimen de gobierno que se precia de democrático. Sucede que, mientras durante la dictadura la corrupción se concentraba en el círculo privilegiado, ahora su marea ha cubierto con sus sucias aguas el modus vivendi de la oligarquía burocrática criolla que tiene a su discreción el dinero público aportado por los esforzados contribuyentes. Ministros del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Justicia Electoral, diputados, senadores, presidentes de entes estatales, gobernadores, intendentes y jefes militares y policiales, según se lee todos los días, meten la mano en la lata de caudales públicos al amparo de una lamentable cultura de impunidad total.
La única fuerza cívica capaz de poner freno a la corrupción y la impunidad es una enérgica reacción pública de los ciudadanos y las ciudadanas, como las que protagonizaron los estudiantes universitarios y secundarios, y más recientemente la población en general opuesta a la inconstitucional enmienda pretendida por el presidente Horacio Cartes para su reelección.