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El Gobierno debe poner freno de inmediato a la afrentosa repartija de pasaportes diplomáticos, evidenciada en publicaciones recientes. Por un lado, ella pone de manifiesto la existencia de una casta de privilegiados que se pasea por el mundo con rango de ciudadanos de primera. Por otro, se presta a concretar negociados, devalúa internacionalmente la respetabilidad de los documentos paraguayos y, por último, compromete la imagen de la República ante la comunidad internacional.
En los últimos meses, la ciudadanía ha tomado conocimiento de la discrecionalidad con la que el Ministerio de Relaciones Exteriores expide pasaportes diplomáticos. Parece que el expresidente Horacio Cartes puso en práctica aquella frase de “usen y abusen del Paraguay”, que dirigió a visitantes extranjeros. En efecto, entre los beneficiados con las documentaciones extendidas de manera irregular figuran varios de sus parientes y gerentes, comenzando por su hermana Sarah Cartes y su sobrino Sebastián C. Cartes, a más de la esposa de este, la norteamericana Lisa Ellen Cartes, y un hijo menor de ambos. La larga lista continúa con otra hija de la misma Sarah, Gabriela María Chaves Cartes, su esposo y su hijo. Tampoco faltan los hijos del propio exmandatario, Sofía, Juan Pablo y María Sol.
La frondosa lista del entorno cartista en este tema continúa con su famoso gerente Juan Carlos López Moreira, exjefe del Gabinete Civil de la Presidencia, su esposa Graciela Celia, y tres de sus hijos, además de otros gerentes y sus familiares.
No faltaron los dirigentes deportivos beneficiados irregularmente con los pasaportes diplomáticos, como Juan Ángel Napout, expresidente de la Confederación Sudamérica de Fútbol (CSF), condenado en Estados Unidos por corrupción, y el actual titular de esa entidad, Alejandro Domínguez.
La nómina incluye también al hijo del senador Juan Eudes Afara; a la mayor parte de la parentela del investigado senador Javier Zacarías Irún (su esposa, hermano e hijo mayor), y hasta a un oriental, nacido en Ponta Porã (Brasil), André Tseng Lu, cuyo único mérito es ser un allegado al controvertido legislador esteño. Cabe preguntar con qué criterio el exministro de Relaciones Exteriores Eladio Loizaga emitió las resoluciones para beneficiar a tanta gente que ninguna relación tenía ni tiene con gestiones oficiales del Paraguay.
A la Cancillería, por Decreto Nº 11345/13, le corresponde otorgar los siguientes pasaportes: diplomático, oficial, consular (para los paraguayos radicados en el exterior), de emergencia (en casos humanitarios) y de salvoconducto (para asilados que estén en situación de tránsito hacia el Paraguay). El texto del documento es, sin embargo, excesivamente amplio a la hora de definir qué tipo de autoridades pueden acceder al pasaporte diplomático, las cuales, en ciertos casos y según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pueden llegar incluso a gozar de inmunidad.
Esta situación viene heredada de la era stronista, cuando el régimen concedía de manera absolutamente arbitraria documentación oficial del más alto nivel a parientes, socios comerciales, politiqueros, seccionaleros y hasta amantes de los popes de turno, dándoles carta blanca para pasear a sus anchas por el mundo, así como para actuar impunemente en el extranjero, o bien para sentirse libres de contrabandear y hasta de traficar con todo tipo de mercancías.
Hasta se dio el caso de un embajador paraguayo descubierto traficando oro y diamantes en Asia, amparándose en su estatus diplomático. Otro “representante” fue al mismo tiempo acusado de servirse de su privilegiada condición para ingresar al Paraguay vehículos exentos del pago de impuestos en origen, y traerlos para ofertarlos a menor precio en el mercado local. Esta fue incluso la situación de varios jefes de Misión en el exterior, quienes en su momento eran conocidos con el nombre de embajadores “playeros”. Pero los hechos no son tan remotos. Ya en democracia existió una embajadora en Argentina acusada de “gestas” similares. Y cómo olvidar al “embajador itinerante” de la dictadura, Gustavo Gramont Berres, que concretó en Europa varios negocios sucios que le costaron mucho dinero a nuestro país.
Todos estos factores, sin lugar a dudas, terminan minando la credibilidad del pasaporte paraguayo de cualquier índole, tornándolo un instrumento sospechoso en el mundo y, por ende, pudiendo afectar la libre circulación de nuestros ciudadanos por el planeta. Pero al mismo tiempo suponen un grave perjuicio a la imagen internacional de la República, que debe ser reparado de inmediato por el Gobierno Nacional.
Lo lógico, por la naturaleza del documento, es que la expedición del pasaporte diplomático sea restringida a muy pocas autoridades. En suma, a aquellas que, por disposición de la propia Convención de Viena, aplican a este tipo de credencial. Al resto, con otorgarles un pasaporte oficial, alcanza y sobra. Es decir, un comprobante que acredite el carácter público de su visita a otro país para participar de algún evento específico y que, de retorno al Paraguay, sea devuelto a las autoridades de la Cancillería.
Uno de los principios fundamentales del Derecho Constitucional en una democracia es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Sustentados en esta norma, es de crucial importancia limitar al máximo la concesión de títulos de toda especie que tienden a significar el goce de prerrogativas indebidas, más bien propias de una monarquía absolutista que de una República. En todo caso, las exenciones deben ser absolutamente restringidas a las disposiciones específicas contenidas en el Derecho Positivo de la nación.
En esta delicada materia no debe haber lugar ni tiempo para más discrecionalidad y privilegios. El Gobierno debe actuar de manera urgente y categórica para evitar que en el Paraguay continúe habiendo una casta aristocrática que se dedica a pasear por el mundo, afeando la reputación de la República ante la comunidad internacional.