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Entre las más importantes designaciones que hará el próximo presidente de la República figuran, sin duda, las referidas a los directores paraguayos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Se esperaba que ellas implicaran un cambio sustancial en la política entreguista y corrupta habitual de los Gobiernos que se sucedieron desde la misma firma de los respectivos tratados. Sin embargo, Mario Abdo Benítez se apresta a nombrar para esos cargos tan gravitantes a dos auténticos “escombros” –al decir de monseñor Ismael Rolón–, como lo son Nicanor Duarte Frutos y José Alberto Alderete, como si en todo el país no hubiera personas más íntegras que pudieran ejercerlos para defender con vigor el interés nacional.
Desde ya, el futuro Gabinete no será brillante, por las cualidades morales e intelectuales de sus miembros. La cuestión empeora con el hecho de que los máximos responsables paraguayos en las dos usinas hidroeléctricas vayan a ser de semejante calaña. Ello solo puede causar indignación y preocupación en quienes habían esperado que se pusiera fin al saqueo sufrido por el Paraguay a lo largo de décadas.
Sus penosos antecedentes no auguran nada bueno, de modo que cabe reclamar desde ya que la Cámara Alta, llegado el momento, se niegue a prestar su acuerdo para ambas designaciones. Algunos alegarán que Duarte Frutos y Alderete tienen “experiencia” en la materia de la que se van a ocupar, pero lo que en otras partes puede avalar algún nombramiento, en este país castigado por el latrocinio y la indefensión en las entidades binacionales, solo puede considerarse un estigma.
Para empezar, Alderete integró el Consejo de Administración de Yacyretá desde 1999 hasta 2003, sin que se recuerde una sola intervención suya para precautelar nuestros intereses o tan siquiera insinuar que Argentina debía pagar su deuda por el consumo de energía, deuda que en enero de 2015 llegó a más de 10.250 millones de dólares. Solo se sabe que en ese periodo fue denunciado por la compra sobrefacturada del edificio capitalino de esa entidad binacional, que la causa fue desestimada por la fiscala designada por el fiscal general del Estado Óscar Latorre, y que se defendió ante este diario alegando que no podía oponerse a los tres consejeros que consintieron la adquisición. Luego se volvió ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno de Duarte Frutos hasta 2006, año en que fue sustituido por Pánfilo Benítez, recordado precisamente por haber hecho asfaltar el acceso a la quinta villetana de su antecesor.
La carrera político-administrativa de Alderete fue –para él– muy fructífera: en 1993, siendo senador y tras haber sido consejero del IPS, declaró un patrimonio de 15 millones de guaraníes, en tanto que en 2006 ya ascendía a 2.600 millones –lo que representa un salto de 28.000%–, sin incluir una cuenta de 300.000 dólares en las islas Caimán. En los últimos tiempos, fue jefe de las campañas electorales de Mario Abdo Benítez, labor que será muy bien retribuida, a costa del país, con su nombramiento como consejero de Itaipú, donde ya tiene a tres hermanos instalados desde hace años.
La designación en Yacyretá de Duarte Frutos –otro multimillonario gracias a la función pública– se produce en una circunstancia muy especial. De lo que aquí se trata es de que deje de aturdir a la población con su ilícita pretensión de convertirse en senador activo en vez de vitalicio, como dispone la Constitución Nacional. A cambio, se le ofrece un suculento puesto, en el que manejará muchísimo dinero sin control alguno, incluyendo los llamados “gastos sociales”. Pese a que aceptó este valioso regalo, el expresidente continúa afirmando con toda caradurez que seguirá “litigando por la legitimidad de esa banca”, pero también que estará allí donde le ordene el próximo jefe de Estado.
Si persistiera en ocupar su banca ilegítima, y en el caso de que lo lograra, puede preverse el panorama siguiente: como un senador solo puede pedir permiso para aceptar cargos de ministro o diplomático, quizá pretenda renunciar al escaño eventualmente usurpado para luego sentarse en el sillón de Yacyretá. Es decir, buscaría hacer lo que ya hizo cuando, violando el art. 237 de la Constitución, tuvo el descaro de asumir la titularidad de la ANR el 14 de marzo de 2006, para dimitir tres horas más tarde. Sería inicuo que los senadores se prestaran a una nueva farsa para que esta vez pisotee “brevemente” el art. 189 de la Carta Magna. Si la senaduría vitalicia es un “decorado”, tal como lo considera, la dirección de Yacyretá puede servir como bambalina para ocultar negociados diversos en la entidad binacional que Carlos Menem, siendo presidente argentino, calificó alguna vez de “monumento a la corrupción”.
Como funesto antecedente de su paso por la Presidencia de la República y su actuación con relación a Yacyretá, debe recordarse que en 2006 promovió el infame preacuerdo técnico con el entonces presidente argentino Néstor Kirchner, cuya cláusula de “novación” obligaba al Paraguay a ceder al país vecino, a un precio irrisorio y durante 43 años, la mitad de la electricidad generada en la usina. Tuvo que retirar del Senado su pedido de aprobación ante los vehementes indicios de que sería denegado. Este leonino documento fue concebido como paso previo para la construcción de una nueva hidroeléctrica sobre el brazo Aña Cua del río Paraná, es decir, para que prosigan las coimas y los derroches, sin necesidad de un nuevo tratado. Vale recordar que el entonces ministro de Planificación argentino, encargado de Yacyretá, era Julio de Vido, hoy en prisión e investigado por múltiples corruptelas.
El 27 de junio último la Cámara Alta aprobó en mala hora el “ordenamiento económico” de la entidad binacional, suscrito por Horacio Cartes y Mauricio Macri, que “tiene mucho que ver” con el preacuerdo técnico firmado por Duarte Frutos, según sus propios dichos. O sea que, puede preverse, lo que hará en adelante es ejecutar el engendro que perpetró hace doce años, interviniendo en las jugosas licitaciones por venir. Y conste que, durante la campaña electoral, Mario Abdo Benítez prometió revisar el acuerdo Cartes-Macri sobre la renegociación del Anexo C del Tratado y la construcción de la nueva central hidroeléctrica de Aña Cua, lugar ubicado íntegramente en territorio paraguayo, por estimarlo lesivo para el interés nacional.
En fin, si los susodichos son nombrados como directores paraguayos, es previsible esperar que la corrupción con robos de cuello blanco y la entrega seguirán campeando en las entidades binacionales. Los ciudadanos y las ciudadanas deben expresar públicamente su firme repudio a esta escandalosa transa con cargos públicos que está anunciando el próximo Gobierno, instando a los senadores honestos a que resistan firmemente a esta intención de rifar los intereses de la patria en componendas políticas.