Poco después de caer la dictadura de Alfredo Stroessner el 2/3 de febrero de 1989, el recordado arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón, reclamó hombres nuevos para el Paraguay, al mismo tiempo que clasificó también a otros de quienes se debería prescindir en la función pública. Estas son las categorías a las que aludió:
“Hombres nuevos: no son santos, pero procuran ser honestos consigo mismos, con los demás y con Dios. Sus ideales, criterios y palabras se adecuan a la realidad y a la verdad. No recurren a la mentira o la violencia para acumular riquezas, ni se hacen cómplices, por ambición o cobardía, en fraudes en perjuicio del pueblo.
Hombres viejos: son aquellos adormecidos en la mediocridad...
Remendados: se acomodan a las circunstancias de tiempo, lugar y personas para salvaguardar sus intereses. Son peligrosos...
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Escombros: son aquellos en quienes nada de decencia, de credibilidad y de honor ha quedado en su haber de persona y ciudadano”.
Lamentablemente, en los Gobiernos que sucedieron a la dictadura predominaron los de la última clase. Y aún hasta nuestros días, numerosos stronistas han venido ocupando cargos de relevancia, entre quienes podemos mencionar, por ejemplo, a Darío Filártiga, nada menos que “asesor político” del expresidente Horacio Cartes durante todo su mandato.
Los nombramientos que está efectuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no sugieren que su Gobierno descollará por su honestidad y eficiencia. Entre ellos encontramos también a hombres viejos, remendados y escombros, lo que indica que, pese a sus grandilocuentes protestas contra la corrupción y su promesa de sanear las instituciones, su gestión seguirá el mismo derrotero que caracterizó la de su antecesor, signado por el latrocinio y la ineptitud.
En el programa gubernativo del nuevo Presidente se lee que “la política paraguaya necesita una renovación, que los políticos vuelvan a dedicarse a la gente y a responder a los intereses de todos los paraguayos”.
Y bien, la regeneración y la vocación de servicio anunciadas no condicen, en absoluto, con muchas de las designaciones hechas hasta ahora, empezando por las relativas a su Gabinete. Quienes lo integran deberían estar libres de la menor sospecha de deshonestidad, más aún atendiendo que la falta de imputación o el sobreseimiento no implican necesariamente la inocencia en un país donde el Ministerio Público y el Poder Judicial están sometidos a los que mandan.
Allí está, por ejemplo, el exministro de la Reforma y actual del Interior, Juan Ernesto Villamayor, imputado en dos ocasiones: en 2002, por el pago de casi 600.000 dólares a un escribano que dio fe de la ampliación del capital de la Copaco SA, y en 2003 por el desvío de 1.724 millones de guaraníes de un préstamo del Banco Mundial para reformas del Estado.
Al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fue nombrada Carla Bacigalupo, que siendo ministra de Justicia durante el Gobierno anterior se asignó un viático para asistir en la India a un festival mundial sobre “el arte de vivir”, y que en 2016 fue destituida por no haber trasladado al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão desde su envidiable “celda” de la cárcel de Tacumbú al cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, tras haberse detectado un plan de fuga en el que habría intervenido.
Ocupa el cargo de ministro de Agricultura y Ganadería Denis Lichi Ayala, un licenciado en contabilidad que como intendente de Arroyos y Esteros dejó en el periodo 2005-2006 un faltante de alrededor de 500 millones de guaraníes, según la Contraloría General de la República.
Los malos antecedentes también afectan a los designados en segunda fila. Allí está el viceministro del Interior Hugo Sosa Pasmor, el exjuez que prometió una repartija de cargos antes de asumir el suyo, y que en 2014 dispuso que dos acusados por el tráfico de 102 kilos de cocaína, delito castigado con más de 20 años de prisión, fueran juzgados por el de asociación criminal, sancionado con solo cinco años. Revocada su cuestionable medida, uno de los procesados –Tomás Rojas– fue condenado a 25 años de cárcel.
La Secretaría Nacional de Inteligencia estará en manos de Esteban Aquino, quien, según informaciones de la prensa, siendo viceministro de ese órgano habría conseguido en junio último que fueran trasladados seis policías de la Comisaría de Lambaré que osaron controlar una camioneta con chapa irregular que conducía.
La lista de cuestionables nombramientos continúa con el nuevo director general de Migraciones, el exedil Julián Vega, un abogado que fue detenido hace cuatro años por haber estado involucrado en una gresca entre jóvenes seguidores de dos clubes deportivos, que causó la muerte de uno de ellos.
El nuevo director del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología es el seccionalero Raimundo Sánchez, fotografiado presuntamente comprando votos en los últimos comicios, razón por la cual el Círculo de Ingenieros Colorados se creyó obligado a aclarar que el mismo no integra su “equipo de trabajo”. Si de comprar votos o cédulas de identidad se trata, es innegable la experiencia del senador Silvio Ovelar, quien realizó un “trato apu’a” similar: su esposa, Iris Magnolia Mendoza, fue nombrada asesora jurídica de la Itaipú Binacional, con un jugoso sueldo mensual de 103 millones de guaraníes, en evidente retribución por los servicios políticos prestados por el legislador.
Ya no hace falta insistir en que José Alberto Alderete y Nicanor Duarte Frutos carecen de autoridad moral para dirigir las entidades binacionales. Cabe recordar, empero, que el nuevo director administrativo de la EBY, el “nicanorista” Luis Fretes Escario, fue destituido de la misma entidad en el año 2000 por sus vínculos con una empresa de informática estando él a cargo de la oficina computacional; por usurpar un mérito profesional –afirmó falsamente ser licenciado en computación–, y por contratar a un asesor “fantasma”. A su vuelta tras su destitución, en 2005 fue procesado por el pago de sobresueldos a sí mismo y a los consejeros de la EBY.
Ahora también retorna en la entidad binacional, como consejero, el “galavernista” Carlos María Santacruz, destituido en 2013 del cargo de director de Registro de la Justicia Electoral, por el traslado fraudulento de 1.500 colorados al padrón capitalino.
Sin duda, la lista de figuras poco recomendables podría extenderse a medida que surjan nuevos nombramiento, pero los referidos bastan para afirmar que el nuevo Gobierno ha tenido un muy mal inicio. Una cosa es renovar y otra reciclar escombros para retribuir apoyos políticos. Duele decirlo, pero lo cierto es que se avizora más de lo mismo, es decir, latrocinio e incompetencia, para bien de algunos empotrados en el poder y para mal de los paraguayos decentes.