La declaración jurada de bienes que la Constitución exige a todos los que reciben remuneraciones del Estado nunca sirvió a los fines que se pretendieron al imponerla. Se trata de una herramienta de control que se emplea en todas partes, para que, en caso de sospecha fundada de corrupción o enriquecimiento ilícito, sirva de referencia e información para el proceso a que diera lugar. Aquí, en el Paraguay, la convertimos en otro trámite más, tan mecánico e inane como presentar currículum o llenar formularios.
Por supuesto que, ante estas normas decorativas, de naturaleza puramente burocrática, es comprensible que muchos funcionarios públicos, electos o designados, no le den demasiada atención. Presentan sus declaraciones –si lo hacen– cuando se les da la gana; los plazos máximos legales les tienen sin cuidado y las sanciones, ¡ni qué decir!
Actualmente, habiendo finiquitado el período de intendentes y concejales municipales en el mes de diciembre pasado, hay todavía 77 exintendentes y 1.374 exconcejales (incluidos algunos reelectos) que no cumplieron con la obligación de justificar el movimiento de su patrimonio durante el lapso que ejercieron sus mandatos, rendición que debe hacerse ante la Contraloría General de la República, hasta el máximo de un mes de la culminación de los mismos. Esta entidad informa ahora que “analiza sanciones” para los infractores, cuando que lo que debe hacer es lisa y llanamente aplicar la ley. Su afirmación es un preludio de que todo va al “oparei”.
Por su parte, entre los recientemente electos, se informa que los intendentes que se hallan en infracción a la Constitución y a la Ley 5033/13 son: Patricio Ayala, de Cerrito, e Ignacio Fretes, de Laureles (Ñeembucú), y Luis Francisco Mereles, de Ybyrarovana (Canindeyú), que presentaron a destiempo, todos ellos de la ANR. A estos se suman 204 concejales municipales, de diferentes partidos, que asumieron el pasado 19 de diciembre.
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Reiteramos: la cuestión de la olímpica elusión de esta obligación legal tiene su base en la completa ausencia de consecuencias para los infractores. La ley citada contempla la aplicación de multas para estas faltas, sanciones que no son leves, porque establece 200 y 300 jornales mínimos (unos 22 millones de guaraníes), y algo más grave: la eventual inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años. Pero claro, como la Contraloría General nunca denunció a ningún infractor y estas sanciones jamás fueron aplicadas a alguien, no sirven siquiera para dar un ejemplo didáctico y disuadir a los remisos.
No es que se caiga en la ingenuidad de creer que las rendiciones de cuentas formales van a detener el fenómeno de la corrupción generalizada en las municipalidades y otros organismos públicos. Se sabe de decenas de intendentes que se robaron hasta los focos de los baños antes de retirarse, que vaciaron las arcas para que sus sucesores se encuentren sin un centavo, que se hicieron millonarios malversando recursos del Fonacide, de los royalties o, directamente, de los recursos tributarios y que, pese a todo esto, presentan impecables declaraciones juradas de bienes.
No obstante, lo que verdaderamente es de lamentar es que las normas legales pensadas para intentar controlar, vigilar, hacer más difícil la deshonestidad de los funcionarios, pasen a ser letra muerta en manos de esos mismos funcionarios y de los que tienen la atribución exclusiva de controlarlos y denunciarlos ante la justicia en caso de trasgresiones.
En vista de que la Contraloría no cumple con su obligación y ante la posibilidad de que muchos ladrones queden impunes y encima se burlen de los ciudadanos, no queda otra alternativa que escracharlos a través de las redes sociales, y públicamente y a viva voz allí donde se los encuentre en nuestros pueblos y ciudades.