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11 de Agosto de 2018

 

Estado ineficiente y prebendario

En los últimos años, el gasto de la Administración Central del Estado se quintuplicó, en tanto que el ingreso fiscal solo creció tres veces, sin una equivalente mejoría del bienestar social. Como la recaudación impositiva no llega a cubrir los gastos corrientes, se ha tenido que recurrir cada vez más a préstamos y a emisiones de bonos, es decir, al endeudamiento. La participación de estos recursos en su financiamiento pasó, en el lapso referido, del 10% al 22%, habiendo aumentado en un 84% bajo el actual Gobierno, para alcanzar hoy 7.681 millones de dólares. Para peor, la mitad de los fondos obtenidos mediante la emisión de bonos soberanos fue destinada al pago de vencimientos, debido a la cobertura genuina de los gastos corrientes. Estas notorias aberraciones del aparato estatal en favor de sus miembros y en contra de la población son el resultado lógico del clientelismo político rampante de los últimos treinta años. Se debe achicar el Estado, es decir, ese enorme aparato prebendario que consume recursos que deben destinarse a gastos de inversión. Es de esperar que el Gobierno venidero emprenda esa tarea, combatiendo a la vez el derroche y la corrupción, así como la evasión impositiva y el contrabando.

En los últimos quince años, el gasto de la Administración Central del Estado se quintuplicó, en tanto que el ingreso fiscal solo creció tres veces, sin una equivalente mejoría del bienestar social. Como la recaudación impositiva no llega a cubrir los gastos corrientes, se ha tenido que recurrir cada vez más a préstamos y a emisiones de bonos, es decir, al endeudamiento. La participación de estos recursos en su financiamiento pasó, en el lapso referido, del 10% al 22%, habiendo aumentado en un 84% bajo el actual Gobierno, para alcanzar hoy 7.681 millones de dólares. Para peor, la mitad de los fondos obtenidos mediante la emisión de bonos soberanos fue destinada al pago de vencimientos, debido a la falta de cobertura genuina de los gastos corrientes.

La parte sustancial de estos gastos está constituida por las muy buenas remuneraciones del creciente personal público. En efecto, el Estado paquidérmico destina casi el 70% de los ingresos fiscales –unos 2.453 millones de dólares– al pago de los salarios de 281.000 “servidores públicos”, que conforman el 8% de la población económicamente activa. Este dato se corresponde con que, según un informe del año pasado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Paraguay es el país latinoamericano que más recursos emplea, en términos relativos, para mantener a sus funcionarios y contratados: ocupan el 49,5% del gasto público total, siendo el promedio regional de 29,1%.

Este vergonzoso récord se compagina, a su vez, con otro consignado en un informe del BID de 2014, según el cual el personal directivo medio de nuestra Administración Central tenía el promedio más alto de remuneración en Latinoamérica: los ingresos de los profesionales senior y junior eran, respectivamente, seis y casi cuatro veces superiores al per cápita nacional, que llegaba solo a la mitad del regional. Se entiende que así sea, pues el promedio salarial en el sector público es nueve veces más alto que en el privado, y no precisamente porque los funcionarios y contratados sean más idóneos, honestos y laboriosos. Si estos son tantos no es porque el Estado brinda con eficacia una amplia gama de servicios; si devoran casi tres cuartas partes de la recaudación fiscal y casi la mitad del Presupuesto no es porque sea imposible ampliar la base tributaria; si ganan muchísimo más que el común de sus compatriotas, no es porque lo merezcan.

Estas notorias aberraciones del aparato estatal en favor de sus miembros y en contra de la población son el resultado lógico del clientelismo político rampante de los últimos treinta años, al que deben sumarse el nepotismo y el simple amiguismo. Se retribuye con cargos la lealtad político-partidaria, sin atender las necesidades en cuanto a recursos humanos ni los ingresos fiscales objetivamente previsibles; luego, los beneficiarios presionan periódicamente para lograr mejoras salariales, las que sin más ni más son otorgadas bajo diversas modalidades disfrazadas para el efecto, porque sus votos serán muy útiles y, al fin y al cabo, el dinero no saldrá del bolsillo de los gobernantes.

Quienes no pueden o no desean obtener la “recomendación” de un político serán ciudadanos de segunda, que ganarán mucho menos trabajando y pagarán sus impuestos para mantener a esos privilegiados que viven muy bien a costa de todos, desangrando el erario y privándole de recursos para atender el bien común. Los “servidores públicos” no deben demostrar su idoneidad ni su dinamismo porque, aparte de estar apadrinados, no suelen tener nada que hacer, aunque lo quieran. Simplemente, están de más. Pese a que el personal público ya venía sobrecargado, en las últimas tres décadas se han creado nada menos que 135.752 cargos: el Gobierno de Andrés Rodríguez creó 13.908; el de Juan Carlos Wasmosy, 22.365; el de Luis González Macchi, 2.585; el de Nicanor Duarte Frutos, 19.990; los Gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco crearon 54.255; y el de Horacio Cartes, 22.649. La ciudadanía puede tener la certeza de que la inmensa mayoría de esos cargos eran y son innecesarios.

Hay quienes pretenden bajar la participación salarial de los centenares de miles de funcionarios y contratados en la recaudación fiscal y en la composición del gasto público, sin prescindir del personal superfluo ni dejar de asignar suculentas remuneraciones. ¿Cómo? Elevando la presión tributaria, que hoy es del 18%. Sería la solución más sencilla para el próximo Gobierno, pues la alternativa –reducir el personal y ensanchar la base tributaria– irritaría a los correligionarios prendidos al Presupuesto y, por extensión, a sus protectores instalados en el Poder Ejecutivo y en el Congreso. También molestaría a los grandes contrabandistas y evasores de impuestos, como los que operan en Ciudad del Este, y a sus cómplices del Ministerio de Hacienda y de la Dirección Nacional de Aduanas. El cómodo arbitrio de hacer que paguen más los contribuyentes de siempre dejaría intacto el costoso aparato estatal y preservaría la fuente de enriquecimiento ilícito de los aduaneros que entregan maletines a personajes ligados al poder político, conservando a la vez la clientela para los próximos comicios.

Se debe achicar el Estado, es decir, ese enorme aparato prebendario que consume recursos que deben destinarse a gastos de inversión. Ocurre que los ingresos fiscales no alcanzan para solventar los gastos presupuestados, pero como las remuneraciones del personal público parasitario deben ser abonadas a como dé lugar, se opta por dejar de pagar a los proveedores de medicamentos, por ejemplo, para luego emitir bonos soberanos. La cuestión es “bicicletear”, con tal de no desprenderse de las decenas de miles de vividores enchufados al Presupuesto, sin provecho alguno para los contribuyentes.

Es de esperar que el Gobierno venidero tenga el coraje de achicar al obeso y prebendario aparato estatal, combatiendo a la vez el derroche y la corrupción, así como la evasión impositiva y el contrabando. Solo así podrán mejorar la salud y la educación públicas, al igual que la infraestructura, sin seguir aumentando el ya alarmante endeudamiento inmoral.

 
 

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