Estado paquidérmico para engordar zánganos

El presidente Horacio Cartes modificó el decreto reglamentario de la ley presupuestaria para facilitar el nombramiento de numerosos contratados, ampliando el plazo para que se lleven a cabo los concursos internos hasta el 20 de julio. Además, dispuso que se agilicen los pedidos de traslados para que las vacancias en las entidades de destino puedan ser ocupadas por los contratados que no pueden ser nombrados, por razones presupuestarias, allí donde están prestando servicios. El proceso de “desprecarización laboral” implicará el “blanqueo” de contrataciones nulas y una mayor carga financiera para el erario, aparte de asegurar el futuro de la clientela política del cartismo. Los contratados que pueblan el Presupuesto nacional no se ajustan a la ley y, por tanto, están en situación irregular. Nuestro Estado elefantiásico destina casi el 75% de los ingresos fiscales al pago de los salarios de 281.000 “servidores públicos”. A nuestros gobernantes les importan un comino que falten medicamentos en los hospitales, que se caigan escuelas o que los caminos estén en mal estado, para los que se alega falta de recursos, pero estos no faltan para atender las demandas de la clientela política.

Cargando...

El 9 de julio último, el presidente Horacio Cartes modificó el decreto reglamentario de la ley presupuestaria para facilitar el nombramiento de numerosos contratados, ampliando el plazo para que se lleven a cabo los concursos internos hasta el 20 de julio. Además, dispuso que se agilicen los pedidos de traslados para que las vacancias en las entidades de destino puedan ser ocupadas por los contratados que no pueden ser nombrados, por razones presupuestarias, allí donde están prestando servicios. El proceso de “desprecarización laboral”, que originalmente debió concluir en el primer semestre de este año, implicará el “blanqueo” de contrataciones nulas y una mayor carga financiera para el erario, aparte de asegurar el futuro de la clientela política del cartismo. Por de pronto, la Cancillería ya nombró a 65 contratados que aprobaron los exámenes de oposición, en tanto que el Ministerio de Obras Públicas hará lo mismo con 63.

Casi todos los contratos, que totalizan alrededor de 70.000, son nulos, pues la Ley Nº 1626/00 exige que ellos respondan solo a las siguientes “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”: combatir brotes epidémicos, realizar censos, encuestas o eventos electorales, atender situaciones de emergencia pública y ejecutar servicios profesionales especializados. Los contratos deben tener una duración máxima de un año, pudiendo renovarse solo si subsisten las causas que los motivaron. 

Es evidente que los contratados que pueblan el Presupuesto nacional no responden a ninguna de las exigencias mencionadas y, por tanto, están en situación irregular. No obstante, centenares de ellos mejorarán ahora su situación laboral con la estabilidad y el aguinaldo, entre otros beneficios, en tanto que la inmensa mayoría seguirá “trabajando” con base en un documento ilegal, porque no se tiene el coraje de reducir el paquidérmico y costoso aparato estatal. A los gobernantes no les conviene hacerse “mala sangre” con la clientela. 

Nuestro Estado elefantiásico destina casi el 75% de los ingresos fiscales –unos 2.453 millones de dólares– al pago de los salarios de 281.000 “servidores públicos”, que equivalen al 8% de la población económicamente activa. Este dato se corresponde con que, según un informe del año pasado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Paraguay es el país latinoamericano que más recursos emplea, en términos relativos, para mantener a sus funcionarios y contratados: ocupan el 49,5% del gasto público total, siendo el promedio regional de 29,1%. 

Este récord nada envidiable se compagina, a su vez, con otro consignado en un informe del BID de 2014, según el cual el personal directivo medio de nuestra administración central tenía el promedio más alto de compensación en Latinoamérica: los ingresos de los profesionales senior y junior eran, respectivamente, seis y casi cuatro veces superiores al per cápita nacional, que llegaba solo a la mitad del regional. Se entiende que así sea, pues el promedio salarial en el sector público es nueve veces más alto que en el privado. 

Si los funcionarios y contratados son tan numerosos, no es porque el Estado brinde con eficiencia una amplia gama de servicios. Si devoran más de las tres cuartas partes de la recaudación fiscal y casi la mitad del Presupuesto, no es porque sea imposible ampliar la base tributaria en vez de cargarles más y más a los que ya tributan. Si ganan muchísimo más que el común de sus compatriotas, no es porque estén sumamente calificados. Estas notorias aberraciones del aparato estatal en favor de sus miembros y en perjuicio de la población son el resultado lógico del clientelismo político rampante, al que deben sumarse el nepotismo y el simple amiguismo. Se retribuye con cargos la lealtad político-partidaria, sin atender las necesidades en cuanto a recursos humanos ni los ingresos fiscales objetivamente previsibles; luego, los beneficiarios presionan periódicamente para lograr mejoras salariales, las que son otorgadas bajo diversas modalidades disfrazadas para el efecto, porque sus votos serán muy útiles y, al fin y al cabo, el dinero no saldrá del bolsillo de los gobernantes.

De hecho, los “servidores públicos” no podrán demostrar su idoneidad ni su afición al trabajo, entre otras cosas porque no suelen tener nada que hacer por estar de más. 

Como puede verse, a nuestros gobernantes les importan un comino que falten medicamentos e insumos en los hospitales, que se caigan las escuelas o que los caminos estén en pésimas condiciones. Para estos casos se alega la falta de recursos, pero estos no faltan cuando los funcionarios y contratados –la clientela de los políticos– reclaman mejoras salariales u otros beneficios, como en este caso de pasar de contratado a funcionario efectivo en la planilla de sueldos. Se dirá que con esto no habrá un aumento de la cantidad de “servidores del Estado”, pero con toda seguridad que nuevos paniaguados de los políticos ocuparán los lugares de los contratados bendecidos con el estatus de la efectividad laboral. Total, siempre se podrá seguir exprimiendo los bolsillos de Juan Pueblo con más cargas tributarias para alimentar a la voraz burocracia. 

Se debe achicar el Estado, es decir, ese enorme aparato prebendario que no se distingue por su eficiencia ni por su honestidad. Los tributos deben ser una contrapartida de los servicios brindados y no un regalo hecho a los vividores enchufados en el Presupuesto nacional con recursos conseguidos a costa de quienes se ganan el pan trabajando duramente. 

Es de esperar que quien dirigirá la administración general del país desde el 15 de agosto venidero, Mario Abdo Benítez, tenga el coraje de encarar la doble tarea de combatir la evasión fiscal y de reducir el plantel de funcionarios, resistiendo a la vez sus rutinarias demandas salariales. La ciudadanía honesta y laboriosa no tiene por qué seguir soportando tanta injusticia ni tanta carga.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...