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Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), hasta el presente se han completado 1.174 kilómetros de rutas pavimentadas, lo que representa un aumento del 22 por ciento del patrimonio vial existente. Además, están en vías de construcción otros 1.481 kilómetros de rutas asfaltadas, las que una vez concluidas (ciertamente, no todas durante el actual gobierno) podrían representar el 50 por ciento de lo que existía al asumir Horacio Cartes la presidencia de la República.
De hecho, este gobierno ha casi triplicado el presupuesto asignado a la cartera de Estado para la construcción de obras viales. Desde enero de 2013 hasta este año, el Gobierno realizó cinco emisiones de bonos soberanos por un total de US$ 2.880 millones. De ese total, el 38 por ciento fue transferido al MOPC. Esto significa que esta cartera de Estado recibió desde el 2013 hasta agosto del corriente año US$ 1.094 millones, constituyéndose en la repartición que más recursos obtuvo mediante el masivo endeudamiento del país. En el Presupuesto General de Gastos correspondiente al 2018, actualmente a consideración del Congreso, el Gobierno pretende emitir US$ 602 millones más en bonos soberanos, de los cuales el 50 por ciento será destinado al repago de deudas (“bicicleteada”).
El presupuesto total del MOPC para este año asciende a G. 4.356.673 millones (unos 780 millones de dólares). De este modo, durante la administración del ministro Ramón Jiménez Gaona, la institución ha contado con un presupuesto casi 300% superior al de las anteriores.
El ritmo de avance que en general presentan las obras viales actualmente en ejecución no indica que al término del período constitucional del presidente Horacio Cartes las mismas representen un 50 por ciento más que lo que existía cuando asumió el Gobierno de la República. A lo sumo, lo ejecutado bajo su gobierno se situará en torno del 30 por ciento más de extensión de la red vial pavimentada que recibió como herencia. Lo que con seguridad dejará este Gobierno al que lo suceda es un déficit presupuestario de al menos US$ 800 millones anuales, que el MOPC necesitará para financiar las obras actualmente en ejecución y próximas a iniciarse, algunas de las cuales se extenderán hasta por lo menos el 2021, inclusive.
En realidad, lo que el Estado ha gastado en obras viales bajo el actual gobierno no guarda proporción con la extensión de nuevas rutas y caminos vecinales construidos, aunque linealmente debiera ser así, pues la paridad del dólar con el guaraní se ha mantenido casi constante en los últimos cinco años, y tampoco la inflación ha sido alta, por lo que la cotización de los ítems componentes del paquete estructural de las obras viales, pavimentadas o no, no debieron haber sufrido incrementos significativos y, por consiguiente, tampoco el costo por kilómetro de las rutas.
Sin embargo, llamativamente, durante la administración del ministro Ramón Jiménez Gaona se ha registrado un sistemático aumento de los costos por kilómetro de casi todas las obras viales, tanto de las iniciadas bajo su gestión institucional como de las heredadas de la administración anterior de esa cartera de Estado, incluida la calificada por él mismo como “la peor herencia”: la autopista Ñu Guasu.
En efecto, así ha sucedido con la ruta Concepción-Vallemí, la de Cruce Guaraní-Corpus Christi-Pindoty Porã, la de Mariano Roque Alonso-Limpio, la rehabilitación de la ruta La Patria-Infante Rivarola, en el Chaco, el puente sobre el río Jejuí en el departamento de San Pedro, la avenida Laguna Grande y la recientemente concluida Ruta 11 “Juana María de Lara”, que une Santa Rosa del Aguaray con Capitán Bado, entre otras. Todas ellas han tenido sobrecostos del 20 por ciento por arriba del presupuesto contractual original; sugestivamente, el máximo permitido por la Ley de Contrataciones Públicas. Ni hablar del “elefante blanco” del metrobús.
Pero la generosidad del MOPC con los contratistas viales ha sido altamente selectiva. Los privilegiados han sido por lo general quienes integran la rosca vial de Cavialpa, como la empresa del expresidente Juan Carlos Wasmosy, Ecomipa, que durante este gobierno ha sido beneficiada con contratos por un monto de más de US$ 190 millones, pese a que muchas veces sus ofertas no fueron las más convenientes para el fisco, lo que sustenta la presunción pública de entendimientos de negociados encubiertos entre el exmandatario y el MOPC. Y así como él, otros “barones” de la rosca vialera, como el propio padre del ministro de Obras Públicas, ligado a Conempa, y el ingeniero Enrique Díaz Benza y otros allegados al poder de turno de la República, desde los tiempos de la dictadura stronista hasta hoy.
La modalidad para inventar sobrecostos una vez adjudicada la obra es la patentada: “cambios” en el paquete estructural (tipo de material para subbase y base, ancho y espesor de la carpeta asfáltica, etc.); “obras adicionales” no previstas en el contrato aunque supuestamente necesarias; “supresión” de otras previstas con la finalidad de maximizar beneficio; “recorte” de extensión (caso acceso a Luque de la autopista Ñu Guasu). etc., etc. El fraudulento modus operandi incluye también la modalidad de direccionar las licitaciones mediante exigencias financieras y burocráticas, como facturaciones, disponibilidad de máquinas viales, etc. Con estas exigencias arbitrarias, los concesionarios del MOPC allanan el camino para descalificar a los competidores, desnivelando así el terreno a favor de los corruptores de la rosca vial que, otra vez, se quedan con el contrato en cuestión.
Cuando el señor Ramón Jiménez Gaona fue nombrado al frente del MOPC, nadie dudó de que reunía las condiciones para administrar con honestidad y patriotismo el alto cargo, pues la ciudadanía acreditó que para el efecto le bastaba con que llevase al Gobierno la honestidad de su vida privada y que ajustase sus actos a lo que mandan las leyes. Lamentablemente, el ministro ha defraudado esa confianza pública. Esperemos que quien le suceda no caiga en el mismo vicio, y corte de cuajo la indignante corrupción enquistada en esa cartera de Estado desde hace más de medio siglo.