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Espantoso problema social han creado los diputados y senadores irresponsables que impulsaron o apoyaron la apertura indiscriminada de universidades. Decenas de miles de jóvenes hoy ya han concluido o están cursando carreras fantasmas, invento de inescrupulosos comerciantes intelectuales que vieron en esta situación abierta por los legisladores, al aprobar la ley de universidades, la posibilidad de hacer un gran negociado: vender títulos universitarios a una juventud ansiosa de estudiar y de capacitarse para obtener trabajo.
¿Qué se va a hacer ahora? Chicos y chicas que estuvieron años cursando supuestas “carreras” que hoy no les sirven para nada. ¿Se van a cerrar esas universidades de garaje? ¿Quién y cómo se les va a resarcir semejante perjuicio a esa amplia franja joven de la sociedad miserablemente estafada por inescrupulosos explotadores de la fe de las personas, en connivencia con políticos corruptos? Mientras tanto, esos irresponsables legisladores que abrieron esa senda de la mentira para estafar a incautos y humildes jóvenes deseosos de superación continúan sin preocuparse, como si el espantoso problema social que crearon no fuera más que un pasajero chubasco sin importancia.
En efecto, lejos de asumir la culpa por el gran daño moral y material causado al segmento joven y menos pudiente de la sociedad con la habilitación de las universidades de “garaje” en la Capital y ciudades del interior, los diputados y senadores que tienen en su haber tal iniciativa no han encontrado mejor forma de lavarse las manos que echando la culpa a sus víctimas por haber caído en la trampa por ellos diseñada. Estos estafadores asociados con políticos corruptos se han aprovechado de la demanda del desarrollo que requiere aplicar el conocimiento a la actividad laboral. El papel central de la educación superior y del conocimiento es dotar a las personas –sobre todo jóvenes– de las habilidades para tener acceso a un trabajo mejor remunerado en un mundo cada vez más competitivo, de tal modo que la lucha por la vida les resulte más una oportunidad para aprovechar que un desafío a vencer.
Es con ese sueño juvenil de cara al futuro que centenares de miles de jóvenes compatriotas sin recursos suficientes para ingresar a las universidades clásicas existentes en el país han tocado las puertas de las universidades de “garaje” que, con pomposos eslóganes académicos, han proliferado como hongos en las principales ciudades del país, sin que las instituciones del Estado responsables de la calidad de la educación que se imparte en los tres estamentos docentes se hayan inmutado siquiera.
Esta gravísima prostitución académica a nivel terciario que ha emergido como una plaga maligna en nuestro medio debe ser vista como un engendro de la cultura de la corrupción que, desgraciadamente, permea nuestra sociedad al amparo de una perniciosa impunidad, cuyo peor efecto es el de borrar las líneas que separan lo legal de lo ilegal, lo moral de lo inmoral, como está descrito en la letra del célebre tango argentino “Cambalache”. Esa cultura de la corrupción ha causado que la administración pública paraguaya esté regida por leyes y normativas institucionales diseñadas primariamente para sacar plata al pobre ciudadano antes que para garantizarle seguridad o beneficio.
De ese modo las cosas, pareciera que en nuestro país hay licencia tácita para cometer cualquier fechoría, con tal de que se pague una protección o peaje a los mandones de turno, como autoridades policiales, aduaneras, parlamentarios, gobernadores e intendentes municipales. Así como los contrabandistas y narcotraficantes operan libremente a través de nuestras fronteras con países limítrofes coimeando a las autoridades encargadas de tener a raya al crimen organizado, también, internamente, individuos inescrupulosos en connivencia con legisladores corruptos descubrieron la gallina de los huevos de oro con las universidades de “garaje” para desplumar a humildes jóvenes de la poca plata que con sacrificio consiguen, tentándolos con “diplomas” de estudios universitarios fraudulentos.
Era de esperar que, ante la inequívoca constatación de la estafa perpetrada en perjuicio de miles y miles de jóvenes de nuestra sociedad por parte de los mafiosos dueños de tales universidades irregulares, la justicia les cayera encima con todo el peso de la ley, no solo disponiendo la clausura de tales falsos centros de estudios terciarios, sino obligando a sus propietarios a devolver íntegramente el dinero tramposamente recogido de sus incautos cursantes, a más de la responsabilidad criminal inherente al delito perpetrado contra la fe pública.
Los paraguayos y paraguayas creíamos que solo los dictadores eran raptores de la educación. Pero he aquí que cuanto más transcurre el tiempo en libertad, nuestra renga democracia está viciada de la misma corrupción e impunidad que en los tiempos de Alfredo Stroessner, cuando los hijos de sus poderosos adláteres, como el del tenebroso jefe de Policía, general Francisco Brítez, fue admitido al último curso de la Facultad de Arquitectura de la UNA sin haber cursado ninguno de los cursos inferiores, al solo efecto de obtener su diploma de “arquitecto” y así poder firmar planos para la construcción de obras públicas y cobrar “honorarios”.
La primavera de insurrección del estudiantado universitario debe alcanzar también a la pléyade de humildes jóvenes conciudadanos miserablemente estafados por las universidades de “garaje”.