Según el exdirector general brasileño de Itaipú Jorge Miguel Samek, el costo total de la usina hidroeléctrica binacional fue presupuestado en US$ 12.200 millones, pero a la postre terminará costando US$ 27.000 millones, con lo que su costo unitario de potencia instalada con 20 turbinas generadoras de 700 megavatios cada una pasó, de US$ 871,43/megavatio a US$ 1.928,57/megavatio.
Comparado con el costo de la usina hidroeléctrica brasileña de Jirau, recientemente terminada, ubicada en el estado amazónico de Rondonia, con 50 turbinas y una capacidad de potencia instalada de 3.750 megavatios y que requirió una inversión de US$ 5.300 millones de capital francés, japonés y brasileño, con US$ 1.413,33/megavatio de costo unitario, la diferencia resultante es por demás llamativa: US$ 515,24/megavatio.
Considerando que el costo unitario promedio de las principales usinas hidroeléctricas construidas hasta la fecha en diversos países de América del Sur es de unos US$ 1.330/megavatio, con la más cara de todas ellas, la de Pescadero Itanango (Colombia) con US$ 1.707/megavatio, el costo de Itaipú a todas luces resulta anómalo. De hecho, esto quedó categóricamente demostrado con la revisión de las cuentas de la entidad binacional practicada por el equipo del doctor Jeffrey Sachs a pedido del Gobierno paraguayo, cuya conclusión básica fue que, de no haber mediado los abusos financieros de Brasil, Paraguay ya hubiera cancelado su parcela de deuda en el 2012, en vez de verse obligado a hacerlo recién en 2023, conforme fue convenido por las Altas Partes Contratantes en marzo de 1997.
La madre de todos los abusos financieros perpetrados por Brasil en Itaipú hasta la fecha ha sido la condición de socio financiera y crediticiamente insolvente del Estado paraguayo, para garantizar los préstamos que la entidad binacional tuvo que efectuar a fin de costear los gastos de construcción y equipamiento de la represa, así como el servicio de la deuda, royalties y otros costos concomitantes. Esa insolvencia financiera obligó a nuestro país a aceptar que el Tesoro brasileño lo subrogara en esa obligación contractual, asumiendo la garantía de la totalidad de los préstamos contratados por la Itaipú, tanto de la empresa mixta brasileña Eletrobras, del propio Tesoro nacional brasileño y de otras instituciones crediticias locales, a más de entidades financieras internacionales de crédito y de proveedores diversos.
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En compensación, por asumir tal garantía, el Brasil se arrogó el derecho de administrar Itaipú como una empresa de capital netamente brasileño, aunque manteniendo la fachada de una joint venture binacional de capital igualitariamente integrado, al solo efecto de salvar las apariencias impuestas por el estatuto establecido en el Tratado.
Obviamente, el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner se cuidó muy bien de negar esa fatídica abdicación de soberanía al aceptar que Brasil manejara a su antojo las finanzas de Itaipú, a costa de hipotecar por medio siglo el 50 por ciento de los beneficios que allí le corresponden al Paraguay de conformidad con el Tratado.
A propósito, crónicas periodísticas de la época dan cuenta de que un mes después de haberse firmado el Tratado de Itaipú, en una conferencia de prensa el canciller paraguayo de entonces, Raúl Sapena Pastor, expresó cínicamente ante un selecto auditorio de economistas compatriotas que, “hay paridad en el reparto de la energía, hay paridad en las utilidades, hay paridad en todo. Hemos conseguido paridad absoluta. En 50 años, Paraguay tendrá gratuitamente un emprendimiento sin haber puesto absolutamente nada”.
En el lapso transcurrido desde entonces, el único acuerdo conveniente de reivindicación de nuestros derechos conculcados fue firmado por el expresidente Fernando Lugo, con su homólogo Luis Inacio Lula da Silva. Sin embargo, de los seis puntos acordados a favor de nuestro país, hasta ahora ninguno ha sido honrado por Brasil, ignorando olímpicamente el dogma pacta sunt servanda, a menudo invocado por Itamaraty cuando le conviene.
Entonces, no deja de ser una ironía que la mitad de la central hidroeléctrica y de su embalse de miles de kilómetros cuadrados estén asentados sobre nuestro territorio, cuyos límites con Brasil corresponden a una “geografía con historia” aún inconclusa. En tal sentido, parafraseando a Clausewitz, los paraguayos tenemos el derecho de afirmar que la explotación neocolonialista de Brasil en la central es la continuación de la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, aunque por otros medios.
El cepo financiero con que Brasil tiene amarrado a nuestro país en Itaipú es el saldo de deuda que terminaremos de pagar en 2023, sin la seguridad de que de buenas a primeras Brasil nos restituya a plenitud la igualdad de derechos consagrada en el Artículo III del Tratado, aun cuando nuestra deuda devenga cero. Y ni qué decir si no.
En tal sentido, no debemos admitir que en tiempo de paz Brasil haga con nosotros lo que nos hiciera en tiempo de guerra: tras la hecatombe de Cerro Corá, sus fuerzas de ocupación permanecieron cinco años en nuestro territorio, completando su depredación genocida. Para que el símil de semejante ignominia no nos vuelva a suceder, concomitantemente con la revisión del Anexo C del Tratado, debemos convenir un nuevo Estatuto que establezca una absoluta paridad de gestión integral, tal como lo tienen concertado Argentina y Uruguay en la usina hidroeléctrica binacional de Salto Grande, compartida igualitariamente por ambos países.
El que actualmente rige en Itaipú es uno híbrido e ilegal, por no contar con aprobación parlamentaria, conformado con disposiciones establecidas en el original de 1973 y con una serie de modificaciones cosméticas introducidas en 1986 y 1991, no aprobadas por el Congreso paraguayo en razón de que ninguna apuntaba a corregir las asimetrías lesivas al interés nacional.
El Gobierno nacional no debe ser ingenuo ni tomar al pie de la letra las protestas de amistad que emitan las autoridades brasileñas, sino mantener los ojos bien abiertos y desenrollar el paraguas, para evitar nuevas trampas de nuestro taimado socio en Itaipú.