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Con la reciente emisión inconstitucional de bonos por valor de 500 millones de dólares, avalada por la obsecuente Corte Suprema de Justicia, la deuda pública ya ha llegado a 6.700 millones de dólares, equivalentes al 25% del producto interno bruto (PIB). Insatisfecho con el frenético ritmo del endeudamiento, que responde en gran medida a un vulgar “bicicleteo”, el Ministerio de Hacienda pretende colocar este año nuevos bonos, ahora para financiar proyectos sanitarios y con el acuerdo del Congreso, del que creyó oportuno prescindir la última vez.
El ministro Santiago Peña cree que si se lograra aumentar la recaudación tributaria habría un margen mayor para endeudar al país, sin superar el tope del déficit fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. O sea que un incremento de los ingresos tributarios serviría para que el Gobierno emitiera más bonos, y no precisamente para que redujera la deuda pública. En una palabra, se quiere aumentar la recaudación para endeudar aún más a los paraguayos de hoy y de mañana, y no para liberarlos de la carga financiera que pesa sobre sus espaldas. Por nuestra parte, sostenemos que se deben aumentar los ingresos tributarios justamente para evitar un mayor endeudamiento.
El ministro Peña afirma que pretende reducir la evasión fiscal y la economía informal, sin alterar las tasas impositivas actuales, lo que resulta plausible. El problema es que no se le puede creer. ¿Acaso no sabe este Gobierno que los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), por ejemplo, se enriquecen ilícitamente y que exhiben públicamente el producto de sus latrocinios sin ningún escrúpulo? El director Nelson Valiente fue designado por el presidente Horacio Cartes y depende del ministro de Hacienda, según el Código Aduanero. Ninguno de ellos puede alegar desconocimiento de la corrupción existente en las aduanas, ya que en sus propias narices se cometen latrocinios a gran escala, sin que les importe un bledo. Quien permite que un subordinado robe comete un delito, y quien mantiene en sus cargos a funcionarios deshonestos incurre en grave irresponsabilidad política.
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Cabe preguntar, entonces, ¿por qué el presidente Cartes y el ministro Peña siguen tolerando que en la DNA se robe a mansalva, como es de pública notoriedad? Solamente hay dos respuestas: o tienen alguna participación en la defraudación al fisco, o compromisos políticos con quienes patrocinan a los ladrones. No hay otras explicaciones posibles ante tanta dejadez. De esta manera, el ministro de Hacienda no puede pretender que se le tome en serio cuando anuncia que combatirá la evasión fiscal y la economía subterránea, mientras en la DNA, subordinada a él mismo, se dan un festín cotidiano a costa del erario.
Para el ministro Peña, lo más saludable es no meterse con funcionarios que tienen poderosos padrinos políticos. Resulta mucho más fácil endeudar al país que enfrentarse a los delincuentes evasores de impuestos y a los contrabandistas palanqueados desde arriba, generalmente por senadores y diputados, que reciben a cambio generosos “maletines”.
Reducir la economía informal, cuyo volumen representa el 40% del PIB, tampoco debería resultarle muy difícil al ministro de Hacienda, siempre que tenga el coraje de enfrentarse a los politicastros influyentes.
En un país pequeño, de solo siete millones de habitantes, la economía “subterránea” no lo es en absoluto: la mayor parte de ella está a la vista de quienes tienen ojos para ver. Lo que ocurre es que hay intereses muy fuertes, ligados al poder político, que impiden que la DNA y la Subsecretaría de Estado de Tributación cobren a todos los obligados. Les resulta mucho más cómodo cobrar a los contribuyentes de siempre, y dejar el campo libre a los delincuentes asociados con los mandamases de turno.
El exviceministro de Economía, Manuel Alarcón, afirmó hace poco que se ignora que exista una estrategia para incorporar a los evasores de impuestos, lo que no debería sorprender a nadie. Incluso si se llegara a diseñarla, con la cooperación de algún organismo internacional, ello no implicaría en absoluto que vaya a ser ejecutada. Es que las asesorías del Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, solo sirven para que los técnicos extranjeros se peguen un paseíto por Asunción, y para que el Gobierno realice una comedia mediática de que está empeñado en mejorar la gestión de sus organismos recaudadores. El FMI asesoró hace poco a la DNA, a pedido del ministro Peña, sin resultados apreciables, desde luego.
No es cuestión de tecnologías ni de organigramas, sino de honestidad en el manejo de la cosa pública. Y de valentía para destituir a los facinerosos y enviarlos a la cárcel, sin temer a sus padrinos. Horacio Cartes y Santiago Peña no la tienen.