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11 de Junio de 2018

 

Evitar otra entrega de soberanía en Yacyretá

Tras casi nueve meses de haber sido suscrita, finalmente el martes 5 del corriente el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores para su análisis y aprobación la Nota Reversal N° 2/17 suscrita por los gobiernos de Paraguay y Argentina, por la que se establece el “reordenamiento financiero” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El documento se basa en el Acta de Entendimiento firmada por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri el 4 de mayo de 2017. Acuerdo duramente cuestionado por la opinión pública, en particular por el sector eléctrico nacional, porque su aprobación constituirá otra alevosa entrega de soberanía en las binacionales, una nueva catastrófica falla diplomática. Incluye el ilegal proceso para construir una nueva central en el brazo Aña Cua, que, hallándose en su totalidad en nuestro territorio, debe ser una obra netamente paraguaya y no binacional. El Gobierno trata de dorar la píldora a fin de que la ciudadanía no experimente el amargo sabor a derrota que tiene un acto de traición a la Patria como el plasmado en la nota reversal de marras, por la que el Gobierno nacional entrega un valioso filón de nuestra soberanía a cambio de supuestos beneficios para el país, cuando la verdad es que tales beneficios apuntan directamente a los bolsillos de camarillas mercantilistas asociadas con el poder en ambas márgenes del río Paraná.

Tras casi nueve meses de haber sido suscrita, y sin ningún justificativo para tanta demora, finalmente el pasado martes 5 del corriente mes el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores para su análisis y aprobación la Nota Reversal Nº 2/17 suscrita entre los gobiernos de Paraguay y Argentina, por la que se establece el “reordenamiento financiero” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El documento de referencia se basa en el Acta de Entendimiento firmada por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri el 4 de mayo de 2017. Acuerdo duramente cuestionado por la opinión pública, en particular por el sector eléctrico nacional, porque su aprobación constituirá otra alevosa entrega de soberanía en las binacionales, una nueva catastrófica falla diplomática que condenaría al Paraguay a volver a fojas cero el Tratado de Yacyretá y empezar de nuevo la cuenta regresiva para pagar más de US$ 6.000 millones de deuda consolidada durante un lapso de 30 años, incluido lo adeudado al Estado paraguayo por territorio inundado por el embalse de la represa, y la destrucción de infraestructuras viales y urbanas.

Lo peor es que el acuerdo convalida íntegramente la sistemática violación del Tratado por parte del Gobierno argentino, desde su suscripción hasta la fecha, a través de la ilegal Nota Reversal del 9 de enero de 1992, no aprobada por el Senado paraguayo, pero arbitrariamente implementada por el Gobierno argentino a los efectos de administrar la EBY como si fuese una repartición estatal propia. Impune violación posibilitada por la aquiescencia cómplice de los venales gobernantes paraguayos de turno, incluido el actual, Horacio Cartes, quien, no satisfecho con su pretensión de legalizar los abusos financieros y administrativos perpetrados por las autoridades argentinas en la binacional por más de una generación, está impulsando actualmente contra viento y marea un margen adicional de claudicación de soberanía con el ilegal proceso para construir una nueva central en el brazo Aña Cua, que, hallándose en su totalidad en nuestro territorio, debe ser una obra netamente paraguaya y no binacional.

Concomitantemente, este 12 de junio el canciller Eladio Loizaga será interpelado ante el pleno del Senado con relación a la Nota Reversal Nº 2/17, así como a la construcción de la nueva central hidroeléctrica del brazo Aña Cua. El canciller deberá responder un cuestionario de 16 preguntas, entre ellas, cuál es el marco jurídico dentro del cual se están licitando la construcción de las obras civiles y el equipamiento electromecánico de la nueva usina mencionada. Además, deberá explicar la razón de Estado –si alguna hubo– por la que el gobierno de Horacio Cartes aceptó pasivamente la deuda espuria de alrededor de US$ 6.000 millones, la mitad de la cual debe ser pagada por los consumidores paraguayos de la electricidad generada en la usina, según el Acuerdo suscrito por ambos presidentes, cuando por la métrica del Anexo C del Tratado, al cabo de los cuarenta años ya transcurridos –se cumplieron en 2013–, la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) debía ser cero.

Otro interrogante al que deberá responder el canciller Loizaga es por qué el Gobierno paraguayo no impuso a su par argentino, como condición ineludible para la construcción de la nueva central en el brazo Aña Cua, el previo cumplimiento del Anexo C del Tratado, pudiendo haberlo hecho con todo derecho y obligación. Debe recordarse que el principal interesado en la nueva central es el Gobierno argentino, considerando la aguda crisis energética que soporta el vecino país, lo que no es el caso del Paraguay, que tiene un excedente considerable.

Al respecto, la retórica de nuestro canciller con relación a Yacyretá se ha caracterizado por las falsas analogías. El Acuerdo Cartes-Macri, vale decir, la NR 2/17, constituye un claro ejemplo de la lacayuna abdicación de responsabilidad de nuestro gobierno en cuanto a la obligación que tiene de defender los altos intereses de la Nación ante la angurria de nuestros dos vecinos a que están permanentemente expuestos en las relaciones bilaterales. El presidente Horacio Cartes y su canciller tratan de dorar la píldora a fin de que la ciudadanía no experimente el amargo sabor a derrota que tiene un acto de traición a la Patria como el plasmado en la nota reversal de marras, por la que nuestro gobierno entrega alegremente un valioso filón de nuestra soberanía a cambio de supuestos beneficios económicos para el país, cuando la verdad es que tales beneficios apuntan directamente a los bolsillos de camarillas mercantilistas asociadas con el poder en ambas márgenes del río Paraná.

Lo que importa de inmediato es que el gobierno del presidente electo, Mario Abdo Benítez, ponga las cosas en su debido lugar con relación al Tratado de Yacyretá en cuanto a los intereses nacionales allí pisoteados por la Argentina. A propósito, en la conferencia dictada por el mismo como candidato por el Partido Colorado el 12 de marzo pasado en la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), sostuvo enfáticamente que se opondría a la construcción de la central de Aña Cua si el acuerdo de marras no pasara antes por el Congreso y no fueran revisados los puntos acordados. Es de desear que no sea un mentiroso como el saliente, quien antes y después de asumir el cargo formuló sendas promesas institucionales que luego incumplió miserablemente.

Como lo hizo en su momento el presidente boliviano Evo Morales ante la inicua explotación que sufría su país por parte de Argentina y Brasil en cuanto al consumo de gas, consiguiendo con una actitud firme una sustancial mejora del precio que pagaban ambos países, tan pronto asuma el gobierno, también Mario Abdo Benítez debe enfocar una visión estratégica sobre la mitad de las aguas del río Paraná que mueven las turbinas de Itaipú y Yacyretá. En particular, las de esta última, ya que en la otra existe un principio de acuerdo de cómo van a quedar las cosas tras la revisión del Anexo C del Tratado, en tanto que en la EBY deberá pasar una generación para poder mirarnos en ese espejo. Tal visión debe permitirle una política exterior coherente de corto y largo término para ordenar los objetivos nacionales superiores en ambas entidades binacionales y desarrollar una diplomacia realista para alcanzarlos. Esa debería ser la clave de la política exterior exitosa a ser conducida por el futuro ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero Luis Alberto Castiglioni.

 
 

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