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Nuestro diario ha sostenido en ocasiones anteriores que el estamento militar es uno de los que se han adaptado bien al periodo democrático, apartándose definitivamente de la política partidaria –colorada, en realidad– que inficionaba sus filas en la época de la dictadura. Unos pocos personajes de uniforme han tratado de proseguir con la funesta práctica de realizar actividades políticas vistiendo el verde olivo, mientras ciertos políticos han aprovechado para ir a “golpear las puertas de los cuarteles”, como se decía en la época, tratando de conseguir el apoyo de algún militar de peso. Pero, posteriormente, las sucesivas generaciones de oficiales jóvenes se han replegado a sus cuarteles y se han mantenido firmes en defensa de la Constitución. Recuérdese la vez en que el desfachatado actual dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, entonces canciller de Hugo Chávez, vino a arengar, en pleno Palacio de López y con anuencia del entonces presidente Fernando Lugo, a militares paraguayos a desobedecer la Constitución, llamamiento que fue desoído por los entonces jefes militares, encabezados por el general del Aire Miguel Crist.
Hasta ahora todo marchaba bien. Llamativamente, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, interviene ahora para la reincorporación al servicio activo de su hermano, el vicealmirante Carlos Velázquez, y nada menos que como comandante de la Armada. Este había solicitado su propio pase a retiro, y su reingreso abre un precedente para que otros oficiales afectados por causa similar –la designación de un oficial de menor antigüedad– también soliciten lo mismo, con toda evidencia de causa. Para peor, el vicealmirante Velázquez, en el corto tiempo en que estuvo en situación de retiro, realizó una profusa actividad política partidaria, vestido con camisa roja, arengando en las reuniones a sus camaradas retirados a apoyar la fórmula presidencial que integraba su hermano en las últimas elecciones generales, quien le retribuyó el apoyo promoviendo su reincorporación, que fue mansamente aceptada por el presidente Mario Abdo Benítez.
Cabe preguntar para qué el vicepresidente Velázquez, sobre quien se vienen publicando inquietantes informaciones, desea un hermano comandante de un arma. Si esto no equivale a que un político “golpee la puerta de los cuarteles”, es algo muy parecido. Por lo demás, que un paracaidista les caiga del cielo mediante la influencia de su pariente mandamás habrá causado un gran disgusto en los oficiales institucionalistas.
De hecho, la situación de las Fuerzas Armadas en general es algo que merece atención, porque en el estado en que se encuentran es poco lo que se puede esperar de ellas para el cumplimiento de su función. Esa situación de abandono e incertidumbre puede constituir un campo propicio para que sus integrantes caigan nuevamente en manos de políticos inescrupulosos.
En tal sentido, recientemente, el Círculo de Jefes y Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación (Corfan) ha emitido un pronunciamiento sobre algunos aspectos concretos de la problemática militar. Es bueno que esta entidad se pronuncie sobre las inquietudes que afectan a los hombres de armas, atendiendo el carácter no deliberante que afecta a los que se encuentran en servicio activo.
En tal sentido, Corfan se suma al debate público suscitado por la intención del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de impulsar medidas institucionales compulsivas para hacer cumplir la ley del Servicio Militar Obligatorio (SMO) establecido en el art. 129 de la Constitución, virtualmente ignorada en la actualidad por la ciudadanía afectada.
“Nuestras Fuerzas Armadas tienen su base en la Reserva Instruida, conformada por los ciudadanos que recibieron instrucción militar en los cuarteles para la defensa armada de la Patria, siendo esta la misión principal del servicio militar obligatorio en el contexto del derecho a la Legítima Defensa, establecido en el art. 144 de la Constitución”, expresa en uno de sus párrafos el pronunciamiento del Corfan.
Recuerda también que una misión legal de las Fuerzas Armadas es “la salvaguarda de la seguridad interna de la República”. En efecto, una ley establece que pueden apoyar a las fuerzas policiales cuando estas se ven sobrepasadas en su misión. Al respecto, Corfan recuerda que estamos “en un tiempo signado por creciente inseguridad pública y la amenaza del crimen organizado trasnacional, el narcotráfico y el contrabando”.
Lo que esta entidad omitió señalar en su pronunciamiento es que, así como se encuentran actualmente las Fuerzas Armadas, no tienen condición orgánica ni operativa para cumplir con su misión constitucional, lo que constituye una situación propicia para que los altos jefes comiencen nuevamente a coquetear con los políticos y a ser manipulados por estos. La más dramática prueba de esa lamentable situación es el rotundo fracaso de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) –el comando híbrido creado por el anterior Gobierno–, que en cinco años de costoso despliegue en la zona norte del país no ha podido eliminar a la minúscula gavilla de terroristas del autoproclamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Este círculo de oficiales retirados ha tocado así cuestiones de importancia de un estamento constitucional que actualmente anda poco menos que a la deriva, que merece una mayor atención para que pueda servir a la patria desde la función que le asigna la Carta Magna. Salta a la vista, así, que la cuestión militar es un punto que se debe abordar, para que los hombres de uniforme no queden en la incertidumbre y a expensas de pescadores en río revuelto.