La deuda de US$ 287 millones que Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) reclama a su homólogo paraguayo Petropar por la provisión a crédito de derivados de petróleo ha traspasado los límites de lo meramente económico para convertirse en un escándalo político en nuestro país. Por de pronto, no existen dudas en cuanto a la legitimidad de la deuda reclamada por el Gobierno venezolano. En efecto, las autoridades paraguayas de turno involucradas en la operación de referencia la reconocen plenamente. Admiten también que la petrolera estatal paraguaya vendió esa partida de combustible al contado al público consumidor paraguayo. Sin embargo, lo que ninguno de los expresidentes responsables de dicha gestión administrativa del Estado ha aclarado a la opinión pública es qué hicieron con el dinero contante y sonante recaudado con dicha venta, puesto que no pagaron la deuda ahora reclamada por PDVSA.
Al respecto, en un comunicado emitido en espacio pagado en un diario local, PDVSA manifiesta cuanto sigue: “En primer lugar, tal como el Gobierno de Paraguay y Petropar bien saben, dicha deuda no es pagadera en un plazo de 15 años conforme al acuerdo gubernamental de cooperación energética de 2004 como han alegado falsamente en sus recientes declaraciones y comunicaciones, sino que, conforme al contrato de refinanciamiento y a su addendum suscritos por PDVSA Petróleo y Petropar en 2011, y como consecuencia directa del incumplimiento de lo acordado por Petropar, la totalidad de la deuda de Petropar frente a PDVSA Petróleo ya está vencida y su pago íntegro con intereses aplicables es exigible desde noviembre de 2013”. (Las negritas son nuestras).
Los gobernantes responsables de rendir cuentas de esta colosal estafa perpetrada contra los intereses de la Nación paraguaya con la deuda contraída con PDVSA por Petropar son, por complicidad sucesiva de acción y omisión, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco. Como jefe de Gobierno, el presidente Horacio Cartes tiene la responsabilidad de esclarecer esta grave lesión de confianza perpetrada por sus predecesores citados en perjuicio de las arcas públicas, so pena de incurrir en complicidad manifiesta si se desentiende de ella para no destapar la olla podrida que ahora está en sus manos.
Habiendo prometido solemnemente “cortar la mano” a los ladrones de caudales públicos, esta es una oportunidad histórica para él ganarse un sitial de honor en la galería de los grandes estadistas que ha tenido el Paraguay a través de los tiempos. Para ello, más allá de arbitrar medidas financieras para honrar la deuda contraída por el Estado paraguayo a través de la gestión de Nicanor Duarte Frutos y de Fernando Lugo en cuanto a los acuerdos de Petropar con PDVSA, el presidente Cartes a través de las instituciones pertinentes del Estado debe impulsar una exhaustiva investigación para esclarecer a dónde fue a parar el importe de los combustibles proveídos a crédito por PDVSA. Qué hizo cada Gobierno del importe de cada litro de derivados de petróleo obtenido fiado y vendido al contado al público consumidor paraguayo.
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Lo peor que puede hacer el presidente Cartes en este caso es procurar impunidad para los responsables de semejante desfalco contra las arcas del Estado. De hecho, cada uno de los expresidentes de la República directamente responsables del fato ha optado por tirarle el fardo a su sucesor y este, a su vez, a su antecesor. Así, Nicanor Duarte Frutos acusa a Fernando Lugo de ser el responsable de la situación creada al no pagar la deuda contraída con PDVSA. Por su parte, el exobispo arguye que quien contrajo la deuda es su antecesor. Por su parte, Federico Franco también opta por la metáfora de Pilatos, como sus predecesores. Tan seguros se sienten de su impunidad que los dos primeros pugnan por tratar de encontrar algún atajo para volver a ocupar el sillón de los López.
En su descargo, el expresidente Lugo expresó a un medio de prensa que al asumir la presidencia “recibimos una deuda con PDVSA de US$ 269 millones del gobierno de Nicanor Duarte Frutos”. Por otra parte, admitió que “no pagamos la deuda mencionada, pero tampoco la incrementamos”. Llamativamente, voceros del gobierno de Horacio Cartes toman partido a favor de Duarte Frutos, al señalar que el reclamo de pago de la deuda es un “reclamo político de los amigos del Frente Guasu”, al decir del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.
Sea como fuere, la ciudadanía debe exigir al Gobierno actual que extreme los esfuerzos para esclarecer este escándalo de ribetes internacionales, que compromete la credibilidad del Gobierno de la República.
Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben tolerar que quienes les metieron las manos en sus bolsillos se paseen tranquilamente a su alrededor, disfrutando de las fortunas acumuladas mientras el pueblo paraguayo continúa sufriendo penurias porque no tiene forma de satisfacer sus necesidades básicas.