La falta de resultados tangibles para los más urgentes problemas sociales, los que afectan a la mayor cantidad de gente, proviene de tres fuentes: la desidia, la corrupción y la politiquería. Por ejemplo, la cooperación que debe haber entre el Gobierno nacional y la Municipalidad de Asunción en los proyectos de obras públicas y servicios que ambos deben coordinar para que sean ejecutados con eficiencia técnica y sin derroche de recursos, es algo que hasta ahora no se pudo lograr. Ciertas iniciativas municipales a menudo son relegadas o boicoteadas por organismos gubernamentales.
Hay muchos de estos proyectos que forzosamente deben ser encarados conjuntamente, como es el caso de la recuperación de las riberas anegadizas del río Paraguay. El eterno caso problemático de la Chacarita es un ejemplo dramático de la ineficiencia pública que se hizo crónica en nuestro país. Desde hace al menos medio siglo se vienen sucediendo los estudios técnicos sobre esa zona marginal. Se plasmaron decenas de ideas, en otros tantos documentos, destinadas a dar solución definitiva a ese y a otros casos similares, como los de Tacumbú y el Bañado Sur, mas todo va a parar a los archivos. No hay brazo que las ponga en ejecución.
En estos días, de las más de mil familias de la Chacarita afectadas por la crecida actual, las autoridades solamente pudieron reubicar a 112. El resto se las arregla como puede, generalmente instalándose en plazas céntricas, paseos de avenidas, veredas y cuanto espacio público esté a su alcance. Hace ya seis meses que 80 familias desplazadas por la inundación ocupan el espacio rodeado por la Catedral, el Cabildo, el Congreso, la calle El Paraguayo Independiente y el costado del Parque Caballero que da hacia Artigas.
Ahora sucede que familias que suben desde la Chacarita inundada se disputan la ocupación de la Plaza Constitución –la plaza históricamente más importante y significativa de Asunción– donde estuvieron instaladas, desde diciembre pasado y hasta hace pocos días, 23 familias indígenas que exigían que el Estado les compre tierras en su lugar de origen, Canindeyú. A ello se agrega que, en estos días, arriba al lugar otro contingente de nativos mbya guaraní, proveniente de Caaguazú, con idénticos reclamos.
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Estos casos dramáticos suelen ser encarados por las autoridades con la más absoluta displicencia, limitándose a prestarles a los ocupantes alguna ayuda de emergencia, como tiendas, cobijas y baños móviles, lo que, lejos de dar solución a sus problemas, lo que consigue es sostenerlos en la precariedad de su situación.
En otras palabras, estas familias desplazadas por las aguas y los indígenas sin tierra a los que estamos aludiendo están siendo forzados por las circunstancias a convertirse en mendigos, en gente que pasa a depender, para su sobrevivencia, de la caridad de las personas de buena voluntad que se presten a ayudarlas, mientras que la Municipalidad capitalina y los organismos estatales, como el Indi y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), se apuntan recíprocamente con el índice o alegan falta de recursos. Todos son iguales en ineptitud.
La precariedad, la provisoriedad y la torpeza suelen ser los factores que hacen que las iniciativas del sector público tomadas para encarar los dramas y las carencias sociales fracasen o, cuando menos, resulten solo parcialmente beneficiosas. Un ejemplo a la vista es el proyecto de la Costanera Norte, en el que, habiendo sido indemnizadas unas 400 familias afectadas por la obra, al no asegurárseles otro lugar de instalación, una gran parte terminó por ir nuevamente a engrosar los barrios marginales, de donde, alguna vez en el futuro, si las cosas finalmente se hacen como deben hacerse, tendrán que ser nuevamente indemnizadas y reubicadas a costa del erario estatal o municipal.
A la Municipalidad de Asunción nunca le alcanzan sus recursos económicos para encarar una obra o un proyecto de envergadura, pues tiene que alimentar a unos ocho mil funcionarios, de los cuales al menos la mitad es completamente innecesaria para el eficiente funcionamiento de la institución; pero allí están miles de ellos, colgados de la teta pública, gracias al tráfico de favores políticos.
Aunque, por otra parte, es preciso reconocer que, de parte del Gobierno nacional, nunca parece haber buena disposición referente a la Comuna capitalina para ponerse al día con sus obligaciones. Véase, por ejemplo, que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), hasta hace pocos días, le debía a la Municipalidad asuncena, en concepto de tributos vencidos, 207.339.700 guaraníes. Puede mover a risa que la máxima autoridad del país en materia tributaria, la que tiene la atribución de hacer cumplir las reglas fiscalistas en todo el país, sea morosa de tributos municipales.
Recientemente, asimismo, el Ministerio de Hacienda canceló su deuda tributaria con la Municipalidad de Asunción, por valor de 673.000.000 de guaraníes, al igual que la Contraloría General de la República, por ocho millones, restando todavía 65 organismos estatales morosos en ese concepto.
Así como están las instituciones públicas, no sirven más que para mantener a decenas de miles de asalariados y realizar minúsculas intervenciones en su ámbito de competencia.
En resumen, la ineptitud sumada a la indiferencia y a la corrupción constituyen los pilares sobre los que se sostienen los proyectos de obras y servicios públicos, en los que la mayoría de las soluciones es provisoria y de ninguna iniciativa cabe esperar que concluya completamente.
La ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de comenzar a cambiar esta ineficiencia crónica de los organismos públicos citados, para lo cual su legítima presión sobre las autoridades tiene que ser más intensa y concluyente. Es necesario denunciar, criticar, señalar a los ineptos y corruptos, reclamar con constancia desde las organizaciones barriales hasta las instancias más altas. Sin acción cívica pública con firmeza y perseverancia no hallaremos la salida de este túnel.