La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos informó que, en el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo abierto en Asunción y en el Departamento Central fue del 8,4%, es decir, superior a la registrada en igual periodo del año pasado, que fue del 7,6%. En otras palabras, estaban buscando trabajo unas 101.000 personas, diez mil más que entre enero y marzo de 2016. En los mismos lapsos, la tasa de subocupación, que registra a quienes trabajan no más de 30 horas semanales y ganan menos del salario mínimo, subió del 11,4 al 12, 4%, lo que significa que quienes se hallaban en esa condición pasaron de unos 137.000 a 150.000. Este aumento del desempleo abierto y de la subocupación, tanto en términos absolutos como relativos, se ha dado en el marco de un crecimiento económico interanual del país del 4%.
La paradoja se explica por el hecho de que el aumento del producto interno bruto (PIB) fue generado sobre todo por la agricultura y, en particular, por la mecanizada de la soja. La mano de obra que ella no absorbe en el campo, necesitada de trabajo, emigra a las zonas urbanas, donde se aglomera en cinturones de pobreza.
Los jóvenes campesinos que cada año ingresan en el mercado laboral ya no quieren ni pueden vivir de la chacra y buscan nuevos horizontes, atraídos por las luces de las ciudades, pero carecen de los conocimientos y habilidades requeridos para hallar un puesto de trabajo en la industria o en los servicios. El problema que se plantea es qué podrían hacer en ellas si abandonaron la escuela en los primeros años y nunca se les brindó formación en algún oficio. Muchos tratan de sobrevivir vendiendo baratijas o frutas en las esquinas, limpiando parabrisas o de ayudantes de albañil en las construcciones, imposibilitados en su ignorancia de responder a las ofertas de empleos. Esta es la triste realidad.
A ello debe agregarse que el Código del Trabajo obstaculiza la contratación de personas de estas condiciones culturales al imponer estrechos límites a la voluntad de los empleadores y de los eventuales trabajadores. Se alega que es preciso amparar a la parte más débil de la relación laboral, olvidando que una protección así entendida perjudica a quienes buscan un empleo.
Dado que, como se está viendo, la creación de puestos de trabajo no es el resultado automático del aumento del PIB, es preciso, entonces, que esta bonanza macroeconómica sea acompañada por medidas legislativas para su mejor aprovechamiento. Es de lamentar que una de ellas, la Ley de Inserción al Empleo Juvenil, no haya dado los resultados que se esperaban, porque hace que el empleador tema comprometerse a darle estabilidad. En esta materia, la rigidez favorece a los que ya trabajan y perjudica a quienes están desempleados o subocupados, de modo que habría que hallar un equilibrio entre la protección social y el fomento del empleo. No conviene encarecer el despido ni exigir que se contrate a tiempo completo, sino admitir la media jornada, con un salario inferior al mínimo, ajustando con sensatez lo que se refiere a las cargas sociales.
Pero más allá de las medidas y de los incentivos fiscales que se puedan dar en general para generar empleos, es necesario alentar la industrialización del interior del país, con el fin de contrarrestar la migración a la capital y a otras ciudades del interior. La ANDE, por ejemplo, tiene un importante papel que jugar, estableciendo tarifas preferenciales por un tiempo razonable para las industrias que allí se establezcan. El precio de la energía incide en el costo de producción, razón por la que su último brusco incremento fue muy criticado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Establecer un costo preferencial para los lugares más alejados puede constituir un interesante estímulo para la creación de empresas industriales.
También es evidente que el MOPC, así como las gobernaciones y las municipalidades, deben ocuparse de que las rutas y los caminos sean transitables en todo tiempo. Con toda seguridad, no se van a instalar industrias en zonas aisladas por falta de infraestructura vial.
Los departamentos y los municipios harán bien en competir entre sí, ofreciendo el marco apropiado para atraer inversiones dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los gobernadores y los intendentes, lo mismo que los concejales, deben ser los primeros interesados en que se creen puestos de trabajo en sus comunidades. Quienes viven en pequeñas localidades tienen el mismo derecho al trabajo que los asuncenos, de modo que sus autoridades están obligadas a instar a las nacionales a que impulsen el desarrollo precautelando también la seguridad, ya que una región en la que el crimen organizado se mueve a sus anchas no es la más adecuada para montar una fábrica.
El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), por su parte, debe concentrar sus esfuerzos en el interior del país, formando recursos humanos capacitados acordes a los que requiere todo inversor. El joven que desea abandonar la chacra familiar necesita ser instruido en algún oficio para insertarse en el sector industrial. Ciertamente, también es posible capacitarlo en el propio trabajo, tal como lo prevé la fracasada Ley de Inserción al Empleo Juvenil, que contempla “el proceso formativo en las unidades productivas (...), permitiendo a los beneficiarios ser entrenados, de acuerdo a las necesidades de la empresa” y facilitar a esta para que “capacite a los jóvenes, según sus formas específicas de operar antes de emplearlos”.
Es preciso, en fin, acabar con la absurda situación de que el crecimiento económico, cualquiera sea su causa, coincida con un aumento del desempleo y de la subocupación en cualquier lugar del país. Para ello, se impone que nuestros legisladores urjan realizar los estudios correspondientes y dicten las leyes necesarias para desarrollar el “Paraguay profundo”, como suele llamarse a nuestro sector rural.