Si los empleados de la ANDE pagan solo la mitad de la energía eléctrica que consumen, los de Petropar se jubilan sin haber aportado un centavo al IPS. ¿Para qué aportar, si allí está Juan Pueblo para llevar sobre sus escuálidas espaldas el costo de la festichola de los funcionarios estatales?
En efecto, aparte de que cobran gratificaciones por su supuesto “buen desempeño” y de que reciben combustibles gratis, entre otros privilegios indebidos, los empleados de Petropar no aportan a la entidad previsional el 9% de sus salarios. La suma que deberían abonar, según la Ley Nº 356/75, es asumida por la quebrada empresa pública, en virtud de un contrato colectivo de trabajo irregularmente aprobado por la Secretaría de la Función Pública. Ocurre así que los trabajadores del sector privado no solo pagan su cuota mensual, sino que también absorben, con los demás ciudadanos, la que corresponde a esos aprovechados.
Aquí se viola el principio constitucional de igualdad ante la ley, pues unos la cumplen con el dinero que sale de sus propios bolsillos y otros con el que sale de los bolsillos de todos. La generosa cláusula contractual, que ya es de larga data y que le costará este año al pueblo paraguayo 5.200 millones de guaraníes, es solo una de las tantas muestras de que los contratos colectivos de trabajo del sector público son realmente escandalosos.
La sangría que sufre el Estado no solo deriva de las sobrefacturaciones y de las malversaciones, sino también de esos instrumentos que le dan un viso de supuesta legalidad a un descomunal derroche que sirve para comprar el silencio sindical ante la corrupción rampante en las instituciones. Y encima, cada vez que se habla tímidamente de alguna privatización, nos vienen con el cuento de que la empresa pública es “estratégica”, que es de “todos los paraguayos”, etc., etc. Mentira. En la práctica, ya está “privatizada” por los jerarcas inescrupulosos de turno y por los sindicalistas sinvergüenzas de siempre, que se sirven de ella a su antojo, ignorando incluso dictámenes de la Contraloría General de la República. Lo que realmente es de todos es el dinero que en la empresa pública se roba y despilfarra. En Petropar, que tiene unos mil empleados, hay nada menos que cuatro sindicatos, por la simple razón de que es un gran negocio constituir uno para arrancar ventajas indebidas y obtener la “estabilidad” sindical.
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Generalmente los dirigentes de las centrales de trabajadores, inspirados por prejuicios ideológicos, suelen amparar a quienes desde una empresa pública se burlan del pueblo obteniendo beneficios indebidos. Tal vez porque en última instancia ellos también lo saben y se benefician de esas irritantes canonjías. No les importa que no pueda haber derechos adquiridos contra la constitución y las leyes.
La ciudadanía no puede seguir tolerando que las empresas públicas sigan estando al servicio de unos cuantos vividores que, para mayor escarnio, quieren tomarla por idiota. Debe negarse y manifestarse en sentido contrario a seguir financiando el carnaval de los privilegiados funcionarios del Estado.