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En medio de la enrarecida atmósfera proselitista de cara a las elecciones internas de los partidos y movimientos políticos en las que el plato fuerte lo aderezan los precandidatos a la Presidencia de la República de la ANR y el PLRA, la opinión pública se ha visto desagradablemente sorprendida con la filtración de decenas de audios que contienen escandalosas conversaciones telefónicas mantenidas por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador colorado cartista Óscar González Daher, y su secretario, Raúl Fernández Lippmann, con una sarta de interlocutores involucrados en siniestras conspiraciones criminales de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias.
Entre los contertulios del senador González Daher y su secretario en el merengue de referencia, se cuentan parientes, amigos, delincuentes, políticos, legisladores, abogados, fiscales y jueces, así como el contralor general de la República, Enrique García, y el exministro del Interior Carmelo Caballero, entre otros. Los asuntos abordados son también diversos y van desde intimidaciones a fiscales hasta encubrimiento de fechorías, como el caso que involucra a la fiscala Teresa Rojas y la estafa contra el patrimonio del club Cerro Corá, a más de repartija de plata sucia en “taquitos de madera” en la propia residencia del senador Óscar González Daher.
A través de los medios masivos de comunicación, la gente ha tenido oportunidad de enterarse a plenitud del contenido de los audios de referencia, y formular sus comentarios a través de las redes sociales, por lo que deviene una redundancia repetirlo. Lo que sí vale la pena es analizar la gravedad subyacente al interior de este escándalo político-judicial. En efecto, su divulgación al público constituye un anticipo jurisdiccional de prueba para el juicio que la Fiscalía General ha prometido abrir para esclarecer esta alevosa conspiración criminal contra el Estado de derecho de la República, liderada, irónicamente, por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la instancia jurisdiccional responsable de juzgar a los magistrados incursos en delitos de prevaricato.
Para la opinión pública nacional e internacional, si en el Paraguay existiera Estado de derecho efectivo, lo menos que el senador Óscar González Daher debiera haber hecho tras el destape de la olla podrida hubiera sido dimitir inmediatamente del cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Pero no lo ha hecho, ni lo hará espontáneamente. Tampoco lo hará si por acaso la Fiscalía General se anima a imputarlo. Entonces, la única autoridad que resta para radiarlo del cargo y meterlo en la cárcel es la que ejerce el pueblo soberano en un Estado fallido como es actualmente el Paraguay bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes.
En nuestro país suceden estas conspiraciones criminales y escándalos jurídicos porque en el actual sistema judicial los ministros de la Corte Suprema, jueces y fiscales están sometidos a las arbitrariedades del Ejecutivo y el Congreso. Con este vasallaje, el Poder Judicial ha perdido su condición institucional existencial que es su independencia. Concomitantemente, los magistrados han optado por alinearse a los dictados de los mandones de turno, como el senador Óscar González Daher y otros capitostes de la claque gobernante, tirando por la borda su integridad moral.
A través de la corrupta práctica del clientelismo político impulsado por el presidente Horacio Cartes, legisladores y altos funcionarios del Gobierno intercambian favores mediante la concesión de prestaciones obtenidas a través de su cargo o de contactos relacionados con el mismo a cambio de apoyo, legal o ilegal. Aunque de vieja data, ha sido bajo el gobierno de Horacio Cartes que el clientelismo político ha alcanzado renovada vigencia, ocasionando que el aparato administrativo del Estado sea utilizado para obtener beneficio privado. El “jefe” o patrón –sea este un funcionario, u otra persona dotada de suficiente poder para influir sobre los funcionarios (como el senador González Daher, o los gerentes de las empresas del presidente Cartes)– toma decisiones que favorecen a sus clientes y que estos compensan asegurándole la permanencia en el cargo, o castigándolo con la remoción del mismo en caso de negarse a avalar ilícitos, como en el caso de la fiscala Teresa Rojas a quien el senador González Daher le bajó el pulgar –“esa está muerta”, dijo de ella–, como se puede constatar en uno de los audios dados a publicidad.
En el contexto de un Estado fallido como el Paraguay en la actualidad, le resulta difícil al electorado nacional superar el servilismo y la apatía que por fuerza se han abatido sobre su ánimo ante la castración de la Justicia en todos sus niveles jurisdiccionales por obra y gracia de una nociva entente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, para imponer a la nación un régimen autoritario con fachada democrática.
Es imperiosamente necesario que la ciudadanía se valga de la oportunidad que presentan las próximas elecciones internas de los partidos y las generales para hacer valer su voto, apostando con decencia cívica por mejores autoridades para el futuro Gobierno de la República; uno que al menos prometa restituir el Estado de derecho que ha perdido nuestro país.