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Los legisladores hacen uso y abuso de su facultad constitucional de modificar el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación. Tienen sumo interés en satisfacer las demandas de sus respectivas clientelas, sin considerar las necesidades reales ni los ingresos tributarios razonablemente previsibles. Aumentan el gasto público creando cargos inútiles e incrementando salarios, sin preocuparse en absoluto de la cuestión del financiamiento. Claro que, mediante su plan financiero, el Ministerio de Hacienda puede recortar las mayores erogaciones presupuestadas por el simple y contundente hecho de que el dinero no alcanza. El grave problema es que los sueldos en el elefantiásico aparato estatal deben ser abonados a toda costa, de modo que dicha cartera se ve forzada a sacrificar las inversiones de capital para que los viejos “servidores” públicos cobren mejor y los nuevos empiecen a medrar. La alternativa, a la que el anterior Gobierno recurrió con muchas ganas, es emitir bonos soberanos, o sea, endeudar al país.
En suma, el Congreso eleva irresponsablemente el gasto fijo sin importarle la cobertura financiera ni las consecuencias para la población. A tanto llega la insensatez que el senador liberal Dionisio Amarilla llegó a fundamentar, en su época de diputado, una ampliación presupuestaria con el argumento de que era una “bicoca” frente a las sumas robadas por los aduaneros. ¡Qué le hace una mancha más al tigre! Hay quienes se lavan las manos alegando, con toda hipocresía, que habría dinero suficiente si se redujera la enorme evasión tributaria. Bien saben que es impensable que, con la corrupción rampante, la recaudación tenga de pronto un aumento significativo en el siguiente año fiscal.
El art. 17 de la Ley N° 1533/99, de Administración Financiera del Estado, dice que al estudiar el Proyecto de Ley del Presupuesto, el Congreso “no podrá reasignar recursos destinados a inversiones con el propósito de incrementar gastos corrientes ni aquellos con afectación específica previstos en leyes especiales”. La misma norma dice también que “las ampliaciones presupuestarias solo podrán destinarse a rubros de inversión y deberán prever específicamente su fuente de financiamiento”. Es notorio que estas atinadas disposiciones, que limitan la discrecionalidad legislativa, son lisa y llanamente letra muerta, como varias otras de la ley citada. En las Constituciones de Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, por ejemplo, las ampliaciones presupuestarias deben ser solicitadas por el Poder Ejecutivo, sin que el Legislativo pueda tomar la iniciativa al respecto. Como la nuestra no lo impide, la Ley del Presupuesto sancionada puede ignorar olímpicamente las limitaciones dispuestas en la Ley N° 1535/99, sin que por ello sea declarada inconstitucional.
Pero las cosas no paran allí, ya que tampoco existe impedimento jurídico alguno para que incluso la Ley N° 5098/13, de Responsabilidad Fiscal, sea dejada de lado con el fin de atender los rutinarios reclamos del personal público. Son normativas de igual rango, de modo que si se contradicen, prevalece la presupuestaria anual, derogándose de hecho toda restricción impuesta a los manirrotos del Congreso. Desde luego, lo que ellos aprueben puede ser vetado por el Poder Ejecutivo, tal como lo hizo en 2016 con respecto a todo el Presupuesto y en 2018 con respecto a una ampliación de 13.800 millones de guaraníes para crear 72 cargos en la Contraloría General de la República, entre otras cosas. No es fácil, sin embargo, que el jefe de Estado ejerza su derecho a objetar total o parcialmente lo resuelto en el Congreso, estando también él sometido a fuertes presiones “políticas”.
Nuestra Constitución le otorga con exclusividad al Poder Ejecutivo la potestad de presentar el Proyecto de Ley del Presupuesto. Se trata del único caso en que una iniciativa de ley no puede originarse en las Cámaras ni en la Corte Suprema de Justicia ni en la iniciativa popular. Es más, el Presupuesto no puede ser sometido a un referéndum y el rechazo total de su proyecto requiere mayoría absoluta de dos tercios en cada una de las Cámaras, es decir, la más amplia prevista en la Constitución, superior, incluso, a la que exige para una destitución a través del juicio político.
Todo lo antedicho significa que la Carta Magna confiere al Poder Ejecutivo una clara preeminencia en materia presupuestaria, aunque, ciertamente, el art. 216 no prohíbe que el Legislativo amplíe o modifique el proyecto de ley, según su leal saber y entender. Lamentablemente, los senadores y diputados no se han destacado por su sensatez y patriotismo a la hora del tratamiento de tan delicado tema, pues en muchos de ellos ha prevalecido la mentalidad politiquera antes que la de un estadista al servicio del país. En consecuencia, si la Constitución no les impide “retocar” el proyecto de Presupuesto, deberían restringirse a sí mismos, resistiendo la tentación de dar el gusto a los pedigüeños de siempre, apelando a la razón y teniendo en mente a sus representados. Deberían estudiar a fondo lo que significa “responsabilidad fiscal”, que les obliga a ser austeros y no manirrotos con el dinero de todos, como ocurre actualmente.