Gobierno despilfarrador, campesinado pobre

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) podría “trabajar bien” con 2.000 funcionarios, pero tiene 3.200, de los cuales el 75% es “administrativo” y el 25% “operativo”. Como los gastos corrientes (sueldos e insumos) llegan al 85% de su presupuesto, debe apelar a recursos externos, como los créditos y las donaciones: sin ellos, no tendría “operatividad” alguna. Estos elocuentes datos, brindados recientemente con toda franqueza por el ministro Marcos Medina, revelan hasta qué grado de irracionalidad se ha llegado en las últimas décadas para satisfacer a la clientela política a costa del interés general. La cruda realidad expuesta por el ministro pone en claro que el aparato estatal es hoy más bien un problema antes que una solución. El futuro Gobierno podrá tener las mejores intenciones, pero terminará fracasando como el actual si los recursos no son asignados correctamente dentro de cada una de las entidades públicas y ellas siguen tan superpobladas como siempre.

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) podría “trabajar bien” con 2.000 funcionarios, pero tiene 3.200, de los cuales el 75% es “administrativo” y el 25% “operativo. Como los gastos corrientes (sueldos e insumos) llegan al 85% de su presupuesto, debe apelar a recursos externos, como los créditos y las donaciones: sin ellos, no tendría “operatividad” alguna.

Estos elocuentes datos, brindados recientemente con toda franqueza por el ministro Marcos Medina, revelan hasta qué grado de irracionalidad se ha llegado en las últimas décadas para satisfacer a la clientela política a costa del interés general. El MAG dejaría de funcionar si el país no se endeudara ni recibiera dádivas, es decir, si velara por su futuro y por su dignidad, pero tiene 1.200 funcionarios de más, lo que significa que el 37,4% del plantel percibe puntualmente un salario sin tener nada que hacer. En cuanto a la distribución formal de las “tareas”, los burócratas en oficinas con aire acondicionado triplican en número a quienes deben ocuparse de fomentar la producción agrícola-ganadera, investigando y capacitando a los labriegos y a los pequeños ganaderos, entre otras cosas. Es de suponer que esos “administrativos” conforman la enorme mayoría de los que cobran sin trabajar, y que muchos ni siquiera se toman la molestia de asistir a sus oficinas.

No se trata necesariamente de que sean haraganes, sino más bien de que son superfluos, no tienen nada que hacer: su ausencia no influye en absoluto en el desempeño del ministerio. Algún cínico dirá que es preferible que se queden en sus casas, pues así no molestan a quienes trabajan ni usan la oficina para sus asuntos particulares. Pero la cuestión es que viven a costa de los contribuyentes sin prestar ningún servicio al país y, para peor, desvían hacia sus bolsillos los fondos que deben destinarse a promover el desarrollo rural.

Los culpables de su intolerable parasitismo no son tanto ellos mismos como quienes a lo largo de los años los han venido instalando en el presupuesto nacional, por la simple razón de que son correligionarios, parientes o amigos suyos. En tal sentido, son tan responsables los funcionarios del MAG que elaboran el anteproyecto como el Ministerio de Hacienda que lo convierte en proyecto del Poder Ejecutivo y el Congreso que sanciona la ley presupuestaria.

A ninguna de estas instituciones le ha importado nunca que existan muchos más cargos de los requeridos, que solo un cuarto de ellos tenga un carácter “operativo” ni que el ministerio carezca de fondos suficientes para hacer algo útil, porque los gastos de personal son excesivos. El presupuesto es diseñado y aprobado sin que tampoco se atienda que el MAG no debe ser un ministerio como el de Hacienda, puramente administrativo, sino uno que coopere activamente con los productores del campo, sobre el terreno. Es obvio que allí el papeleo no puede ni debe constituir la rutina diaria, pero lo que ocurre es que a los politicastros solo les importa atender el bienestar de los suyos con el dinero público. Para engordarlos, creen conveniente agrandar el Estado, no solo creando cargos inútiles en los organismos ya existentes, sino incluso nuevas entidades.

En efecto, el ministro Medina señaló también que es imposible realizar una labor coordinada con las once entidades autárquicas vinculadas a su gestión, entre las que figuran el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el Instituto Forestal Nacional (Infona), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA). La proliferación de organismos con atribuciones superpuestas habría despojado al MAG de su papel “rector de las políticas públicas”, lo que significa, en términos sencillos, que cada uno de ellos hace o deja de hacer lo que se le antoja. Y eso ocurre, al igual que en otros ámbitos de la administración pública, porque hay una alianza entre los tontos, que suponen que una necesidad pública queda automáticamente satisfecha montando un ente autárquico, y los bribones, que ven en ello una excelente ocasión de aumentar el prebendarismo consuetudinario.

Los dos principales candidatos presidenciales en los últimos comicios prometieron muchas cosas, pero nada dijeron acerca de cómo lograr que los bellos sueños prometidos se hagan realidad. Efraín Alegre anunció la creación de un Ministerio de Agricultura Familiar, con lo que se habrían multiplicado tanto los cargos como los problemas de coordinación. Como era de esperar, Mario Abdo Benítez habló de combatir la corrupción, pero no así de reducir el aparato estatal. Ahora cabe preguntarle, si no se atreve a desmentir al ministro, qué piensa hacer para que el MAG se desempeñe con eficiencia, sin solicitar ni recibir “recursos externos”. En términos generales, lo antedicho vale para todo el aparato estatal, en especial para los ministerios encargados de la sanidad y de la salud públicas, llenos de “administrativos” parasitarios.

Se habla mucho de mejorar la calidad del gasto público, con lo que solo se quiere decir que hay que destinar más dinero al área social. El problema es que una mayor inversión servirá de poco, no solo mientras abunden los corruptos, los ineptos y los haraganes disfrazados de funcionarios, sino también mientras los recursos adicionales sirvan sobre todo para cubrir los gastos corrientes.

Por lo demás, no es cuestión de presupuestar grandes sumas que serán fantasiosas si los ingresos han sido previstos con exagerado optimismo, pues de lo contrario se terminará pidiendo nuevos créditos o donaciones, luego de que el Ministerio de Hacienda disponga unos recortes por falta de fondos.

La cruda realidad expuesta por el ministro Medina pone en claro que el aparato estatal es hoy más bien un problema antes que una solución. Se ocupa esencialmente de sí mismo, es decir, de sus integrantes antes que de atender el bien común, pero se sigue creyendo que todo se arreglará mediante la “presencia del Estado” en algún lugar, como si poseyera una varita mágica y las medidas no tuvieran que ser ejecutadas por personas de carne y hueso.

En suma, el futuro Gobierno podrá tener las mejores intenciones, pero terminará fracasando como el actual si los recursos no son asignados correctamente dentro de cada una de las entidades públicas y ellas siguen tan superpobladas como siempre. Vale la pena insistir en esta obviedad debido al mal hábito de concebir ambiciosas metas, con las que todos podríamos estar de acuerdo, sin tener la voluntad política ni los instrumentos adecuados para alcanzarlas. Por lo tanto, la cuestión no radica tanto en el qué hacer, sino en el cómo hacerlo. Condición indispensable para vencer la pobreza es una profunda reforma de la administración pública, para lo cual hay que tener un genuino interés en el bienestar colectivo, y el coraje de enfrentar a los politicastros y a sus acólitos en general, incluidos los sindicalistas privilegiados, enquistados en el aparato estatal.

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