Por primera vez en nuestra historia, un senador perdió ayer su investidura, porque treinta colegas suyos lo consideraron indigno de seguir integrando la Cámara Alta.
Aplaudimos la ejemplar medida, prevista en el art. 201 de la Carta Magna como sanción por “el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”, pues Óscar González Daher había convertido el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en un centro de operaciones delictivas orientadas a incidir en decisiones privativas del Ministerio Público y del Poder Judicial. Quien preside un órgano constitucional para torcer la vara de la Justicia es un facineroso que debe terminar en la cárcel. En efecto, la ciudadanía no debe quedar satisfecha con la merecida expulsión dispuesta por el Senado, sino reclamar la sanción penal correspondiente por la comisión reiterada del delito que contempla la Ley Nº 2523/04.
De la iniquidad de González Daher dan cuenta suficiente los escandalosos audios que han conmocionado al país, suscitando múltiples expresiones de repudio, como la de la Conferencia Episcopal Paraguaya, en su reciente mensaje navideño. Como si ellos no bastaran para tener una idea de cuanto se venía perpetrando en el Jurado, su nuevo presidente, Cristian Kriskovich, denunció ante la Fiscalía General del Estado la sustracción de documentos en la noche del 15 y en la madrugada el 16 de diciembre últimos, inmediatamente después de la renuncia de Óscar González Daher a la representación “que venía ejercitando” en nombre del Senado ante dicha institución.
Es presumible que los autores del ilícito –funcionarios del Jurado– no actuaron por propia iniciativa, sino por encargo de su exjefe, muy interesado en borrar huellas comprometedoras. Las posibles víctimas de un chantaje eran numerosas, pues Kriskovich informó que la Secretaría 2 tiene pendientes, desde hace seis años, 366 enjuiciamientos de jueces y fiscales y que la Secretaría 1 tiene en total 729 procesos acumulados desde hace siete años. Se supo también que el ahora exsenador había incorporado a 55 personas que no estaban obligadas a registrar sus entradas y salidas, una verdadera “minucia” considerando de lo que era capaz este inescrupuloso.
Tras haber renunciado a seguir enlodando el Jurado, debido a la condena generalizada provocada por los audios, desistió de seguir haciendo lo mismo con el Senado, presentando una nota poco antes de que ese cuerpo tratara la pérdida de su investidura. Creyó que así se calmarían las aguas agitadas por su indecencia, pero sus excolegas resolvieron castigarlo por el bien de la República. Hicieron lo que correspondía, y es de esperar que se haya sentado un precedente a considerar cada vez que un legislador traicione a los ciudadanos que lo eligieron, interviniendo en actuaciones fiscales y judiciales para favorecer o perjudicar a alguien, a cambio de dinero o por amor al sucio ejercicio del poder.
Las canalladas de González Daher no son insólitas, pues también otros parlamentarios dedican gran parte de su tiempo al tráfico de influencias y, desde luego, no solo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Lo que a este caso le confiere una gravedad singular es que ese personaje encabezaba, justamente, un órgano que puede remover o destituir a magistrados judiciales, agentes fiscales, procuradores fiscales y jueces de paz, con lo que su capacidad de influir en ellos era mucho mayor que la de un legislador común y corriente. Entre las causales de remoción por mal desempeño de funciones, el art. 14 de la Ley Nº 1084/97 menciona el hecho de “no conservar la independencia personal (...) y someterse, sin que ley alguna les obligue, a órdenes e indicaciones de magistrados de jerarquía superior o de funcionarios de otros Poderes u órganos del Estado”.
Es decir, González Daher podía decidir la destitución de un juez que se hubiera sometido a las órdenes de otra persona que, por supuesto, no fuera él. Es simplemente grotesco que este sinvergüenza haya podido votar por la remoción de alguien por el motivo que fuere, porque para eso hay que tener al menos una pizca de autoridad moral. Si hace poco incurrió públicamente en el delito de coerción al elector, asusta imaginarse lo que pudo haber hecho entre las cuatro paredes de su oficina en el Jurado.
Ya actuaron los senadores, haciendo lo que correspondía para limpiar, en parte, la pésima imagen del Congreso. Ahora es necesario que el Ministerio Público tome en serio la denuncia hecha por el nuevo presidente del Jurado y la ya presentada por los senadores Arnaldo Giuzzio y Eduardo Petta contra su ahora excolega, por los delitos de tráfico de influencias, soborno y cohecho pasivo. Es de esperar que las pesquisas sean realizadas con la debida diligencia, y que concluyan con una acusación que dé pie a una rotunda condena, para lo cual será necesario que los fiscales y los jueces tengan el coraje de empezar a liberarse del peso del poder político.
Entretanto, González Daher podría presentar una tercera renuncia, esta vez, a su candidatura como senador por la ANR. Su partido y la patria se lo agradecerían, pero como es improbable que algo le importen, no hay que abrigar muchas esperanzas. Integró el tercer lugar en la lista de precandidatos liderada por el Presidente de la República, luego del impresentable Javier Zacarías Irún, de modo que también su afinidad con Horacio Cartes habrá potenciado su capacidad de influir en los dictámenes fiscales y en las resoluciones judiciales.
Se creía impune, pero, por de pronto, ya recibió una justa sanción que lo fulmina como el primer legislador paraguayo al que sus pares arrojaron de su lado por haber cometido un delito en el ejercicio del cargo, previsto en la Constitución y en la ley. El país está de parabienes.