Según la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el clan luqueño de los González Daher –liderado por los hermanos Óscar y Ramón– movió durante cinco años más de ocho billones de guaraníes de origen desconocido o sin sustento. Esa enorme suma de dinero requiere el empleo de doce ceros y equivale a unos 1.403 millones de dólares. Ella supera el mayor presupuesto ministerial –el de Educación y Ciencias– y puede servir, por ejemplo, para construir unas 3.359 escuelas, 143.300 viviendas sociales y casi dos mil kilómetros de ruta asfaltada en la Región Oriental. El aún senador está registrado como contribuyente en la Subsecretaría de Estado de Tributación, habiendo declarado que se ocupa de la cría de ganado vacuno, así como de actividades profesionales, científicas y técnicas. Empero, solo tiene una cuenta bancaria en el Banco Nacional de Fomento, donde le depositan cada mes su dieta de 29.606.840 guaraníes y sus “gastos de representación” por valor de 3.168.000. ¿A dónde va a parar todo el resto?
A este paso, se diría que quien perdió su investidura en 2017 por haber incurrido en el delito de tráfico de influencias no tiene en verdad otras fuentes de ingresos legítimas, salvo que solo reciba dinero contante y sonante, que luego deposita bajo su colchón. Debe mencionarse que también es director titular de la firma inmobiliaria Príncipe di Savoia, dueña de 52 inmuebles y de un capital de mil millones de guaraníes, cuyos otros directivos son sus hijos Óscar González Chaves y María Emilia González Chaves. Se ignora el sueldo que percibe en tal carácter o los dividendos que le hayan correspondido en cada año fiscal. En el informe de la Seprelad no consta que haya declarado ingresos a la SET, sino solo que es propietario de 15 inmuebles y de dos vehículos. La mansión que habita, donde opera la firma citada, y su colección de vehículos de alta gama, entre los que figura un Rolls Royce, hacen presumir que su remuneración como legislador sería totalmente insuficiente para solventar ese tren de vida. Se trata de un muy sospechoso movimiento financiero del que se puede inferir que está operando en negro y eludiendo al fisco por montos multimillonarios. Se puede suponer, inclusive, un gigantesco lavado de dinero.
En consecuencia, sería muy útil que el fiscal René Fernández obtenga cuanto antes de la Contraloría General de la República las declaraciones juradas de bienes y rentas del indigno senador, no solo para satisfacer una curiosidad de interés público, sino también para que el presunto delito de enriquecimiento ilícito se sume a los de evasión impositiva y lavado de dinero que se le atribuyen, sin olvidar la fechoría del tráfico de influencias por la cual ya está imputado. En realidad, tendría una larga experiencia como evasor, pues hace ocho años se reveló que, siendo presidente del Congreso, eludía el pago íntegro del impuesto inmobiliario por unas 50 propiedades luqueñas, gracias a la adulteración de datos del sistema informático municipal.
Estremece recordar que este nefasto personaje llegó a presidir no solo el Congreso sino también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como si hubiera tenido la honorabilidad y la autoridad moral requeridas para el efecto. Por otro lado, alegra constatar que bajo la nueva administración gubernamental este notable caso cobró impulso, y es de esperar que en adelante ya no se encubra a los peces gordos de la corrupción. Este giro es importante, tanto desde el punto de vista nacional como internacional, dado que el delito de lavado de dinero también está previsto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley N° 2535/05, seguramente con el voto del repudiable senador de marras.
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El tremendo daño que este impresentable ha causado y sigue causando al país requiere un resarcimiento moral y económico. En cuanto a lo primero, se impone que, como ya ha ocurrido en el periodo legislativo anterior, de nuevo se le despoje de su investidura por su manifiesta indignidad, pues su grave inconducta no terminó con el anterior periodo legislativo, sino que sus efectos perduran en el tiempo. Su sola presencia en el Senado implica un insulto a la ciudadanía, a la que no solo habría estado privando de Justicia al manejar a su gusto a magistrados y fiscales desde su cargo de titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sino también de recursos a través de la evasión impositiva, del lavado de dinero y del enriquecimiento ilícito. Es de esperar que también sea juzgado y condenado no solo a la privación de su libertad, sino también a la devolución de sus cuantiosos bienes ilegítimos. A su responsabilidad penal debe agregarse la civil, como corresponde de acuerdo a la ley.
Si el Senado tiene algún sentido de la decencia, debe volver a expulsarlo de su seno; si el Ministerio Público representa a la sociedad frente a los órganos jurisdiccionales, tiene la obligación de empeñarse en reunir las pruebas para que su presunto victimario pase de un escaño a una celda; si a la magistratura le compete hacer justicia, debe evaluarlas con toda independencia para resolver conforme a la ley. En su caso, y en vista de que continúa agraviando a sus conciudadanos con su investidura de senador, aquí no cabe la presunción constitucional de inocencia. De hecho, ella solo debe valer para las personas comunes y corrientes, pero no así para quienes ejercen la tan corrompida función pública.
Los legisladores sinvergüenzas se escudan primero en sus fueros, como el invocado por González Daher para impedir el allanamiento de su mansión, o recurren a chicanas sistemáticas porque se saben culpables. Su misma conducta ante la actuación fiscal o judicial hace trizas de la presunción señalada. En el caso del enriquecimiento ilícito, por cierto, es el acusado quien debe demostrar el origen lícito de sus bienes.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben movilizarse con fuerza cada vez mayor para que este indecente no siga prostituyendo el Senado, sino que reciba el castigo que le corresponda como cualquier “persona común”.