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El Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, poderosas organizaciones delictivas del Brasil, han sentado sus reales en nuestro país y cada vez están ganando mayor protagonismo en el ambiente criminal, y ya no solo en las áreas fronterizas sino en importantes localidades del interior. En tal sentido, el motín desatado en la penitenciaría regional de Concepción, días después de que estallara uno similar en la de Coronel Oviedo, revela que el PCC se está apoderando de las cárceles del país, tras haberse instalado sólidamente en la Región Oriental.
En otros términos, aparte de liderar la delincuencia gracias a su poder económico, a su experiencia y a la corrupción reinante en las fuerzas de seguridad, está en vías de constituirse en un decisivo poder fáctico. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se refirió hace un par de años a la infiltración del crimen organizado en el aparato estatal. Ahora, ante la posibilidad de que estallen motines en todas las penitenciarías, informó que el Gobierno buscará el modo de que las Fuerzas Armadas sean empleadas “de manera disuasiva, por fuera de los penales, para evitar este tipo de cosas”. Es de suponer, entonces, que si ni los guardiacárceles ni el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional pudieran sofocar una revuelta, los militares ingresarían en las cárceles para imponer el orden.
Dejando de lado que el art. 173 de la Carta Magna dice que las Fuerzas Armadas solo tienen la misión “de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas”, se plantea la cuestión de si los oficiales, suboficiales y soldados están entrenados para ejercer el papel de guardiacárceles. Es muy probable que la respuesta sea tan negativa como la que correspondería si se preguntara lo mismo con respecto a los bomberos. La fuerza pública está especializada y sometida a la ley, de modo que no puede ser utilizada con cualquier propósito, por más comprensible que sea la necesidad de hacerlo.
Se dirá que el art. 56 de la Ley N° 1337/99, “de Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, dispone que en casos de suma gravedad, en que el sistema de seguridad interna sea claramente insuficiente, el Presidente de la República puede decidir el uso transitorio de las Fuerzas Armadas dentro de un ámbito territorial decretado y por el tiempo necesario para que la Policía Nacional o la Prefectura General Naval estén en condiciones de encargarse de nuevo, por sí solas, de la situación.
Y bien, aunque una serie de motines más o menos simultáneos implique una situación de extrema gravedad, no parece conveniente el empleo de elementos militares de combate para poner fin a eventuales incidentes violentos en cadena. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Es dudoso, por decir lo menos, que el sistema de seguridad interna sea hoy “manifiestamente insuficiente” para enfrentarlos. Por otro lado, están de por medio la Constitución y las leyes y la falta de preparación de los militares para asumir ciertas situaciones propias de los policías.
Medidas preventivas tales como la dispersión de los reclusos ligados al PCC, un control mucho más riguroso de los visitantes, un mejor trabajo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, la rápida expulsión de los criminales con órdenes de captura en el Brasil y, sobre todo, una limpieza a fondo de los cuadros policiales y penitenciarios hoy al servicio del crimen organizado deberían bastar para que no se llegue al extremo de que las Fuerzas Armadas intervengan en una coyuntura para la que no están preparadas.
El problema de fondo radica en la corrupción fomentada por el crimen organizado y que también afecta, por cierto, a los propios militares. Se recordará, por ejemplo, que el 3 de septiembre de 2017, el mayor Roberto Javier Díaz escoltó hasta Capitán Bado, en dos camionetas, al recién liberado narcotraficante Felipe “Barón” Escurra.
En cuanto a la Policía Nacional, su Dirección General de Inteligencia debe ser mucho más eficiente, como también la de Asuntos Internos, esta última encargada de investigar, incluso de oficio, a los agentes sospechados de cometer delitos o faltas. Para que ello ocurra, es imprescindible, desde luego, que esas dependencias sean depuradas al igual que el Departamento de Identificaciones y el de Antimafia, tres de cuyos suboficiales acaban de ser condenados por haber proveído un documento de identidad falso al delincuente argentino Íbar Pérez Corradi, pese a existir en su momento una alerta roja de la Interpol sobre el mismo. Los agentes de Interpol, que durante ocho meses le vendieron protección en Ciudad del Este, según el propio narcotraficante, ni siquiera fueron imputados. O sea que también hay que hacer una buena limpieza en dichas reparticiones, sin olvidar la Dirección Nacional de Migraciones.
Frente a esta debilidad institucional de los organismos de seguridad, y considerando que el nuevo Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro está empleando “mano dura” contra el PCC y el Comando Vermelho, no debe descartarse en absoluto que se incremente considerablemente la presencia de miembros de esas organizaciones criminales en el Paraguay.
Pueden esperarse, por tanto, más acciones delictivas y motines carcelarios en nuestro país encabezados por los delincuentes de ambas organizaciones criminales, considerando que han comenzado, además, a reclutar a delincuentes paraguayos, según los propios jefes policiales.
Se trata de una cuestión que el Gobierno debe considerar seriamente debido a la zozobra que vive la población. Estos delincuentes brasileños deben ser perseguidos con firmeza y deportados sin más demora a su país. Ya tenemos suficiente con los bandidos paraguayos que pululan en todas partes, incluyendo los de “guantes blancos” que actúan en las altas esferas.