Grave responsabilidad del presidente Cartes ante la historia

Como la de Colombia hace dos décadas y la de México hace algunos años, la gobernabilidad democrática de nuestro país se encuentra hoy seriamente amenazada por la mafia del narcotráfico que, inadvertidamente para la mayoría de los paraguayos, ha ido permeando las estructuras de los partidos políticos y, concomitantemente, los tres Poderes del Gobierno, amenazando con convertir al Paraguay en un “Estado fallido” en el concierto de las naciones democráticas del mundo. Como se ha podido comprobar en los últimos tiempos, la sistemática subrepticia cooptación de las élites políticas por el crimen organizado transnacional a nivel país –en particular en los departamentos donde las bandas de narcotraficantes tienen centradas sus actividades delictivas– ha engendrado un híbrido potencialmente más peligroso aún para la seguridad ciudadana y la gobernabilidad democrática de la República: la narcopolítica. Ante tan ominoso panorama, el presidente Cartes debe asumir su responsabilidad como máximo responsable de la seguridad nacional.

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Como la de Colombia hace dos décadas y la de México hace algunos años, la gobernabilidad democrática de nuestro país se encuentra hoy seriamente amenazada por la mafia del narcotráfico que, inadvertidamente para la mayoría de los paraguayos, ha ido permeando las estructuras de los partidos políticos y, concomitantemente, los tres Poderes del Gobierno, amenazando con convertir al Paraguay en un “Estado fallido” en el concierto de las naciones democráticas del mundo.

Como se ha podido comprobar en los últimos tiempos, la sistemática subrepticia cooptación de las élites políticas tradicionales por el crimen organizado transnacional a nivel país –en particular en los departamentos donde las bandas de narcotraficantes tienen centradas sus actividades delictivas– ha engendrado un híbrido potencialmente más peligroso aun para la seguridad ciudadana y la gobernabilidad democrática de la República: la “narcopolítica”.

La narcopolítica es un fenómeno social particularmente grave porque afecta al esencial rol democrático de los partidos políticos. Estos son importantes, pues aunque los movimientos sociales, los grupos de interés y la prensa libre juegan un papel trascendente en la comunicación de las demandas populares al Estado, son los partidos políticos los que pueden proporcionar el acceso directo y consistente a las estructuras gubernamentales necesario para mantener una democracia saludable. A lo largo de su historia, en nuestro país han gravitado preponderantemente dos partidos políticos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Aunque en lo que va de la era democrática han aparecido y desaparecido partidos políticos mayormente personalistas buscando consolidar un tercer espacio de opción para los votantes, hasta ahora ninguno ha logrado la fuerza suficiente para disputar seriamente a los dos principales una parcela significativa del espectro político nacional.

Doctrinariamente, tanto la ANR como el PLRA son partidos conservadores de centro-derecha. Actualmente, con la emergencia del Frente Guasu, liderado por el expresidente Fernando Lugo, se abre una nueva opción electoral para los votantes decepcionados de los partidos tradicionales y que más bien simpatizan con una ideología de centro-izquierda. Queda por verse si en el futuro esta novel agrupación política podría convertirse en un contrapeso político estabilizador de la hasta ahora débil democracia paraguaya. Esto, porque los dos partidos políticos tradicionales nunca han actuado consistentemente, hasta ahora, a favor del bien público.

Frente a este panorama, con el estigma de la narcopolítica a cuestas, tanto la ANR como el PLRA enfrentan un serio desafío de legitimidad y de credibilidad democrática. En particular la ANR, por ser el partido de Gobierno que ha puesto las riendas de la administración del Estado en manos del presidente Horacio Cartes, quien, en tal carácter, tiene la responsabilidad primaria de administrar el país y velar por la seguridad nacional, tanto externa como interior. La primera percepción política que debe llamar su atención es que actualmente la mayor y más generalizada preocupación de los paraguayos es la inseguridad. En todas las encuestas de opinión pública, ella sobrepasa a las preocupaciones económicas. De hecho, los diarios, la televisión y la radio traen cotidianamente noticias de asaltos, robos, asesinatos, secuestros, muchos de ellos relacionados con el auge del microtráfico de drogas prohibidas cuyo consumo aumenta incesantemente y, por supuesto, con ligazones al tráfico mayor de cocaína y marihuana.

Merced a la narcopolítica, los narcotraficantes han logrado penetrar y controlar el poder político de la República, convirtiendo a los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, e inclusive Itapúa y Ñeembucú, en “santuarios”, donde desarrollan sus actividades criminales ya no decimos sin interferencia, sino hasta con la complicidad de las autoridades nacionales y departamentales, tal como lo hicieron sus homólogos en Colombia y luego en México, hasta que las autoridades de esos países se pusieron las pilas y decidieron acabar con sus fechorías.

Increíblemente, el Paraguay ha llegado hasta el umbral de la trágica situación que padecieron Colombia y México. Las mafias del narcotráfico han conseguido infiltrarse profundamente en los partidos políticos tradicionales, y por ese conducto lograron la cooptación de autoridades nacionales y departamentales electas. Estas, prestamente han puesto a la policía, a la justicia y al resto del aparato estatal de sus jurisdicciones al servicio de las bandas criminales que operan en sus departamentos y que a su vez subvencionan sus actividades políticas proselitistas y su codicia personal.

De otra manera, no se explica, por ejemplo, que en la propia Municipalidad de Ypejhú el prófugo exintendente Vilmar “Neneco” Acosta escondiera los vehículos –incluida una ambulancia del Ministerio de Salud– con los que se transportaba la droga. O que desde la Jefatura de Policía del Amambay, en Pedro Juan Caballero, y pasando por el patio de la propia Gobernación del departamento, se robaran 252 kilos de cocaína recientemente incautados, caso en el cual están imputados nada menos que dos concejales departamentales: César Augusto Quevedo Isnardi (liberal) y José María Bogado Martínez (colorado).

Siendo así de descarada la actuación de tantas autoridades locales y regionales, es imposible aceptar que los principales referentes de los partidos tradicionales de la región no se hayan enterado de las actividades de numerosos políticos bandidos que han venido incurriendo prácticamente a cara descubierta en actividades ilícitas. ¿Puede pensarse, por ejemplo, que la diputada colorada Cristina Villalba, verdadera “reina” del departamento de Canindeyú, no haya sabido de las actividades ilegales de “Neneco” Acosta y otros dirigentes políticos de su partido, que hoy salen a la luz en forma escandalosa? Lo mismo puede preguntarse del gobernador Alfonso Noria, otra alta autoridad regional. Toda esa poderosa estructura continúa intacta, y hasta ahora apenas han sido molestados algunos peones de cuarta categoría.

Ante tan ominoso panorama, la sociedad paraguaya no puede menos que sentirse alarmada, esperando que, como en Colombia y México, el presidente Horacio Cartes asuma su responsabilidad como máximo responsable de la seguridad nacional y lance una enérgica y tenaz ofensiva contra el crimen organizado del narcotráfico y contra sus protectores: los políticos por ellos catapultados a los cargos electivos en el Congreso, en las gobernaciones y las intendencias municipales; la justicia prevaricadora y la Policía Nacional corrupta.

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