Aunque el presidente de la República, Horacio Cartes, nunca haya vestido el uniforme militar, ha sido investido por el voto popular de los paraguayos y paraguayas con la suprema autoridad constitucional de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Pero, en democracia, esa autoridad no puede ser discrecional como lo fue durante la dictadura de Alfredo Stroessner, quien socavó la institucionalidad castrense, convirtiéndola en una suerte de guardia pretoriana cuyos integrantes fueron obligados a prestar juramento de lealtad a su persona y no a la Patria, como debe ser.
Las Fuerzas Armadas de la Nación no son el “brazo armado” del presidente de la República, sino de la Nación, a la que se deben como custodios de su soberanía e integridad territorial. Tampoco son un partido político sujeto a los vaivenes de la preferencia electoral de los ciudadanos, ni una organización a la que la clase política gobernante tenga que echar en gorra para fines partidarios.
Desde el derrocamiento de la dictadura, las Fuerzas Armadas se han convertido en la institución que mejor ha sabido adecuarse a los cánones de la democracia, porque, disponiendo de gran poder disuasivo, y pese a algunos ajetreos de la transición a la democracia, han posibilitado que en el Paraguay actual sean los votos y no los cañones los que establezcan las reglas de juego gubernamentales. Como partes del sistema democrático de la República, las Fuerzas Armadas de la Nación deben ser preservadas del morbo de la contaminación política sectaria, que, como en el pasado, amenaza de nuevo con destruir, lenta pero sostenidamente, las bases morales de nuestra sociedad y la libertad que los militares nos restituyeron en la noche del 2 al 3 de febrero de 1989.
En el contexto de las consideraciones precedentes, el presidente Cartes, en su carácter de Comandante en Jefe, acaba de cometer una arbitrariedad que era lugar común durante la dictadura stronista: la intempestiva destitución del comandante del Ejército, general de División Derlis Cáceres –a quien había nombrado en el cargo apenas 57 días antes–, por el infortunado azar político de ser hermano del candidato a gobernador de Itapúa por la disidencia colorada, el diputado Mario Cáceres. La opinión pública ha presenciado indignada la manifiesta arbitrariedad del máximo responsable de velar por la institucionalidad de la fuerza pública, manteniéndola libre de la politiquería y la corrupción.
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Y no es para menos, pues en este tiempo de febril ajetreo preelectoral en que se halla inmersa la sociedad paraguaya, los principales enemigos de la libertad son la corrupción y la injusticia que campean bajo este gobierno, como lo demuestra la bochornosa destitución del general Cáceres, un manoseo institucional que ha asestado un sensible golpe a la moral corporativa de las Fuerzas Armadas en su más alto nivel jerárquico.
Sobre el tema, el exministro de Defensa Nacional de la actual administración gubernamental, general retirado Bernardino Soto Estigarribia, señaló, con conocimiento de causa, que bajo el gobierno del presidente Cartes quienes dan las órdenes en los cuarteles son “manos negras de civiles”, en obvia alusión a los gerentes de las empresas del Presidente y a capitostes de la claque política que le rodean. En igual sentido, el defenestrado comandante del Ejército, el general Cáceres, en su discurso oficial de despedida sostuvo que en los últimos tiempos la institución militar se ha visto “mancillada por quienes no la conocen; y al no conocerla, no la pueden amar”.
La corrupción, que era “el precio de la paz” bajo la dictadura stronista, bajo el gobierno del presidente Cartes se ha convertido en la droga de la democracia. Siendo altamente adictiva, cada día los políticos inescrupulosos requieren más poder, hasta el punto de que ahora vuelven a golpear las puertas de los cuarteles, como en los cruciales tiempos de anarquía política, con la evidente venia del Comandante en Jefe. Dando rienda suelta a su veleidad de autócrata, el presidente Cartes pregona institucionalidad y transparencia, mientras en los hechos impulsa una campaña de desestabilización institucional con el copamiento de los poderes públicos y la persecución política disfrazada.
Con el funesto precedente de la fallida tentativa del “rekutu”, violatoria de la Constitución, pareciera que el presidente Cartes está empeñado en ofrecer a la Nación una alternativa trágica: o una democracia corrupta o una dictadura supuestamente honesta, como la implantada en su tiempo por Stroessner. Ante esa ominosa perspectiva, ¿qué deben hacer los militares? Ellos no tienen otra opción que ser obedientes y no deliberantes, como lo dictan la Constitución, las leyes y los reglamentos, aunque esto no implica obedecer órdenes inmorales, ilegales e ilegítimas, ni que deban permanecer mudos en cuanto aceche el monstruo de un nuevo autoritarismo.