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La vicepresidente argentina Gabriela Michetti, que a la vez preside el Senado, anuló 2.035 nombramientos de funcionarios hechos en los últimos diez meses por su antecesor, Amado Boudou: “Si todos estuvieran trabajando en el Senado no entrarían en las oficinas”, dijo la expeditiva Mandataria. De esta forma, Michetti está exponiendo una realidad que nosotros aquí en el Paraguay sabemos –y sufrimos– sobradamente como consecuencia del oneroso prebendarismo político existente.
Contrariamente a lo que se ve ahora en la Argentina, a quienes presiden las cámaras de nuestro Congreso no les preocupa en absoluto que los funcionarios y contratados deambulen por los pasillos porque las oficinas y las sillas no dan abasto. No les molesta la situación porque son sus familiares, operadores, amantes, amigos, por lo que pueden andar por ahí sin hacer nada útil para los contribuyentes que les pagan sus voluminosos salarios.
El Senado y la Cámara de Diputados de nuestro país tienen, respectivamente, 558 y 1.068 funcionarios, así como 214 y 390 contratados; el Congreso, integrado por ambas cámaras, tiene sus propios funcionarios, que son 363, y sus propios contratados, que son 1.243. El Palacio Legislativo debería alojar, pues, a cerca de 3.000 “servidores públicos” si no fuera porque muchos de ellos no aparecen por allí, mientras otros están “comisionados” –una forma de esconderlos– a diferentes instituciones públicas. La filiación partidaria de esa multitud de inútiles, haraganes que no tienen tareas específicas asignadas, responde a “la correlación” de fuerzas parlamentarias y por lo general dependen directamente de un legislador. Los presidentes de ambas cámaras son elegidos por sus pares, por lo que no desean producirles ningún disgusto a sus colegas despidiendo a la clientela excedente de quienes los votaron. Carecen de autoridad moral para aligerar el presupuesto nacional de tantos parásitos.
Aparte de que resulta superfluo y muy oneroso para los contribuyentes, el personal excedentario es nombrado o contratado sin tener en cuenta la Ley de la Función Pública. En efecto, los instrumentos mediante los cuales fueron incorporados son nulos, ya sea porque no fueron precedidos de un concurso público de oposición (art. 15), en el caso de los funcionarios, o porque no existía ninguna de las “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad” (art. 24), exigidas taxativamente para efectuar la contratación. En consecuencia, al ser ilegales, la declaración de nulidad de los nombramientos y de los contratos no debe conllevar indemnización alguna.
Con respecto a los contratados, el presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, informó que está trabajando con la Secretaría de la Función Pública en un proyecto para que cada legislador pueda tener hasta cinco de ellos en su oficina, durante los cinco años que dura su mandato. Se trata de una tarea imposible, ya que aún rige –teóricamente– la citada ley, según la cual las contrataciones no deben durar más de doce meses, salvo que subsistan las causas “de excepcional interés” que las motivaron (art. 26) y que solo pueden ser las siguientes: combatir una epidemia, realizar censos, encuestas o eventos electorales, atender casos de emergencia pública y prestar servicios profesionales especializados (art. 25). El proyecto referido es inadmisible, no solo por la duración que tendrían las contrataciones, sino también porque ellas no responderían a las causales antes citadas. Cuesta creer que el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, ignoren la ley, así que solo puede suponerse que les importa un bledo.
Velázquez dijo también que, al asumir el cargo, la Cámara Baja tenía 600 contratados y que si hoy son algo más de la mitad es porque el control implementado habría hecho que muchos renunciaran por ser incapaces de hacer algo. En realidad, prefirieron quedarse en sus casas en vez de marcar su entrada en el lugar de “trabajo”, es decir, eran unos vulgares “planilleros”, tal como lo son la mayoría de unos 30 que fueron comisionados a municipalidades y gobernaciones, sin atender que la ley no prevé el traslado de los contratados, razón por la cual la Resolución N° 150/08 de la Secretaría de la Función Pública solo se ocupa de la movilidad laboral de los funcionarios, de acuerdo a los arts. 37 y 38 de la ley citada. Esos afortunados personajes están en los lugares donde residen habitualmente porque en el Palacio Legislativo no tienen espacio que ocupar ni labores que realizar, aparte de que, obviamente, les resulta de lo más cómodo recibir su sueldo en su propia casa. Huelga decir que nada hacen en sus lugares de “destino”, como tampoco lo hace la gran mayoría de quienes supuestamente están “trabajando” en el Palacio Legislativo. Como se ve, todo es ilegal, pero eso poco les importa a los dos altos funcionarios mencionados.
El anterior vicepresidente argentino y extitular del Senado, Amado Boudou –procesado por corrupción–, encajaría muy bien en ese gran escenario del nepotismo y del clientelismo que es nuestro Poder Legislativo. Ojalá que alguna vez tengamos en Paraguay un presidente del Senado o de la Cámara de Diputados imbuido de coraje suficiente como el demostrado por Gabriela Michetti, e inicien también aquí una guerra contra las sanguijuelas colgadas del presupuesto nacional por obra y gracia de autoridades y políticos inescrupulosos.