A la pervivencia de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) hay que darle una solución definitiva. De una vez por todas se la define como entidad particular sin fines de lucro, y entonces se rige exclusivamente por las reglas del Derecho Civil y no adquiere ninguna atribución propia de entidades públicas, o se la convierte en entidad estatal con ley orgánica propia o insumida dentro de otro organismo ya existente, por ejemplo, en el ámbito administrativo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Lo que no debe suceder es que continúe siendo un híbrido, que en su estatuto se define como asociación particular, de carácter voluntario, pero que en la práctica una ley la convierte en receptora obligatoria de dinero proveniente de tasas por servicios municipales, con lo que la ubica en la esfera de las entidades de carácter estatal. En síntesis, una situación perfecta para los contubernios en los que se rifa el dinero del contribuyente sin mayor control, como está sucediendo.
Legalmente hablando, Opaci es un adefesio jurídico; aunque esto es lo de menos, porque en último caso se le puede poner remedio modificando su estatus o haciéndola desaparecer, transfiriendo sus atribuciones actuales a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV). Al final de cuentas, según el Art. 15, Inc. i) de la Ley Nº 5016/14, “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, el único “trabajo” de la Opaci es coordinar con las municipalidades del país “el otorgamiento de la Licencia de Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas”. Pero está visto que si desapareciera la entidad, nadie se daría cuenta. Por el contrario, varias municipalidades –que hoy están procurando su desafiliación a la misma– mucho agradecerían.
Volviendo a la situación actual, la labor mencionada atribuida a la Opaci bien la podría realizar la misma ANTSV, sin complicarla inútilmente encargándola a la averiada entidad, a la que ni siquiera todas las municipalidades están asociadas, aunque se las quiera obligar a hacerlo por imperio de esta rarísima disposición legal que convierte ladinamente a una entidad particular en agente gubernamental de percepción de tributos.
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Para empeorar su condición de entidad ambigua, oscura, posiblemente más irregular de lo que es habitual en nuestro país, se conoce ahora que en algún momento, hace mucho tiempo, formalizó un acuerdo particular con el Colegio de Escribanos del Paraguay mediante el cual estos profesionales retienen un impuesto municipal sobre las transferencias inmobiliarias y le remiten su recaudación directamente a Opaci.
Es difícil calificar esta connivencia mediante la cual dos entidades no gubernamentales administran fondos públicos a su antojo, a través de “acuerdos” entre ellas. Se trata de una demostración clarísima de abierta usurpación de atribuciones exclusivas del poder gubernamental. En el pasado año 2015 Opaci recibió, en este concepto, se calcula mal que mal unos 17.000 millones de guaraníes, actualmente desaparecidos en el agujero negro de la entidad, pues jamás llegaron a las municipalidades asociadas ni figuran depositados en alguna entidad financiera.
Basilio “Bachi” Núñez, principal protector del adefesio, expresidente de la entidad y asesor muy cercano del presidente Horacio Cartes, se permitió contar el chiste de que las propias municipalidades no desean que se les transfiera inmediatamente las retenciones impositivas. “Algunas nos piden (a Opaci) que guardemos esa plata hasta fin de año para pagar los sueldos y aguinaldos”, declaró. Pero, ¿dónde, en qué agujero guardan el dinero? ¿Y cuándo lo transfieren? ¿Y a quiénes lo hacen? No hay registro de nada de esto. Además, cada Municipalidad tiene su propia cuenta en los bancos y, entonces, ¿por qué dejar que otra entidad le guarde su dinero?
En otro rubro, la Opaci declara haber ingresado en sus arcas, el año pasado, unos 22.000 millones de guaraníes, aunque se puede dar por verídico que bien pudo haber sido el doble o el triple de esa suma, recaudación que, agregada a las demás, debe constituir el botín que alimenta las cajas de ahorro de algunos “amigos”, de muchos “correlí”, financiando operadores electorales y demás aves rapaces que suelen reunirse alrededor de estas fuentes de comida rápida, fácil y abundante. Porque, ¿a qué puede destinar semejantes sumas de dinero una organización que no hace nada por las municipalidades, por el desarrollo comunal, por el bienestar de los vecinos?
Se trata, por consiguiente, de una entidad que, empleando el pretexto de la disposición constitucional que autoriza a las municipalidades a asociarse para promover proyectos e iniciativas de interés común, se define en esos términos y, con un enjuague seudolegal, se convierte en perceptora y cajera “mau” de miles de millones de dinero de los recursos públicos.
Está bien, por supuesto, que algunas municipalidades se asocien para desarrollar juntas proyectos costosos y amplios; pero no necesitan hacerlo para otorgar registros de conducir; una tarea tan sencilla no amerita sujetarse a un turbia organización de entidad incierta, como Opaci. Esto solo puede despedir un nauseabundo olor a corrupción.
¿Hasta cuándo el Gobierno la sostendrá en esas condiciones? En este momento la respuesta es dudosa, porque un clan de políticos de apellido Núñez, que guarda estrecha amistad con el Presidente de la República, se apropió de la Opaci hace muchos años, manejando sus fondos a gusto y paladar. Por este motivo tan sencillo, actualmente no hay muchas esperanzas de que se aclare el panorama con esta entidad administrativamente híbrida, jurídicamente irregular y de clara naturaleza parasitaria, en cuyo interior debe estar sucediendo cualquier cosa, ya que hasta ahora parece tener la enorme ventaja y el gran privilegio de no estar controlada por nadie.
No puede ser que para un caso así de irregular no exista una institución estatal que intervenga, investigue y, si hay fraudes de por medio, envíe a la cárcel a los ladrones por más amigos del Presidente que sean.