Cuando se habilitó, en 1975, la capacidad operacional del aeropuerto Silvio Pettirossi era de hasta un millón de pasajeros por año. Con su reciente ampliación, que costó 69.870 millones de guaraníes, esa capacidad aumentó a casi el doble. Sin embargo, recién al término del año pasado la cantidad de pasajeros que pasaron por la principal terminal aérea del país alcanzó el millón. Eso, tras 40 años de operación. Obviamente, con el desarrollo económico del país y la atracción de inversión extranjera directa, el lapso para que su actual capacidad se colme no va a ser tan prolongado, pero al menos tardará unos cinco años, de conformidad con la tasa anual acumulativa registrada en los últimos años.
Entonces, de cara a su actual capacidad operativa, la primera conclusión obvia es que la licitación para modernizarlo vía APP (alianza público-privada) virtualmente adjudicada al consorcio Sacyr-Agunsa no se justifica, en términos de prioridad en inversión en infraestructuras que el país necesita en estos momentos.
En segundo lugar, según el experto en infraestructura aeronáutica arquitecto Carlos Achucarro, el canon ofertado por el consorcio adjudicatario de 32,06 por ciento de los ingresos brutos mensuales que perciba la terminal aérea es insuficiente, e inevitablemente llevará al encarecimiento de las tasas del servicio aeroportuario con serias consecuencias colaterales. Mandará al tacho las ventajas competitivas que actualmente ofrece la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para aumentar la conectividad aérea. Afectará también a la seguridad de la navegación aérea en el espacio aéreo nacional, responsabilidad básica privativa del Estado paraguayo.
Según la estimación del arquitecto Achucarro, la Dinac recauda anualmente unos 300.000 millones de guaraníes a través del aeropuerto de Luque. Al entregar este grifo al consorcio Sacyr-Agunsa, percibirá solo el 32,06 por ciento de este ingreso bruto, vale decir, menos de 100.000 millones. Esta suma es absolutamente insuficiente para cubrir los costos de mantenimiento de los demás aeropuertos del país. Entonces, el consorcio adjudicatario le va a embretar a la Dinac para que aumente la tasa aeroportuaria, lo que a su vez espantará a las aerolíneas que operan en nuestro país, como ya sucedió en el pasado con algunas de ellas.
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Tal calamidad financiera llevaría a la Dinac a incumplir sus obligaciones como ente estatal responsable del sistema de seguridad de la Aeronáutica Civil del Paraguay, teniendo que recurrir a subvención estatal para salvarse de este círculo vicioso de insolvencia financiera. Vale decir, no será Sacyr-Agunsa quien pague los platos rotos, sino el esforzado contribuyente paraguayo.
Desde un comienzo la ciudadanía ha tenido la sospecha de que la licitación para entregar al capital privado la administración del principal aeropuerto del país estaba diseñada como una estafa al Estado, no solo por extemporánea, en cuanto a necesidad manifiesta del servicio, sino por otras facetas llamativas del proceso de licitación. Una de ellas, el escándalo suscitado por la denuncia –fundada o no– por parte del consorcio Cedicor, uno de los oferentes, que acusó al comité evaluador de las ofertas del MOPC de haber direccionado la licitación. “A nosotros no nos descalificaron, nos echaron”, había sostenido su representante legal, Eduardo Acosta, en ocasión del acto de apertura de sobres de oferta económica. La otra, que la empresa española Sacyr posee el 60 por ciento de las acciones de la Sociedad de Objeto Específico (SOE), adjudicada también bajo la modalidad de APP para el ensanche de las Rutas 2 y 7 por un lapso de 30 años.
Los trabajos de “modernización” del aeropuerto Silvio Pettirossi costarán más de US$ 150 millones y se prevé ejecutarlos en tres fases, en el lapso de 30 años del contrato de concesión, cuyo contenido está siendo ocultado a la opinión pública. Llamativamente, la inversión asegurada por el consorcio ganador cubre solo la primera fase y es de US$ 110 millones. Incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros, estacionamiento y mantenimiento de la pista existente. No incluye la construcción de una nueva pista, esencial para aumentar la capacidad de operación de la terminal aérea a fin de convertirla en un “hub” (centro) de entrada y salida de exportación, al decir del director de la Dinac, Luis Aguirre, el más ferviente impulsor de la concesión.
Esta garantía de inversión limitada a solo la primera fase de la concesión hace que penda sobre el fiel cumplimiento del contrato de concesión una espada de Damocles. Es decir, cumplido el plazo de la primera fase prevista en el contrato –que desconocemos, pero que suponemos sea de 10 años– Sacyr-Agunsa bien podría tirar la toalla y obligar al Estado paraguayo a hacerse cargo del muerto. Ya que este contrato no pasará por el estudio del Congreso, ¿quiénes serán los responsables de semejante lesión de confianza contra los intereses de la nación? ¿Quienes lo suscriban? ¿El presidente de la Dinac, el ministro de Obras Públicas, el presidente Horacio Cartes?
Para tener una idea de las obras de infraestructura que la concesionaria Sacyr-Agunsa debiera construir con los más de US$ 150 millones que se compromete a invertir en el lapso de 30 años, basta tener en cuenta que el aeropuerto Carrasco, que sirve a la capital uruguaya Montevideo, concesionado por 30 años, con una inversión inicial de US$ 165 millones, logró ampliar su capacidad operativa con una terminal edilicia de 40.000 metros cuadrados, un parque de estacionamiento para 1.200 vehículos y la pista principal alargada a 3.200 metros; 8 puertas de embarque, 4 de ellas equipadas con mangas telescópicas y una capacidad de pasajeros de 4,5 millones/año.
Categóricamente, el contrato APP del aeropuerto es una trampa, hay gato encerrado. Por tanto, la ciudadanía debe exigir que los firmantes de la entrega de esta estratégica infraestructura de comunicación aérea sean responsables con sus bienes por la lesión de confianza en perjuicio del Estado que están a punto de perpetrar. Van a firmar un contrato que el Paraguay no podrá cumplir. Son concusionarios reos de cárcel, como los de Brasil, que ahora pagan sus culpas en celdas de 2,5x4,0 metros, y como debió serlo Gramont Berres.