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Al cabo de una licitación pública direccionada, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) adjudicó dos contratos, por un valor total de 140.000 millones de guaraníes, con un sobreprecio de 40.000 millones, a sendas empresas de seguridad del exdiputado José Chamorro. Su presidente, Armando Rodríguez, y uno de sus miembros, Edsel González (ahora consejero por el Ministerio de Salud Pública), prestaron servicios en el Banco Central, donde el ministro de Hacienda Benigno López fue asesor jurídico y miembro del Directorio hasta 2012. El hermano del jefe del Poder Ejecutivo asumió la presidencia del Consejo del IPS en septiembre de 2014. En febrero del siguiente año, trajo como comisionados a Rodríguez y González al frente de las gerencias de Desarrollo y Tecnología y de Administración y Finanzas, respectivamente, para que lo acompañen “hasta que podamos hacer un concurso interno y ver quiénes pueden ocupar esas gerencias”. Las siguieron ocupando –Rodríguez la de Abastecimiento y Logística desde 2016– hasta que, por recomendación del actual ministro de Hacienda, fueron nombrados en 2018 por el Presidente de la República para ejercer sus actuales cargos.
Como puede verse, es estrecha la vinculación entre los tres altos funcionarios. Lo confirmó quien encabeza la Asociación de Médicos del IPS, Edilberto Rivarola, quien apuntó que “sigue todo el mismo equipo de Benigno López (...) él fue el responsable de lo que ocurre hoy”. Por su parte, el conocido médico Aníbal Filártiga, extitular del IPS y del Hospital de Trauma (Primeros Auxilios), reveló en una entrevista ayer con radio ABC Cardinal, la podredumbre que imperaba en esa institución. Afirmó que tras los breves días que ocupó en setiembre de 2014 la titularidad del ente, le dijo al entonces presidente Horacio Cartes que “iba a cambiar la puerta y que iba a poner un pezón, porque venían a mamar desde los ministros hasta el último ordenanza”. Por lo visto, nada ha cambiado allí.
Benigno López se defiende afirmando que él “no tiene el poder que la gente cree” para pedirle a Mario Abdo Benítez que destituya a Rodríguez. Empero, lo tuvo para que sea designado presidente del Consejo, puesto al que su protegido se aferra pese que el Jefe de Estado le ordenó “suspender” las actuaciones amañadas, instruyó al ex agente fiscal Carlos Arregui –asesor en Transparencia e Integridad de la Presidencia de la República– “investigar todo el proceso licitatorio”, e instó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción a realizar una pesquisa al respecto. Valga el llamativo dato de que en 2017, siendo López presidente del Consejo y gerentes Rodríguez y González, el IPS celebró contratos con los Chamorro por un total de ¡129.000 millones de guaraníes!, suma muy superior a la de 27.000 millones del año anterior, equivalente al 60% de lo adjudicado.
La entidad provisional les pagó en los últimos nueve años la friolera de más de 362.000 millones de guaraníes, siendo la más generosa de las 65 instituciones públicas que contrataron con las firmas Security Service Technology SA (SST) y Bullers SA.
O sea que no es nada nuevo que los Chamorro tengan muy buenas relaciones con las máximas autoridades del IPS. Lo nuevo en este fétido asunto es que haya salido a la luz un presunto intento de soborno para “desinflar” lo que se venía publicando al respecto, con la intermediación del senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), denunciado hace casi un año por presunto enriquecimiento ilícito, sin que hasta ahora el Ministerio Público haya iniciado la investigación entonces anunciada. El autodenominado “líder emergente” se habría hecho de bastante dinero como administrador, desde 1999 hasta 2013, de la Universidad Nacional de Asunción, otro importante cliente de los Chamorro que, desde 2010, les ha dado más de doce mil millones de guaraníes.
La escandalosa gestión del legislador, interesado en que “lo que se pacte, se cumpla”, tuvo una consecuencia judicial y otra política. La primera consistió en una querella por difamación, calumnia e injuria contra el periodista Juan Carlos Lezcano, patrocinada –casualmente– por el abogado Carlos Bogado Jara, funcionario de la Dirección de Asesoría Legal de Establecimientos de la Salud, del IPS. Por cierto, como el legislador Amarilla es un viejo amigo de Óscar Chamorro Lafarja, administrador de SST, creyó oportuno presentar en 2016, como diputado, proyectos de pedidos de informes a varias entidades públicas sobre una empresa de seguridad privada que, llamativamente, competía con la de su “partner de Facultad”, por supuestas “graves irregularidades e incumplimiento de normas laborales”. A Amarilla no se le ocurrió pedir también informes sobre SST, que casualmente, pocos días antes, fue multada por el Viceministerio del Trabajo con 2.300 millones de guaraníes por violar el Código Laboral.
Los efectos políticos generados por las bochornosas actuaciones del senador liberal alcanzaron al Congreso y al Palacio de López. Senadores de su partido (efrainistas), de Patria Querida, de Hagamos, del Frente Guasu y de Honor Colorado creen necesario privarle de su investidura, en tanto que los ocho colorados “añetete”, precisamente del sector que viene pregonando el “caiga quien caiga” en materia de corrupción, se mostraron en principio dubitativos y recién hoy tomarán una decisión, tras reunirse con el Presidente de la República.
Pese a que el asesor político presidencial Daniel Centurión afirmó que el Jefe de Estado no apañaría ningún hecho de corrupción, hay fuertes indicios de que, tanto el acuerdo con el llanismo para elegir a su líder como presidente del Senado como la responsabilidad que le roza en el affaire develado al ministro de Hacienda, podrían inducir al Jefe del Poder Ejecutivo al salvataje del legislador de marras. En otros términos, todo parece indicar que Benigno López y Blas Llano le marcan la agenda a Marito, cada uno defendiendo sus intereses. Puede pensarse que el intermediario senador Amarilla sabe tocar la tecla para conseguir apoyo del Jefe de Estado, y que, dado el caso, sabrá retribuir generosamente. Hace unos días consiguió que la Comisión de Hacienda del Senado, por él presidida, emita un dictamen favorable al proyecto de reforma tributaria del Poder Ejecutivo, en una sesión inválida por falta de quorum. Así funciona la maquinaria en los organismos del Estado: “hoy por mí, mañana por ti”.
En forma increíble, el Presidente de la República recordó un pacto vigente entre los partidos para que el senador Llano, varias veces repudiado por apoyar cuestionados proyectos y alianzas –como las enmiendas inconstitucionales para permitir la reelección presidencial–, presida este año el Congreso. ¿No le repugna ese pacto a Marito? ¿O lo trae a colación ante el entuerto en que están metidos su hermano ministro de Hacienda y el impresentable senador Amarilla? De hecho, de él depende que este último no siga siendo un baldón para el Congreso.
Es un momento importante para que los ciudadanos y las ciudadanas crean en su promesa de limpiar el Estado paraguayo “caiga quien caiga”, o para saber si estamos ante un embustero más en el Palacio de López.