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El Senado tratará hoy, en el primer punto del orden del día, un proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Diputados, que de hecho supone tirar al basurero el art. 201 de la Constitución, según el cual los legisladores pierden su investidura por la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas en ella y por el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
Está visto que el ignominioso caso del exsenador Óscar González Daher, a quien sus pares no tuvieron más remedio que expulsar de la Cámara Alta por haber incurrido con tanto descaro y frecuencia en la segunda causal referida, ha desatado las alarmas en quienes tienen el mismo hábito delictivo de valerse de las bancas que deshonran para traficar no solo con influencias, sino también con votos. Así se explica que un proyecto de ley presentado en 2013 haya sido apresuradamente rescatado del olvido para modificarlo a la medida con el fin de volver prácticamente inocua la norma constitucional reglamentada, mediante la absurda cláusula de que la pérdida de la investidura requiera una previa condena judicial y una mayoría absoluta de dos tercios de votos de la Cámara respectiva.
Los casos de ignominiosa podredumbre parlamentaria, que explican por qué el aberrante proyecto de ley fue aprobado por amplia mayoría en primera instancia, son tan abundantes que, por razones de espacio, aquí solo se puede hacer un breve recuento de ellos, empezando por las revelaciones originadas en la propia sede legislativa. En efecto, en noviembre de 2014, una comisión senatorial denunció los vínculos con el narcotráfico de los diputados Bernardo Villalba, Marcial Lezcano, Freddy D’Ecclesiis, del suplente Carlos Sánchez y de la exdiputada –hoy “parlasuriana”– Concepción de Villaalta, todos ellos colorados; en mayo de 2016, el exsenador Mario Abdo Benítez comparó el órgano colegiado que entonces presidía con un prostíbulo en el que el dinero tiene una “fuerza impresionante”, debido a la venta de votos que se habría registrado para prorrogar la concesión de las rutas 2 y 7; en junio de 2017, el diputado Hugo Rubin contó que los dos sectores en pugna por la Mesa Directiva de la Cámara compraban a los legisladores, entre otras tantas referencias al asqueante e impune comercio de votos.
Los senadores Víctor Bogado (ANR) y Enzo Cardozo (PLRA), así como los diputados José María Ibáñez (ANR), Carlos Núñez Salinas (ANR), Óscar Venancio Núñez (ANR) y Milciades Duré (PLRA), están siendo procesados desde hace años por delitos tales como lesión de confianza, estafa, contrabando o cobro indebido de honorarios. El senador Nelson Aguinagalde (ANR) y el diputado Aldo Vera (Avanza País) están acusados por el hecho punible de lesión de confianza, sin que hasta hoy hayan sido desaforados. Su colega Carlos Portillo (PLRA) está imputado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y asociación criminal, en los que habría incurrido para obtener resoluciones judiciales de favor. No lo está, en cambio, el diputado Clemente Barrios (ANR), quien en noviembre de 2017 admitió haber “pedido” al comandante de la Policía Nacional que mantuviera en las filas a un suboficial sumariado por ausencias injustificadas y que otro fuera trasladado al departamento de Paraguarí.
Tampoco se debe olvidar el prebendarismo: la diputada Perla de Vázquez (ANR) es toda una experta en lograr nombramientos, lo mismo que remociones, como la del jefe de una oficina regional de la ANDE. Nadie ignora que el tráfico de influencias también sirve para instalar a parientes, amigos y correligionarios en la administración pública, incluso en el propio Congreso, como bien lo ha demostrado, por ejemplo, la diputada María Carísimo (PLRA), con abundante parentela prendida del Presupuesto nacional.
Resulta aún mucho más grave que el delito referido induzca al prevaricato e impida que el Ministerio Público investigue a los politicastros y el Poder Judicial los condene. En diciembre del año pasado, tras la difusión de los célebres audios que terminaron despojando al colorado Óscar González Daher de la banca que enlodaba, el hoy candidato presidencial Mario Abdo Benítez admitió que se había demostrado así el “enorme” tráfico de influencias en la Justicia. Y es precisamente allí, según el aberrante proyecto de ley aprobado por los diputados, donde se debe “resolver” primero si un legislador “cometió” justamente ese hecho punible para que luego la Cámara respectiva “disponga” que el mismo “pierda su investidura”, mediante la más alta mayoría calificada.
Estamos, así, ante un perfecto círculo vicioso, atribuible directamente a la perversa intención de los diputados y senadores de mantenerse a toda costa en el escaño para seguir delinquiendo impunemente. Varios de ellos aspiran a ser reelectos el próximo 22 de abril, aunque sea como “parlasurianos”, a sabiendas de que a estos “planilleros de lujo” también les han beneficiado con los mismos privilegios de que gozan los senadores y diputados. Desde ya, desean asegurarse de que, si lograran su propósito, integrando las consabidas “listas sábana”, podrían seguir incurriendo en las barbaridades de siempre, sin temor a que sus colegas decentes puedan expulsarlos del Congreso.
Los parlamentarios y la “parlasuriana” que estarían ligados al narcotráfico ni siquiera han sido imputados; otros aún no han pisado el Palacio de Justicia pese a estar acusados hace mucho tiempo; quienes sí están sometidos a proceso interponen chicanas sistemáticas para trabarlo, ante la condescendencia de la magistratura sometida al poder político. Ellos son la prueba viviente de que lo aprobado por la Cámara Baja –y que hoy será tratado en el Senado– solo apunta a asegurar la impunidad de los delincuentes con fueros en las Cámaras del Congreso.
Hoy se verá la cara de los senadores inmorales que salen a favor de este proyecto inicuo, que obsequiará a los legisladores un salvoconducto para continuar delinquiendo e influenciando para proteger a evasores, contrabandistas, piratas, ladrones de fondos públicos, acosadores sexuales y narcotraficantes.